El Congreso tramitará la ley para crear una unidad policial y una fiscalía especializada para investigar la trama de bebés robados y con la que, también, se pretenden poner en marcha medidas para reparar a los afectados por esta situación.

La norma, impulsada por asociaciones de afectados, da también derechos a las víctimas a acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración, de archivos privados que estén obligados por esta norma, boletines estadísticos municipales o libros de registros de ingresos, partos y prohijamientos, entre otros. Un reglamento regulará las infracciones y sanciones administrativas que se impondrán a quienes incumplan con este derecho.

También recoge que el Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia de las víctimas en cuantas acciones judiciales procedan, que las exhumaciones que sean precisas "serán sufragadas por el Ministerio de Justicia" y que las pruebas de ADN serán gratuitas.

Base de datos y banco de ADN

En este sentido, el texto recoge la creación de una base de datos estatal de afectados, en cuya elaboración participarán las asociaciones de víctimas. También se creará un banco único de ADN gratuito con "toda la información relevante" en relación con los casos de bebés robados. En dicho banco, explica el texto, se conservarán muestras de restos óseos.

En cuanto al derecho de reparación, los reconocidos como víctimas de esta trama tendrán derecho a asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como a conocer su verdadera identidad y a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones responsables de su privación de derechos. También serán beneficiarias, de forma gratuita, de los servicios de mediación profesional para facilitar posibles reencuentros.

Además, se autoriza al Gobierno a, en un plazo de seis meses y por decreto, determinar el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctimas de esta trama.

La "inmunidad" de los culpables

Aunque el texto lleva la firma de la mayoría de los grupos, ha sido el PSOE quien ha actuado en el debate como partido defensor de este texto. Su portavoz en esta debate, Antonio Hurtado, ha celebrado este paso que toma ahora el Congreso y hecho hincapié en la "inmunidad" que los culpables de estas tramas tenían en el país y que les llevó a continuar robando bebés después del franquismo y a pesar de la Constitución que ya amparaba los derechos de todos los ciudadanos.

El socialista ha valorado que se incluyan estos sucesos en la norma como crímenes de lesa humanidad y que se vaya a tratar el tema de forma "integral y reparadora" con herramientas y recursos que solucione "este crimen".

Durante el debate, se ha hablado de consenso y todos los partidos se han sumado al apoyo de esta norma. Incluido el PP que, junto con el PNV, no había firmado la ley. 

Romper el "pacto de silencio"

En este sentido, Unidos Podemos ha reconocido al PP, y en concreto a su portavoz parlamentaria de Justicia, María Jesús Moro, por el apoyo dado en los últimos presupuestos a una partida presupuestaria para la investigación de bebés robados. El representante de la formación morada, David Carracedo, ha señalado que este gesto permitió mantener este tema en la agenda política.

Aún así, Carracedo ha criticado que hayan tenido que pasar décadas para que el Parlamento español esté legislando sobre este tema y haya colaborado durante este tiempo en el "pacto de silencio" que han mantenido los miembros de esta trama, entre los que se encuentran médicos, personal sanitario, monjas, curas y funcionarios de la administración.

"Si con esta ley una madre encontrara a su hijo, ya habría valido la pena el esfuerzo", ha señalado el portavoz de Ciudadanos, Marcial Gómez, quien ha agradecido a los afectados por su "constancia" en una lucha que supone enfrentarse a la "lentitud de la justicia", "la falta de colaboración de hospitales" o la "opacidad de la administración", entre otros problemas.

El PNV también ha mostrado, a través de su portavoz Mikel Legarda, su apoyo a un texto que pasa por devolver la justicia, la verdad y la reparación a "unas víctimas que piden ayuda y que no se las pueden olvidar". También ha adelantado su voto a favor el representante de ERC, Gabriel Rufián, que ha usado su intervención para leer ante el hemiciclo algunos "de los 300.000" testimonios de afectados por esta trama. "¿Qué hay peor que robarle el hijo a alguien?", se ha preguntado.

Para el portavoz del PDeCAT en este debate, Joan Feliu Guillaumes, estas prácticas son "un acto monstruoso" y ha abogado devolver a las víctimas su dignidad, sus derechos, la justicia y la equidad. De forma similar ha hablado la representante de EH Bildu, Marian Beitilarrangoitia, que ha recordado que España debe cumplir con convenios de derechos humanos, de protección a la infancia o contra las desapariciones forzosas, sobre los que "no estaba actuando". Finalmente, el diputado de Compromís, Enric Bataller, ha señalado este paso como el necesario para "cerrar una de las páginas más negras del franquismo" y que, 40 años después "aún seguía sin abordarse".