Bruselas expedienta a España por no cumplir con las normas de protección de denunciantes de corrupción

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de sanción contra España por no trasladar a tiempo a su legislación nacional la norma europea para proteger a los denunciantes de casos de corrupción y otros delitos que afecten a intereses de la Unión Europea (UE), una directiva que los países debían haber aplicado el pasado diciembre.

El Gobierno reconoció ya a finales de año que la transposición llegaría con retraso porque quedaban "algunos flecos" que esperaban resolver al inicio de 2022 para iniciar tramitación, aunque esperaban dar tal paso antes de que el Ejecutivo comunitario abriera el expediente sancionador.

Sin embargo, la Comisión finalmente ha iniciado la primera fase del procedimiento enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, tal y como ha adelantado el diario El País y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

El Gobierno tiene de dos meses para responder a las inquietudes de Bruselas

A partir de ahora, el Gobierno tiene un plazo de dos meses para responder a Bruselas y explicar el estado en que se encuentran los trabajos para transpone la directiva.

Si cumplido ese plazo la Comisión no da por buenas las explicaciones españolas, aún podría dar un nuevo plazo similar mediante el envío de un dictamen motivado que detalle los problemas, antes de llegar a la tercera y última fase de un procedimiento que supone elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

La norma europea para proteger a los delatores de infracciones del Derecho comunitario prevé mecanismos para ayudarles a denuncia de manera interna o externa sin sufrir represalias de sus empleadores, por ejemplo creando canales seguros.