BNG y PSOE piden que la Xunta se persone en todos los procesos por delitos de odio contra el colectivo LGTBI en Galicia

El Parlamento de Galicia va a debatir este miércoles una propuesta del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y otra del PsdeG-PSOE en la que ambas formaciones reclaman a la Xunta que se persone como acusación popular en todos los procesos judiciales por delitos de odio contra el colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Según el BNG, las investigaciones contra ese tipo de acciones se han incrementado más de un 46% en todo el Estado desde 2016, y en Galicia se han registrado desde 2013 más de cuatrocientos delitos de odio, de los que 130 lo fueron por la orientación sexual de los y las agredidas. Por su parte, el PSOE recuerda que un reciente estudio de UGT alerta de que el 96% de las personas LGTBI en la comunidad consideran que su orientación es un inconveniente a la hora de acceder a un empleo, que el 91% prefieren ocultarla y que un 60% han padecido algún tipo de agresión, desde comentarios y gestos despectivos hasta ataques físicos.

El debate se produce a cuatro días del primer aniversario de la muerte de Samuel Luíz, el joven que fue linchado a puñetazos y patadas el pasado 3 de julio en el paseo marítimo de A Coruña mientras sus agresores proferían contra él insultos homófobos, según varios testigos. Dos menores de edad que participaron en el crimen fueron condenados en abril pasado a tres años y medio de reclusión en un centro de internamiento, en una sentencia de conformidad pactada con la Fiscalía. Otras tres personas, mayores de edad, se encuentran en prisión a la espera de juicio.

"Estamos asistiendo a un importante repunte en las manifestaciones LGBTIfóbicas a través de actos vandálicos en las calles de todo el país, dirigidos tanto a boicotear cualquier muestra de apoyo al colectivo, como con la divulgación de discursos de odio y mensajes abiertamente degradantes que tienen acogida en los medios de comunicación o incluso en el seno de ciertos partidos políticos", asegura Iria Carreira, diputada del BNG.

Carreira recuerda que una de las reclamaciones más repetidas en las manifestaciones tras las muerte de Samuel y otras las agresiones similares es una mayor implicación de las administraciones en la respuesta a la violencia machista y por orientación sexual. La personación de la Xunta en los procedimientos penales, asegura, permitirá visibilizar "un posicionamiento institucional decidido" contra ellas.

En su iniciativa, el BNG pretende también que el Ejecutivo autonómico diseñe e implante este mismo año un plan de actuación concreto contra el incremento de los delitos de odio "que contemple tanto medidas medidas legislativas para su correcta tipificación como protocolos de detección y de atención" destinados a los trabajadores públicos que tengan que asistir a las víctimas, desde los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado al personal sanitario y de los servicios sociales y educativos.

El Bloque reclama asimismo el diseño y puesta en marcha el próximo curso lectivo de un plan gallego de educación sexual y afectiva "que promueva los valores de igualdad y respeto" y la adquisición "de competencias acerca de la sexualidad humana, la salud sexual, la violencia machista y la LGTBfobia".

El PSOE, por su parte, exige a la Xunta que impulse con los ayuntamientos servicios de información, atención y asesoramiento LGTBI, "con personal especializado y la dotación presupuestaria para desarrollar su actividad". Según la diputada Noelia Otero, la Xunta apenas destina 21.000 euros al colectivo LGTBI a través de ayudas al asociacionismo, es decir el 0,02% del presupuesto de 11.571 millones de euros de la Administración autonómica, lo que convierte en una tarea casi imposible "llevar a cabo cualquier tipo de acción rigurosa destinada a la eliminación de la discriminación por razón de orientación o identidad sexual".

Tanto el BNG como el PSOE lamentan que la Xunta no haya promovido ni la financiación necesaria ni las medidas precisas para el desarrollo de la ley gallega por la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI aprobada en 2014. Esa norma comprometía al Ejecutivo del PP a emitir un informe trianual sobre los resultados de su aplicación, pero tras la presentación del primero en 2017, el segundo lleva dos años de retraso.

El PP ha presentado una enmienda a las propuestas de la oposición en la que muestra "su rechazo a los discursos de odio que atentan gravemente contra la dignidad humana, cuestionando los derechos y libertades fundamentales de las personas LGTBI". Sin embargo, la propuesta de los populares, que firma la diputada Marta Rodríguez Viso, también rechaza que el Parlamento exija a la Xunta la personación en los procesos penales y traslada al Gobierno central el diseño e implantación, en colaboración con las comunidades autónomas, de un plan de actuación concreto contra los delitos de odio por orientación sexual.