Los grandes focos políticos internacionales están puestos desde hace unos meses principalmente en Oriente Medio o Ucrania. Durante las últimas semanas, Venezuela o México también han irrumpido en el debate a nivel nacional. Pero en paralelo se ha reactivado la atención hacia un conflicto siempre latente, el del Sáhara Occidental. El caso de loas activistas saharauis retenidos en Barajas y solicitantes de asilo político han devuelto a primera plana la presión de las izquierdas hacia el ala socialista del Gobierno. 

Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu o BNG se han volcado en interesarse sobre la situación que existe en el aeropuerto madrileño. Allí, desde hace varios días se encuentran en huelga de hambre una treintena de activistas. El Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, ha denegado ya algunas de la solicitudes de asilo. Los activistas, procedentes de Marruecos o de los territorios ocupados saharauis, denuncian la persecución del reino alauita por sus ideas políticas. 

Durante la última semana se han sucedido las muestras de apoyo a los saharauis en el aeropuerto. Se han producido manifestaciones convocadas por las organizaciones de la sociedad civil y visitas de varios cargos políticos de relevancia. Todos ellos han intentado acceder a la sala de solicitantes de asilo pero se les ha impedido por parte de Interior. El Ministerio les había concedido el acceso, a través de la Comisión de Interior del Congreso, para el lunes 30 pero, según denunció el diputado Jon Iñarritu, de EH Bildu, cambiaron de opinión el viernes. 

Antes, el lunes acudieron a Barajas la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, junto con otros cargos del partido morado. Ofrecieron declaraciones a los medios e intentaron, sin éxito, visitar a los saharauis. "Me parece una vulneración gravísima de derechos humanos la que se está cometiendo y además es una gravísima vulneración democrática que se impida a una representante de la soberanía popular, por parte del PSOE ejercer nuestra función de control al Gobierno", destacó Belarra en el aeropuerto.

La líder de Podemos llevó el asunto también a la sesión de control al Gobierno celebrada el miércoles en el Congreso. Interpeló directamente a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero y señaló la "hipocresía" del Gobierno al conceder asilo al opositor venezolano Edmundo González y no a los saharauis. "He intentado contactar personalmente con el ministro Marlaska a lo largo de toda la semana y el ministro no se ha dignado ni a contestar, lo cual da una idea de lo que le importan al Gobierno", señaló también ese día. 

Montero dijo en el Congreso que necesitaba "más información" sobre el caso y se comprometió a contestar a Podemos al día siguiente. Así lo hizo durante una de las réplicas del debate sobre financiación autonómica. "Estamos cumpliendo los protocolos en derecho internacional, incluido que el personal sanitario sigue permanentemente allí", dijo la vicepresidenta, siguiendo la línea oficial marcada por Interior durante toda la semana. 

Por parte de Sumar, los diputados Tesh Sidi y Enrique Santiago acudieron a Barajas el martes. Corrieron la misma suerte que Belarra y no pudieron visitar a los saharauis. "Desde los ministerios de Sumar, vamos a trabajar para evitar estas deportaciones masivas", destacó entonces Sidi. "Nuestro Gobierno, un Gobierno de coalición progresista, debe velar y poner los derechos humanos en el centro de sus políticas", añadió. 

Por su parte, Santiago destacó que "el Ministerio de Juventud e Infancia (que dirige Sira Rego) se ha dirigido al Ministerio de Interior "para solicitar la permanencia en España" por motivos humanitarios. de una familia con una menor enferma. "Es una obligación legal que así se actúe", afirmó. Desde Sumar se está tratando durante toda la semana de trabajar para que no se produzcan las deportaciones, según las fuentes consultadas. Aparte, el ministerio de Sanidad que dirige Mónica García también está pendiente de la situación. 

En Sumar también han puesto su mirada en los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf (Argelia). Hace unos días se produjeron unas importantes inundaciones que provocaron centenares de evacuaciones y daños materiales. El grupo parlamentario presentó una proposición no de ley (PNL) para dotar de un fondo de ayuda humanitaria urgente. La iniciativa coincidió casi con el discurso de Pedro Sánchez en la ONU en el que eliminó la referencia a los campamentos saharauis que sí venía incluyendo años atrás. 

ERC y Bildu también han alzado la voz por la situación en Barajas. En una iniciativa registrada de manera conjunta piden la comparecencia de Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso. Las dos formaciones exigen la paralización "inmediata" de esas expulsiones, pues consideran que la deportación a Marruecos "pondría en grave peligro la seguridad y la integridad de estas personas".

Por su parte, el BNG registró también otra iniciativa, el 12 de septiembre, para que desde Interior se habiliten más intérpretes del dialecto saharaui, hassania, para atender las peticiones de asilo político y no del dialecto marroquí como ocurre actualmente. "Es una falta de respeto", señaló el portavoz del partido gallego en el Congreso, Néstor Rego. 

Acciones desde Europa y de asociaciones judiciales

No solo desde el Congreso de los Diputados se han emprendido acciones. En el Parlamento Europeo, varios eurodiputados de Sumar, Bildu y BNG pidieron ya en julio que se concediera el asilo político a dos jóvenes saharauis que se encontraban en Barajas.

Además, a principios de septiembre, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, junto a representantes de Sumar, Podemos, Bildu, ERC y PNV escribieron una carta al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell. El objetivo es que se pronuncie sobre la decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de avalar el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental. 

Por último, este pasado viernes las dos eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isa Serra, visitaron Barajas para tratar de ver a los saharauis. El resultado fue igual de negativo que el de los anteriores. "Los mandos responsables nos han informado de que la Secretaría de Estado del Interior deniega nuestra entrada. Por tanto, el Gobierno de España nos está negando el ejercicio de nuestras obligaciones como eurodiputadas. ¿Qué oculta el Gobierno de España y por qué actúa como si fuera el PP? Jamás esperaríamos que la Secretaría de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez hiciera lo mismo que el PP, que es impedir el ejercicio de nuestros cargos públicos ante una posible vulneración de derechos fundamentales", señalaron.

"¿Tiene que ver esa denegación con la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con la dictadura de Marruecos? Esas son las preguntas que están sobre la mesa, y estudiaremos las acciones que podemos emprender para que en este país se garanticen principios democráticos básicos", añadieron Montero y Serra. Ambas enviaron también una carta a la Comisión Europea el pasado miércoles preguntando sobre qué medidas tomará para asegurar que España cumple la normativa europea sobre el asilo. 

La presión a Marlaska no solo ha llegado desde el ámbito político. Diferentes organizaciones sociales han reclamado que se atiendan las peticiones de los saharauis. Entre ellas destaca la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que pide paralizar las expulsiones de saharauis y permita su entrada por razones humanitarias.

En el ámbito jurídico, tanto la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se han posicionado contra las intenciones de Marlaska de efectuar las expulsiones. 

El asunto del Sáhara Occidental ha sido desde hace un par de años un foco frecuente de disputas de las izquierdas frente al PSOE. La carta enviada en marzo de 2022 por Sánchez al rey marroquí, Mohamed VI, provocó un giro histórico en la posición española al avalar la autonomía que propone el país vecino para solucionar el conflicto. Una decisión que generó un fuerte rechazo en prácticamente todo el arco parlamentario.