La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, puso el dedo en llaga al pedir este martes que el Gobierno decida qué reforma laboral quiere. Y es que más allá de la lucha de protagonismo con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, más allá de quién rentabilice un futuro acuerdo y más allá de las disputas internas entre los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, en el trasfondo de esta polémica está que la reforma laboral que estaba negociando y acordando Díaz no es la que quiere Calviño… y posiblemente Pedro Sánchez.

Díaz se desmarcó de la polémica sobre la metodología y sobre qué otros ministerios puedan estar en la mesa de negociación, una vez que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, admitió que seguiría siendo el Ministerio de Trabajo quien continúe liderando la reforma laboral. Pero lo que la vicepresidenta segunda quiere es saber qué reforma laboral quiere Calviño.

En las reuniones de cada miércoles entre Trabajo y los agentes sociales había ya mucho avanzado. Se daba por hecho que volvería la primacía de los convenios sectoriales por encima de los convenios de empresa y, además, que se recuperaría la ultraactividad (mantener las condiciones del anterior convenio, tanto en los derechos como en las obligaciones, mientras se negocia uno nuevo) con el apoyo sindical.

Ahora se estaba negociando la limitación de la subcontratación, los modelos de contratación y las restricciones al despido a través de fórmulas de flexibilidad interna (como los ERTE formativos), asuntos donde las propuestas del Ministerio de Trabajo, coincidentes en líneas generales con los sindicatos, eran rechazadas tajantemente por la patronal.

Y esto es lo que verdaderamente ha motivado la intervención de Calviño, con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, ya que en algunos aspectos están más cerca de las posiciones de la CEOE que las que plantea el propio Ministerio de Trabajo.

Lo cierto es que detrás de todo esto subyace lo que podría considerarse una lucha de clases y, sobre todo, dos visiones claramente diferencias de qué reforma laboral se quiere implantar en España.

Díaz pide reabrir el debate sobre el alcance de la reforma

Las diferencias ideológicas entre Calviño y Díaz son evidentes, y desde Economía es habitual acusar a Trabajo de estar a las órdenes de CCOO; y de Trabajo se imputa habitualmente a Economía estar a favor de los intereses del empresariado.

Este martes, la vicepresidenta segunda buscó desviar completamente el foco de "los nombres" y las pugnas ministeriales para hablar exclusivamente de contenidos. Díaz quiere que Calviño y Sánchez sean claros con la reforma laboral que quieren llevar a cabo y las medidas que quieren sacar adelante, y sabe que perderse en disputas sobre quién lidera las negociaciones o qué ministerios participan en la mesa de diálogo con los agentes sociales oculta el debate real, un debate ideológico sobre el modelo de relaciones laborales que se quiere desarrollar en el futuro.

Por esto, ha pedido en el seno del Ejecutivo de coalición reabrir el debate sobre el alcance y los límites de la reforma laboral, a sabiendas, como recordó, de que este debate se había resuelto ya e, incluso, se había remitido un plan de reforma a Bruselas que contaba con el visto bueno de todo el Gobierno; un plan en el que se habla directamente de reequilibrar las fuerzas en la negociación colectiva o de la ultraactividad, entre otras cuestiones.

Pero también detrás de esta guerra se esconde una vieja disputa desde el inicio de la legislatura. Calviño quiere liderar y coordinar toda la política económica del Gobierno y eso incluye al Ministerio de Trabajo; y Díaz desde el primer momento pidió autonomía en sus competencia y no ser un mero apéndice de la vicepresidenta económica. El choque ha estado presente en los casi dos años que van ya de legislatura.

En esta última pugna, ambas partes parecen dispuestas a ceder. El Gobierno acepta que Díaz lidere la negociación, a cambio de que haya presencia de otros ministerios durante las reuniones del diálogo social. Pero esto es un tema secundario. La clave está en qué reforma laboral quiere el Gobierno.

A todo esto, los sindicatos UGT y CCOO están más que molestos por este cambio de escenario. Pepe Álvarez advirtió en una entrevista con Público que buscan el consenso, pero que la patronal no puede tener derecho a veto. Pero, además, hizo una advertencia clara al Gobierno: "El sindicato está en plena forma para conseguir derogar la reforma laboral, y es que estoy convencido de que para avanzar vamos a tener que movilizarnos".

En la misma línea, Unai Sordo insistió, en que no se le puede dar "derecho a veto" al empresariado, y advirtió de que si el Gobierno empieza a revisar "compromisos adquiridos" en la reforma laboral, los sindicatos se plantearán revisar sus compromisos en otras materias, como las pensiones, donde se tiene que desarrollar un sistema de equidad intergeneracional que sustituya al denominado factor de sostenibilidad impuesto por Mariano Rajoy. De momento, siguen las negociaciones y este mismo miércoles habrá una nueva reunión del diálogo social.