La Generalitat ha concedido el régimen abierto al exdirigente de CDC Oriol Pujol, tal y como propuso la Junta de Tratamiento de la cárcel Brians 2, en la que está interno desde hace dos meses para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel que se le impuso por cobrar comisiones en el caso ITV.

Según han informado fuentes de la Consejería de Justicia, que dirige Ester Capella, han ratificado la propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), y el tercer grado será efectivo a partir de la próxima reunión de la Junta para el exdirigente de CDC y único hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se dedicó a la política.

Pujol, condenado por delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil, será trasladado a un centro de régimen abierto, donde deberá ir a dormir los días entre semana, y durante la jornada saldrá para ir a trabajar, y podrá pasar los fines de semana en su casa.

Oriol Pujol ingresó el pasado 17 de enero en la cárcel Brians 2, dentro del plazo que el tribunal le dio para entrar de forma voluntaria en prisión, para cumplir la condena de dos años y medio que él mismo aceptó, en una sentencia de conformidad, por cobrar comisiones ilegales y usar su influencia política para favorecer a empresarios afines en el llamado caso ITV.

Una vez ingrese en el centro de régimen abierto, con medidas de seguridad más laxas, Oriol Pujol podrá salir para trabajar o llevar a cabo actividades formativas o de tratamiento para su reinserción, con la obligación de permanecer en el recinto un mínimo de ocho horas.

El exdirigente de CDC permanece hasta ahora interno en el módulo 7 de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), un recinto que funciona mediante un sistema de participación y convivencia entre los presos, destinado a minimizar la conflictividad.

Para proponer un tercer grado, la Junta de Tratamiento tiene en cuenta la duración de la condena, así como factores como el riesgo de reincidencia, el pago de la responsabilidad civil impuesta al condenado —que Oriol Pujol sí ha abonado—, sus características personales y laborales, el apoyo familiar, su conducta y si es su primera pena de prisión.

La decisión de la Secretaría de Medidas Penales puede ser recurrida por la Fiscalía, de forma que sería el juez de vigilancia penitenciaria quien tendría la última palabra, teniendo en cuenta los informes sobre el interno confeccionados por el centro penitenciario.

Oriol Pujol, investigado junto al resto de su familia en la causa por la fortuna oculta en Andorra que instruye la Audiencia Nacional, pactó el pasado mes de julio con la Fiscalía Anticorrupción una condena de dos años y medio de cárcel, con lo que evitó ser juzgado por un jurado popular.

Su defensa, no obstante, solicitó que se sustituyera su ingreso en prisión por trabajos en beneficio de la comunidad, una propuesta que la Audiencia de Barcelona descartó y obligó a Oriol Pujol entrar en la cárcel.

En su acuerdo con la Fiscalía, Pujol reconoció que cobró 443.660 euros en mordidas a través de las facturas por trabajos inexistentes que su esposa Anna Vidal giraba a su amigo íntimo, el empresario Sergi Alsina, en una trama en la que intermedió el ex número dos de la Diputación de Barcelona y excargo de CDC Josep Tous, quien aceptó cinco meses de cárcel sustituibles por una multa.

El acuerdo, que también incluía una condena de dos años de cárcel para Sergi Alsina, libró del ingreso en prisión a Anna Vidal a cambio de una multa de 83.210 euros.

Según datos del Departamento de Justicia, uno de cada tres condenados empieza a cumplir su pena en régimen abierto: en 2018, lo hicieron 799 de un total de 2.635 reclusos.