Caso ScalaEl Caso Scala: el proceso judicial que ocasionó la persecución del movimiento libertario en España

Aquella tarde Xavi había ido al cine Paladium de Barcelona a ver Emmanuelle, la primera película erótica que se proyectaba en España. Recuerda que después intentó poner en práctica algunas de las escenas de la película. Fue la última vez en muchos años que tuvo una relación sexual con Pilar, su pareja. Era la noche del 15 de enero de 1978, una fecha que le marcaría toda su vida.

Ese mismo día, por la mañana, miles de personas habían discurrido por las calles de la capital catalana convocados por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en contra de los Pactos de la Moncloa. En esa riada de manifestantes, como puntos insignificantes entre la masa amorfa que pronto dejarían de serlo, se encontraban Arturo, Pepe, Joaquín y el propio Xavi cargando por turnos con una bolsa de deporte en la que guardaban seis cócteles molotov que acabarían lanzando contra una conocida sala de fiestas.

Así daba comienzo el Caso Scala, el proceso judicial y político que terminó con un incipiente y revolucionario movimiento libertario y por el que ingresaron en prisión tres jóvenes acusados de un atentado que terminó con la vida de cuatro trabajadores (Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo) y del que no hay pruebas que les incriminen más allá del testimonio policial.

Xavi, en realidad, es el diminutivo de Xavier Cañadas Gascón, acusado del atentado del Scala y condenado a 17 años de cárcel. Inmortalizó su testimonio en el libro El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más (Virus Editorial, 2008), un volumen escrito en primera persona en el que detalla los pormenores de aquel proceso judicial que protagonizó.

"Con ese montaje el Estado pretendía terminar con una serie de grupos armados"

En contra de lo que comúnmente se ha afirmado sobre el asunto, Cañadas, a sus 62 años, defiende que "con ese montaje el Estado pretendía terminar con una serie de grupos armados que básicamente estaban haciendo atracos, pero que vertebraban el movimiento libertario de aquel tiempo y no se encontraban ligados a la CNT, sino que eran grupos autónomos", en sus propias palabras.

Dudas sobre la autoría del atentado

Por tanto, inmovilizar a la central anarcosindicalista, el único gran actor a nivel estatal que se oponía a los Pactos de la Moncloa, quedaba fuera de la ecuación, según Cañadas. Sea como fuere, el declive del sindicato fue un hecho. ¿Pero qué pasó realmente aquella mañana del 15 de enero de 1978 en Barcelona?

Arturo Palma, Pepe Cuevas y Xavi acudieron a la cita de la CNT influidos por Joaquín Gambín Hernández, un confidente de la Policía que les había inducido a preparar los artefactos y tirarlos en la entrada de la sala de fiestas Scala, en la que el 70% de los trabajadores militaban en la central anarcosindicalista. Y así sucedió. Hubiera sido otra de las tantas acciones reivindicativas que se llevaban a cabo en aquellos años, muchas de ellas sin apenas repercusión, sino fuera porque la sala de fiestas terminó ardiendo casi en su totalidad.

La enjundia de la cuestión radica en que nunca se probó que esos cócteles molotov hicieran arder la sala. Muchos interrogantes sobrevuelan aún el caso, cuando cumple su 43 aniversario. Por ejemplo, el jefe superior del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Barcelona declaró que "ese destrozo solo lo ha podido provocar una bomba de deflagración masiva, compuesta de fósforo y no unos simples cócteles molotov, y el fósforo es propiedad única y exclusiva del Ejército". Unas palabras que le valieron la destitución inmediata de su cargo.

"Ese destrozo solo lo ha podido provocar una bomba de deflagración masiva, (...) propiedad exclusiva del Ejército"

Otro ejemplo: antes de cumplirse las diligencias por el sumario, el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, pagó tres talones de 1.300.000 pesetas y otro de 800.000 a los familiares de las víctimas para que no se personaran como perjudicados en el sumario. Y así hasta casi dos decenas de argumentos que el propio Cañadas esgrime en su libro.

El juicio, la CNT y el infiltrado de la Policía

Al final, permaneció en la cárcel casi 8 años por aquello, desde enero de 1978 hasta septiembre de 1986, cuatro meses menos que sus dos compañeros de militancia condenados. Entró con 19 años y salió con 26. Durante ese tiempo, infinidad de torturas y vejaciones le acompañaron durante su periplo de reclusión por varias de las cárceles del Estado español.

"Ningún juez nos tomó nunca declaración, ni el primer juez de Instrucción, ni el juez de la Audiencia Nacional, ni el Tribunal de la Audiencia Provincial ni el Tribunal Supremo que fue quien finalmente, dos años después de nuestra detención, en 1980, decidió que nuestra causa constituía un «delito común» y, por tanto, debía ser entendida en la Audiencia Provincial de Barcelona", escribe Cañadas en su libro.

El Caso Scala dejó entrever las diferentes posturas que ya afloraban en la CNT: "El juicio se iba a llevar como nosotros queríamos, no como pretendía la CNT o los abogados, por lo que ante la imposibilidad de la CNT de tomar las riendas de nuestro destino, tomaron la decisión de dejar de pagar a nuestros abogados", rememora el anarquista, que afirma que inmediatamente después comunicó su baja en el sindicato.

La sentencia firme les condenó a 1 año por fabricación de explosivos, 3 años por transporte de explosivos, 6 años por imprudencia temeraria con causa de muertes y 7 años por estragos con causa de muertes. En total, 17 años de condena para Pepe, Arturo y Xavi, de los que terminaron cumpliendo la mitad por la concesión de la redención de pena por trabajo y la libertad condicional.

A Luis, otro anarquista que detuvieron por su presunta involucración en el Caso Scala, lo condenaron a 6 meses por imprudencia temeraria con causa de muertes y 2 años por estragos con causa de muertes. A Rosa, la pareja de Pepe, le condenaron a 6 meses por encubridora.

Pero su juicio, en el que en ningún momento había aparecido la figura del confidente de la Policía que precipitó los hechos, no fue el único que se celebró durante el proceso. Tres años después del primero, ya en 1983, llegaría el segundo. "Único inculpado: Joaquín Gambín Hernández, que entonces tenía 51 años de edad. Testigos: Arturo, Pepe y yo", escribe Cañadas en el libro de Virus Editorial.

El Ministerio Fiscal pedía para él un total de 16 años de prisión, "pero la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, seguramente en merecido pago de sus servicios como provocador y confidente del Estado, lo condenó finalmente a 7 años". Cuando el confidente policial que propició los acontecimientos salió de prisión volvió a casa de sus padres, haciéndose tratar con el nombre de Juárez.

Martín Villa, persona clave en el "montaje"

"Anarquismo y bombas, una combinación que nunca falla"

Luis E. Herrero, director del filme El entusiasmo, en el que repasa la efervescencia del movimiento libertario en los años 1976 y 1977, agrega que "al relacionar a la CNT con el atentado, lo que se busca es implicarla en un acto terrorista, desacreditarla ante la opinión pública. Anarquismo y bombas, una combinación que nunca falla. Supone una fuerte sacudida a su prestigio que, suficientemente aireada por la prensa, cala en la población y en el movimiento obrero". Este historiador considera que estos hechos "tensionarán internamente al movimiento libertario, que tampoco era homogéneo, sino todo lo contrario, y las diferencias se acentuarán más".

"Tanto Adolfo Suárez como Rodolfo Martín Villa conocían bien el poder de los medios de comunicación, así que, no eran ingenuos a la hora de utilizar los resortes del poder. La prensa jugó un papel importante a la hora de crear un clima de señalamiento o de confusión. Es de prever que en los primeros días se filtrasen informaciones falsas y directores de periódico les diesen pábulo sin contrastar debidamente. En connivencia o no, no lo sabemos, pero por aquel entonces tampoco había una gran tradición de prensa progresista en el país, así que algunos publicaron lo que les vino en gana a partir de esas informaciones poco contrastadas y cuyo origen todo el mundo puede imaginar", declara a Público el director del documental producido por Hanoi Films y Aved Producciones.

Cuestionado por el papel que jugó el ministro del Interior en aquellos sucesos, Herrero responde que "solo la justicia hubiera podido delimitar las consecuencias penales de Martín Villa. No fue así. La Querella Argentina por primera vez ha llevado a declarar a un exministro franquista ante la Justicia, aunque está por ver qué tipo de responsabilidades pudo tener Martín Villa en los sucesos de Vitoria, en los que el titular de Gobernación era Fraga. En Scala, sin embargo, el ministro de Interior era él. No cabe duda por tanto que en términos políticos no puede haber otro responsable último que el propio ministro".

Vida después de la prisión

"Solo la justicia hubiera podido delimitar las consecuencias penales de Martín Villa. No fue así"

Al mismo tiempo que las penurias que sufrió en la cárcel se sucedían, el tiempo también pasaba para Cañadas. Hasta que llegó septiembre de 1986, fecha en la que recobró la libertad. Los inculpados nunca aceptaron ser autores del atentado. "Después de aquello no he vuelto a militar en ninguna organización. He estado en grupos de apoyo a presos y por la legalización de las drogas, pero nada más allá", agrega. También afirma que "la única forma posible de entender la vida es la anarquía, que no deja de ser una filosofía de vida".

Tras salir de la cárcel, Cañadas continuó con Pilar, la pareja con la que fue al cine aquel 15 de enero de 1978 y que también fue torturada por las fuerzas policiales. Tuvieron un hijo. Tras varias experiencias laborales, desde que cumplió 45 años está considerado como pensionista por la Seguridad Social debido a problemas de salud, y cobra 650 euros de pensión.

El grupo de música punk Sin Dios resumió el Caso Scala  en unos versos: "Hoy con el tiempo nos preguntamos / cómo sienta vivir de los muertos / doscientos millones no es un mal sueldo / la carne anarquista se paga a buen precio, / pero la mejor venganza es ser otra vez pesadilla / que de nuevo estamos aquí los anarquistas. / En el Scala hay sangre de cuatro obreros, / no fueron los anarquistas, que fue el Gobierno".

A nivel judicial, el Caso Scala está considerado secreto de Estado, por lo que habrá que esperar hasta 2028 para que la sociedad tenga acceso a los documentos del proceso judicial. Seguimos sin saber qué pasó exactamente ni quién mató a cuatro trabajadores de la sala de fiestas. Otra experiencia más que vertebra la Transición española, una etapa política en la que, con el paso del tiempo, aparecen más oscuros que claros. Y de aquellos barros, estos lodos.