'Caso Mediador', la trama de presuntas extorsiones y mordidas que sacuden al PSOE de Canarias
La magistrada del caso se ha visto obligada a ponerlo en libertad después de que no haya acusación popular ni particular y de que el fiscal Jaime Serrano-Jover González no haya pedido prisión preventiva.
Andrea Domínguez Torres
Santa Cruz De Tenerife--Actualizado a
Una posible trama de extorsiones y corrupción ha estallado en Canarias. En total hay 12 personas detenidas en todo el país y 12 investigadas en el Archipiélago en el marco del llamado caso Mediador, una trama de presuntas mordidas y extorsiones a empresarios del sector ganadero y alimentario. Se les acusa de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias en la gestión de las ayudas europeas a la ganadería en las islas.
Los implicados habrían exigido dinero a ganaderos y productores de queso del archipiélago durante 2020 y 2021 a cambio de no inspeccionar sus granjas, de rebajar o quitar multas y de agilizar las subvenciones de la Unión Europea. La investigación antifraude se gestó durante un año y se saldó con 12 detenciones en el primer día que se hizo pública. Dos de ellas en Canarias, y el resto entre Madrid y València.
En el marco de la trama, este lunes fue detenido el exdiputado del PSOE por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes, que ya ha sido puesto en libertad provisional a pesar de que la jueza del caso considera que "existe peligro de destrucción de fuentes de prueba, dada su posición en las islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994". La magistrada "aconsejaba su ingreso en prisión y no su puesta en libertad". La jueza ha tomado esta decisión, ya que no hay acusación popular ni particular. Además, el fiscal delegado especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover González, no ha solicitado prisión preventiva, pues mantiene una posición contraria a la de la magistrada respecto al riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
De acuerdo con la hipótesis judicial, adelantada por el diario ABC, Bernardo Fuentes formaría parte de la cúpula de la trama. El socialista renunció hace una semana a su escaño en el Congreso de los Diputados a raíz del estallido del caso; por ese motivo no fue detenido en su momento con los otros arrestados, pues la autoridad competente estaba esperando a que se confirmase la pérdida de su condición de aforado.
Además de diputado, al comienzo de la legislatura Juan Bernardo Fuentes también ostentaba el cargo de director general de Ganadería del Gobierno de Canarias. Luego fue relevado por su sobrino Taishet Fuentes, también investigado en el caso Mediador y actual candidato socialista a la alcaldía de Antigua (Fuerteventura). Taishet fue retirado del cargo en el Ejecutivo autonómico en junio de 2022 por "pérdida de confianza", pero no ha sido hasta ahora que ambos han sido suspendidos de forma temporal de militancia del Partido Socialista.
Las hipótesis barajadas por los investigadores señalan a Bernardo Fuentes y a su sobrino como los posibles responsables de dar carpetazo a expedientes sancionadores abiertos a empresas ganaderas por irregularidades ambientales o en los trámites de subvenciones. Según reveló Canarias7, Taishet Fuentes habría apartado de sus labores a un funcionario que se encargaba de liderar tareas de inspección para relegarlo a otras tareas, ante el descontento de los ganaderos.
La detención de Bernardo Fuentes no ha sido la única. El presunto caso de corrupción en Canarias tiene ramificaciones también en la Península. El pasado 16 de febrero, la jueza al frente del caso ordenaba la detención del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. El general fue detenido al salir de su vivienda en Madrid, donde los investigadores encontraron 100.000 euros en efectivo guardados en dos cajas de zapatos, según adelantó La Provincia.
De acuerdo con este periódico, la justicia estudia si Espinosa Navas extorsionaba a los empresarios aprovechando su posición como mando del Instituto Armado. La investigación esclarecerá si el general amenazaba con enviar inspecciones a sus explotaciones ganaderas si no pagaban un canon.
Además, durante el periodo de 2020 a 2021, el general Espinosa Navas formaba parte del proyecto AR-SI Sahel; se encargaba de instruir a gendarmes en países del Sahel, pero ya sin vinculación con la estructura de la Guardia Civil.
Dos de los doce investigados en el archipiélago están en prisión. De los otros, tres fueron puestos en libertad después de su declaración tras haberles retirado el pasaporte, prohibiendo su salida del territorio nacional y con la obligación de comparecer los días 1 y 15 del mes ante el juzgado. Las otras siete personas están en libertad tras haber testificado con la obligación de notificar cualquier cambio de residencia.
Tal y como adelantaron los periódicos canarios El Día y Canarias7, entre los investigados del sector ganadero están los propietarios de Leche Sandra, el matrimonio catalán compuesto por Inmaculada Roca y Esteban Banús, y el empresario Alberto Montesdeoca, entre otros.
Una denuncia falsa destapa las presuntas mordidas
El detonante de la trama fue una denuncia sobre otro caso, presentada por el que hasta enero era director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez. El expolítico, también del PSOE, denunció por estafa a una persona que, en teoría, había utilizado sus tarjetas de crédito y otra de El Corte Inglés sin su consentimiento. Las diligencias también fueron llevadas por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife.
A raíz de la denuncia, y de acuerdo con el testimonio de Coalición Canaria, el partido de la oposición en el Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez habría consentido las recargas por lo que ahora será investigado por una posible denuncia falsa. El denunciado en el caso de las tarjetas destapó en su visita a los tribunales la presunta trama de corrupción canaria con audios, vídeos y fotografías de los negocios que parecían sellarse en un club de alterne madrileño.
La causa se inició con la detención de Antonio Navarro Tacoronte. Su rol es el que le da nombre a la trama, mediador, y es una figura clave para que ésta saliera a la luz. Según reveló La Provincia, Antonio Navarro formaba parte de los presuntos negocios y servía de intermediario entre los empresarios y los cabecillas de la trama. Su testimonio está apoyado en decenas de minutos de grabaciones de audio.
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