El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una aportación de 860.000 euros destinada a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA), según ha podido saber Público. Este desembolso, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy está destinado a ayudar a la población en situación de discapacidad sobrevenida por el genocidio en curso en Palestina perpetuado por el Estado israelí.

Con esta partida, el Ministerio que dirige Bustinduy quiere mostrar su pleno respaldo a la UNRWA, agencia que está siendo víctima de una campaña de difamación por parte de Israel y su enorme aparato propagandístico, y poner, además, el foco en uno de los colectivos que más está sufriendo los daños ocasionados por los constantes ataques de las fuerzas militares israelíes: las personas que afrontan una situación de discapacidad sobrevenida.

Bustinduy ha mostrado su apoyo a la población palestina y su rechazo al genocidio israelí desde que llegó al Gobierno el año pasado desde distintos ángulos, lo que no le ha librado de mantener alguna polémica con otros integrantes del Gobierno. Pidió que el Estado hiciera una contribución extraordinaria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, o la obligatoriedad de indicar claramente el origen de los productos importados de territorios palestinos ocupados. Además, a través de una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, censuró la venta de armas a Israel. El actual ministro, ha sido especialmente persuasivo en el seno del Ejecutivo desde el día de la investidura con que los responsables de los crímenes cometidos por Israel sean juzgados por un Tribunal Internacional.

Según los datos de la propia UNRWA, el 83% de las personas con discapacidad que viven en Palestina han perdido sus dispositivos y materiales de asistencia como consecuencia del desplazamiento forzoso causado por los ataques de Israel.

El desembolso aprobado este martes en el Consejo de Ministros está especialmente enfocado hacia dos áreas. La primera con relación a traumatismos y urgencias, así como apoyo a la reconstrucción de miembros y otras cirugías especializadas y además para hospitalización y subsidios para personas que necesitan cirugía (ortopédica, vascular y general). En segundo lugar, esta cantidad está destinada a proporcionar servicios integrales de rehabilitación multidisciplinar en diferentes niveles de atención, en concepto de dispositivos de asistencia, cojeras artificiales y equipos.

Esta aportación de 860.000 la realiza el Ministerio a través del Real Patronato sobre Discapacidad. La intención, según ha podido saber Público, es que desde España se canalice una contribución por el citado importe como respuesta al llamamiento de la UNRWA para aportar financiación a estos dos conceptos anteriores con la intención de paliar la situación de discapacidad en medio del cruento conflicto que Israel alimenta en Palestina.

La UNRWA se financia casi en su totalidad con contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU y en este sentido, el Gobierno de España ha aumentado ya, desde el último trimestre de 2023, sus contribuciones voluntarias. Precisamente, como consecuencia de la situación de conflicto armado que se vive, especialmente en Gaza, aunque con repercusiones en los territorios Palestinos ocupados de Cisjordania, las necesidades de ayuda humanitaria de la población palestina han aumentado de forma exponencial. Es por ello que también han crecido las campañas de difamación orquestadas por Israel contra esta agencia de la ONU, con el objetivo de que los Estados retiren sus aportaciones.

La UNRWA coordina, actualmente, toda la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su distribución, siendo la única organización con capacidad logística y la infraestructura para llevarlo a cabo. De la labor de la UNRWA también dependen el resto de las agencias humanitarias ya que carecen de los medios suficientes y capacidad logística sobre el terreno. La UNRWA trabaja desde la educación, la atención sanitaria, los servicios de socorro y sociales, la infraestructura y mejora de los campamentos, la microfinanciación y la ayuda de emergencia, incluso en tiempos de conflicto armado.