La política migratoria suele ser ese patito feo de casi todos los programas electorales, pues granjea escasos votos salvo para los partidos que enmarcan las migraciones como un problema acuciante que hay combatir a toda costa.

Pero las posturas ante los movimientos migratorios se han convertido en un pilar central de las políticas globales y, sobre todo, europeas. Generan tensiones internas en el seno de la Unión, escasean los consensos en torno a ella y se enfocan generalmente desde el punto de vista de la seguridad y el control fronterizo. Esto supone miles de millones de gasto público, tanto en tecnología como en fuerzas de seguridad y en fondos destinados a terceros países para que ejerzan de gendarme.

La legislatura en España ha estado marcada por varias crisis llamadas migratorias, pero que sin embargo atendían a otros problemas de fondo, como las relaciones con Marruecos, la histórica ausencia de vías legales para venir a España desde África o la delegación de la vigilancia de las fronteras a terceros países que no respetan los derechos humanos.

La tragedia de Melilla, con al menos 23 migrantes fallecidos y 80 desaparecidos, fue el paradigma del doble rasero de España para acoger a refugiados de guerra y de las vulneraciones de los derechos humanos en la frontera sur. Pero también la Ceuta en 2021, orquestada y alentada por Marruecos, mostró a las claras el uso de los migrantes como arma de presión política.

Las propuestas de los partidos sobre migración, asilo y extranjería acostumbran a caer en lugares comunes o en ideas estereotipadas y, muchas veces, irrealizables; sin abordar el fenómeno de forma integral y con una división de competencias entre el ministerios del Interior –que dicta las líneas generales– y otros departamentos que, a menudo, resulta ineficiente.

Más de seis millones de extranjeros 

España no es una excepción. Se enmarca en la primera línea de llegadas irregulares de embarcaciones de África, un fenómeno que acapara la atención mediática y política, pero al mismo tiempo, encubre una verdad a menudo obviada: la inmensa mayoría de migrantes que quedan en situación irregular acceden a España por sus aeropuertos.

Al mismo tiempo, la población extranjera ya supera los 6,2 millones de personas, según el INE, casi el 13% de la población. Es el único motor demográfico de un país envejecido, cubre sectores laborales donde escasea la mano de obra y se perfila como uno de los salvavidas del Estado del bienestar español.

Sin embargo, las decisiones políticas condicionan su situación administrativa y pueden complicar o facilitar la tediosa y exigente burocracia para mantener sus permisos de residencia. De la misma manera, facilitan o dificultan la regularización tras años viviendo en la clandestinidad y sin derechos. El último estudio serio, de la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Por Causa, hacía una estimación de entre 390.000 y 470.000 personas indocumentadas en el país en 2020. Esto proponen los cuatro principales partidos en este campo.

PSOE: migración irregular fuera de programa

El programa electoral del PSOE es una mezcla de propuestas indeterminadas y un resumen de los avances del Gobierno en la materia que, por supuesto, se olvida de la tragedia de Melilla, la crisis de Ceuta o el colapso en Canarias de 2020. Sus medidas para controlar la migración irregular no existen y tampoco recoge una de sus grandes promesas electorales en los anteriores comicios: acabar con las devoluciones en caliente, que ha seguido practicando y que el ministro de Interior ha defendido en numerosas ocasiones. Una de las medidas más ambiguas del texto es, sin embargo, la más ilustrativa del plan socialista para contener la migración irregular: "Seguiremos profundizando en la nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos".

El Gobierno ha mantenido una línea dura en control migratorio, con numerosas críticas e irregularidades –la mayoría encarnadas por Fernando Grande-Marlaska– pero al mismo tiempo ha dado pasos que han garantizado derechos a colectivos excluidos y estigmatizados y han sido aplaudidas por organizaciones del sector. Sus reformas del Reglamento de Extranjería ha permitido que consigan los papeles unos 15.000 menores migrantes tutelados y jóvenes extutelados, al tiempo que ha abierto la mano para conseguir permisos de residencia y trabajo más rápido y con requisitos algo más laxos e introduciendo la formación como factor.

Su programa quiere avanzar en la misma línea, "acelerando procesos de Extranjería", buscando "mejores vías para la migración regular y ordenada", sobre todo en programas de migración circular, cuyo estandarte es el modelo de las temporeras marroquíes para las campañas de la fresa en Huelva. También aboga por mejorar el sistema de acogida de solicitantes de asilo, una de las grandes tareas pendientes, sobre todo con la acogida de decenas de miles de refugiados ucranianos. 

PP: atraer y filtrar talento extranjero

La única propuesta sobre la recepción de migrantes se centra en la "atracción y retención de talento internacional" para el mercado de trabajo español, un colectivo que no responde a la acuciante necesidad de mano de obra de menor cualificación. La llegada de estas personas responderá a un "sistema de puntos" que valorará la formación académica, los idiomas, la capacidad innovadora y el mérito.

La política migratoria del PP siempre se ha enmarcado en la retórica de alarma y riesgo para la seguridad pública, aunque el auge de Vox ha maquillado sus propuestas y también las ha relegado en importancia. Su programa no hace referencia al sistema de asilo ni a los refugiados, mientras mantiene tradicionales propuestas para combatir la migración irregular: agilizar las deportaciones de indocumentados con orden de expulsión cursada y expulsar a los que cometan delitos (algo que ya se realiza en determinados casos). Sin embargo, esto depende en gran medida de los acuerdos que España mantenga con los países de origen. Sobre la relación con Marruecos, el programa no dice nada.

También propone más recursos para las Fuerzas de Seguridad y un papel más activo en España de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, cuya imagen está gravemente dañada por permitir graves violaciones de derechos humanos, sobre todo en Grecia.

Sumar: cerrar los CIE y penalizar devoluciones sumarias

El programa de Sumar recoge históricas reivindicaciones de la izquierda que, sin embargo, ni han planteado durante el Gobierno de coalición. Entre las más destacadas está el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), considerados cárceles racistas para intentar deportar a personas, sin una efectividad total. Son lugares de sufrimiento y privación de libertad de las personas internadas, de las muchas de las cuales ni siquiera han cometido delito alguno. Sumar propone que las deportaciones ordenadas por un juez se realicen sin una detención previa.

Habla de una reforma de la Ley de Extranjería que no se concreta demasiado, y de digitalizar y simplificar los trámites administrativos en materia de Extranjería, aunque ya son digitales en gran parte. Recoge no solo la derogación de las devoluciones en caliente, sino tipificar como delito penal las "devoluciones sumarias".

Enmienda la política de externalización de fronteras que se lleva décadas practicando y propone acabar con acuerdos bilaterales con países africanos para controlar los flujos migratorios hacia Europa si estos no respetan los derechos humanos. Sobre la relación con Marruecos, la formación de Yolanda Díaz apuesta con una vuelta a la posición española sobre el Sáhara (contraria a los intereses de Marruecos) que el Gobierno cambió por presiones marroquíes. También plantea que los refugiados puedan pedir asilo en embajadas y consulados de España en el extranjero, algo recogido por la ley de asilo española pero sin un protocolo desarrollado.

Vox: guerra total a la migración

La política migratoria sí es uno de los pilares centrales del programa de Vox. Se basa en una lucha frontal –e incluso ilegal– contra la migración irregular –propone expulsar a todos los "ilegales", una meta de complicado cumplimiento– e incluso contra las ONG que les dan apoyo, a las que amenaza con retirar cualquier ayuda pública, muy al estilo de lo que ya hace el gobierno ultraderechista de Italia.

Una de sus propuestas más efectistas es un "bloqueo naval" en el Mediterráneo a las embarcaciones con migrantes irregulares y su "devolución inmediata a los puertos cercanos más seguros en los países de origen y tránsito". No precisa quién compondrá esta flota ni cuáles son esos "puertos seguros" ni cómo piensa convencer a estos países para que aceptan las devoluciones. 

Vox se propone acabar con la principal vía que tienen las personas migrantes para regularizarse, la del arraigo social, que implica permanecer como mínimo tres años en la clandestinidad. También quiere prohibir empadronarse a los indocumentados –paso imprescindible para optar a una regularización– y dificultar los procesos para obtener la nacionalidad española, que vincularía exclusivamente a las personas nacidas en España.

Promete cerrar los llamados "centros de MENA", en referencia a los migrantes no acompañados, aunque en realidad no existen centros específicos para menores extranjeros en España, sino para todos los menores que necesitan acogida con independencia de su nacionalidad.