"Es absolutamente falso, y tendencioso, que en España se oculten datos sobre fallecidos" por la covid-19. Así de tajante se ha mostrado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados en la que ha acusado al PP de ser "profundamente irresponsable" por pedir explicaciones sobre el recuento de fallecidos en la pandemia.

La crítica, en su opinión, "no pude derivar en un cuestionamiento institucional":“Sería mezquino e injusto para quienes se están dejando la piel en combatir la enfermedad". Y el calificativo de "irresponsable" que ha utilizado en su comparecencia en la Comisión de Justicia "se queda corto para describir a quien utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política".

El ministro ha destacado que España "es uno de los países más transparentes en cuanto a la información pública disponible sobre la pandemia y su impacto" y así se demuestra "desde el principio de la crisis" cono las ruedas de prensa diarias de Sanidad con la difusión de las cifras de contagiados y fallecidos.

"Me entristece profundamente, no se lo puedo ocultar, el tono utilizado por el Partido Popular a la hora de pedir explicaciones sobre los datos de fallecidos por Covid-19. Y me entristece porque creo que la solicitud de comparecencia y las manifestaciones públicas de algunos dirigentes políticos, parten de premisas "torticeras, irresponsables y muy peligrosas", ha apostillado Juan Carlos Campoa.

El Gobierno aprobó el pasado martes un decreto-ley que contiene un plan de choque de medidas urgentes ante el tsunami judicial que llegará a los tribunales a causa de la pandemia, con un aumento de litigios en especial relacionados con deudas, hipotecas, despidos, ERTES, concursos de acreedores...

El plan de choque incluye medidas sin precedentes: juicios en agosto y más trámites telemáticos.

Las autonomías apoyaron declarar hábil agosto

Campo ha revelado que habilitar entre los días 11 y 31 de agosto fue una propuesta de Madrid, Cantabria, Navarra, Canarias y el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El ministro no ha dicho a la Comisión de Justicia de dónde partió la idea, más alla del propios CGPJ. Aunque las actas de esta reuniones confirman que partió de Enrique López, consejero del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid.

Este partido se opone a apoyar esta medida, a pesar de que Enrique López sea su responsable de Justicia.

Juan Carlos Campo ha añadido que hay comunidades autónomas que pedían agosto entero. El consenso está "estudiado" y "hemos trabajado con las doce comunidades autónomas" con competencia, así como la Fiscalía y el CGPJ para alcanzar el acuerdo.

Todas las medidas de choque -ha insistido- han sido consensuadas con todas las comunidades autónomas, con independencia del "signo político".

Todas las autonomías han contado con "información puntual" sobre el contenido del decreto-ley "con anterioridad a su publicación" y que ninguna mostró discrepancias.

"Los indultos no se han tocado"

El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha destacado la "dudosa legalidad" del decreto-ley con medidas del plan de choque por cuanto realiza cambios de aspectos incluidos en leyes orgánicas, como es el horario de agosto. En cambio, el ministro ha defendido la "constitucionalidad rabiosa" del decreto-ley.

Campo también ha replicado al PP respecto a las alusiones de Santamaría sobre supuestas maniobras ocultas destinadas, según su versión, a aprobar indultos durante el estado de alarma en favor de los políticos independentistas condenados durante el 'procés' durante el estado de alarma.

"Esos indultos a los que se refiere no se han tocado. No se han registrado. No se ha autorizado continuar con la tramitación de indultos por ningún plan urdido por nadie. Hay peticiones que no están registradas. Se tocará cuando toque", ha replicado el ministro de Justicia.

¿Pasar de la abstención al 'no?

La portavoz de ERC en la Comisión de Justicia, Carolina Telechea, ha acusado al Gobierno de "usurpación de funciones" de las comunidades autónomas y de obligar a los funcionarios de Justicia a ir a trabajar sin los medios de protección necesarios.

El ministro ha respondido a Telechea que dichas medidas son las que se van adoptando por las autoridades sanitarias. Ninguna de las medidas aprobadas "desapoderan" a las administraciones territoriales con competencias transferidas para tomar decisiones sobre la distribución de jornada o horarios de funcionarios, entre otras cuestiones.

Telechea ha advertido al ministro que si no existe esta cooperación, les "obligarán a pasar de la abstención al ‘no’" en la prórroga del decreto del estado de alarma que finaliza el próximo 10 de abril.

"No se puede sostener el discurso del 155", ha contestado Campo a la diputada republicana en alusión al artículo de la Constitución con el que se intervino el gobierno de la comunidad autónoma tras la declaración unilateral de independencia de Catalunya de 2017. “No hay una orden de recentralización. No le puedo admitir que hablen de un 155. Esto es un 116, hay una labor de colaboración del Gobierno ante una pandemia", ha apostillado.