'Caso Ghali': de misión humanitaria a frente judicial contra el Gobierno

El caso Ghali ha contado este lunes con otro testigo de primera magnitud, el comisario general de Información de la Policía Nacional, Eugenio Pereiro Blanco. Ya son nueve los testigos, entre altos cargos y funcionarios, los que han desfilado por el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza que investiga, desde hace seis meses, la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España el pasado 18 de abril. El caso lleva, de momento, dos imputados: la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, y el que fuera su jefe de Gabinete, Camilo Villarino. Ambos están acusados de presunta prevaricación por permitir la entrada de Ghali con una identidad falsa.

El comisario general de Información ha explicado al juez del caso, Rafael Lasala, que una "fuente" le informó de que el líder del Frente Polisario viajaría a España poco antes de que aterrizara en la Base Aérea de Zaragoza. Pereiro no ha desvelado la identidad de su confidente, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. 

El comisario ha declarado que informó de la llegada inminente de Ghali a su superior, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, que podría ser el siguiente en la lista para declarar como testigo, según informan fuentes del caso a Público.

El caso Ghali comenzó siendo una misión humanitaria y ha acabado convertido en un frente judicial para el Gobierno. El secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, llegó a España el pasado 18 de abril grave, aquejado por la covid. Fue ingresado en el Hospital de Logroño, donde permaneció hasta el 2 de junio. Ya recuperado abandonó el país rumbo a Argelia. Su presencia en España provocó una fuerte polémica y una grave crisis migratoria y diplomática por parte de Marruecos, que en represalia por el gesto español envió a cerca de 10.000 marroquíes, muchos de ellos menores, a Ceuta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró el pasado mes de septiembre, a raíz de la imputación de la exministra González Laya, que España permitió la entrada de Ghali atendiendo a una petición humanitaria "para salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir". "Esta es la cuestión y España dio una respuesta humanitaria a una petición que se le hacía".

En la misma línea se expresó Arancha González Laya ante el juez, el 4 de octubre pasado, recalcando que fue el Gobierno de Argelia el que pidió al español ayuda para tratar al líder del Frente Polisario, en una solicitud a la que, al tener su origen en "motivos humanitarios", el Ejecutivo "no podía negarse". 

En junio pasado, la denuncia del abogado malagueño Antonio Urdiales inició el procedimiento en el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, a cargo de Rafael Lasala. Posteriormente se adhirió otra denuncia interpuesta por el exdiputado del PP Juan Vicente Pérez y por el empresario marroquí afincado en València Rachad Andaloussi Ouriaghli. Las acusaciones consideran que se cometieron los delitos de falsificación, prevaricación y encubrimiento por parte de altos cargos del Ministerio de Exteriores y de funcionarios de Fronteras en la llegada del líder del Polisario. 

En busca de la 'X'

Ambas acusaciones pretenden que se aclare quién ordenó traer a Brahim Ghali a España, en clara referencia al presidente del Gobierno. "Todo se ha hecho conforme a la ley --dijo González Laya tras su declaración judicial--. "Hemos aportado todas las explicaciones y pruebas". La exministra mostró su confianza, el pasado 4 de octubre, en que el juez "tome una decisión pronto" en la dirección del sobreseimiento de la causa.

Sin embargo, el juez Lasala no parece dispuesto a soltar lastre. Lleva seis meses de instrucción y recientemente ha recibido el espaldarazo de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado de apartar a las acusaciones del procedimiento argumentado un presunto fraude procesal. 

Los magistrados de la Sección Tercera han desestimado los argumentos de la Abogacía y ha asegurado que el escrito del abogado Urdiales por el que se inició esta investigación sí cuenta con el requisito formal de presentación de querella. En este sentido, han explicado que "no existe ningún problema en considerar que, en realidad, lo interpuesto fue una querella", aunque llevara por nombre denuncia.

Sobre la petición de los servicios jurídicos del Estado de que se exigiese 150.000 euros a dichas acusaciones, los magistrados han explicado que fue una decisión del juez instructor no exigir fianza alguna, "criterio que este tribunal no puede sino respetar". Por ello, ha desestimado la solicitud. 

De momento, han declarado como testigos Francisco Javier Fernández Sánchez, segundo jefe del Estado del Aire; Isabel Valldecabres, exresponsable del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel  Muriel; Susana Crisóstomo, jefa de Gabinete del Ministerio del Interior; el gerente del Hospital de Logroño, Alberto Lafuente; el jefe de Cuidados Intensivos; el jefe de Gabinete de la presidenta de la Rioja, Eliseo Sastre; y el general jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz Cabañete.

El caso Ghali, según explicaron fuentes judiciales, se centra en dos ejes: la presunta prevaricación, en cuanto al cumplimiento de las normas sobre control de pasaportes, y el presunto delito de encubrimiento, que se vincula al hecho de si pesaba o no sobre Ghali una requisitoria policial o judicial. 

Sobre esto último, el líder del Polisario fue interrogado, mientras estuvo en el hospital de Logroño, por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación a dos querellas por presuntos delitos de genocidio y torturas, que están pendientes de archivo.