La Audiencia de Barcelona notificará este lunes la sentencia del expolio del Palau de la Música, destapado en 2009, por el que el fiscal pide 14 años de cárcel al saqueador confeso Fèlix Millet y ocho al extesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de cobrar mordidas de Ferrovial a través de la institución.

La sección décima de la Audiencia de Barcelona, presidida por la magistrada Montserrat Comas d'Argemir, ha convocado a los acusados, a sus abogados y al resto de partes -38 en total- a las 9.30 horas de este lunes en la sala de vistas del Tribunal del Jurado del Palacio de Justicia para entregarles la sentencia en mano, de forma simultánea.

La resolución judicial por este caso, en el que CDC figura como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse del expolio del Palau, llegará una vez celebradas las elecciones catalanas del pasado 21D y a solo dos días para la constitución del Parlament, prevista para el próximo miércoles, 17 de enero.

La sentencia sobre esta macrocausa se conocerá ocho años y medio después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran, el 23 de julio de 2009, en el Palau de la Música, un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, en un caso que puso bajo la lupa la financiación de CDC.

Un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no paró de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo.

Durante el juicio, que empezó en marzo de 2017, los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull admitieron, en un pacto con la Fiscalía para lograr una rebaja de condena, que hicieron llegar a Convergència Democràtica (CDC), a través del Palau de la Música, comisiones del 4 % de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa en la que la Generalitat estaba presidida por Jordi Pujol.

En sus conclusiones, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled, que tras el juicio abandonó temporalmente el ministerio público, sostuvo que el Palau sirvió de "cañería" para canalizar el pago de comisiones ilegales de Ferrovial a CDC, formación reconvertida en el PDeCAT y hoy reconvertida en el grupo parlamentario de Junts per Catalunya.

El fiscal redujo la petición de penas para Millet y Montull, al reconocerles las atenuantes de disminución del daño y de confesión, por haber admitido en sus declaraciones ante el tribunal que el Palau hizo llegar a CDC comisiones del 4 % procedentes de Ferrovial.

De esa forma, Millet y Montull, para quien la Fiscalía pedía inicialmente penas de 27 años y medio de cárcel, afrontan una petición fiscal de 14 años y nueve meses y de 10 años y 10 meses, respectivamente.

Para Gemma Montull, exdirectora del Palau de la Música que afrontaba 26 años de cárcel, el ministerio público solicita tres años de prisión -uno de ellos sustituible por multa, lo que le permitirá eludir el ingreso en cárcel-, tal y como había pactado con la Fiscalía su defensa, la primera en buscar un acuerdo a cambio de incriminar a CDC.

Por el contrario, el ministerio público elevó tras el juicio su petición de condena a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que se exponen a cinco años, así como al extesorero de CDC Daniel Osàcar, que afronta ocho años de cárcel por su supuesto papel clave en el cobro de las comisiones.

En su declaración durante el juicio, estos tres acusados negaron la presunta trama de pago de comisiones de Ferrovial para que el Gobierno catalán adjudicara a la constructora obras públicas, como la Ciutat de la Justicia o la línea 9 del Metro.

En concreto, Osàcar negó las mordidas y afirmó que los convenios de CDC y el Palau a través de los cuales sospecha la Fiscalía que se canalizaban parte de las mordidas de la constructora eran legales y buscaban fomentar la cultura catalana, entre otros motivos para que en las fiestas mayores en Cataluña "no pusieran solo música andaluza".

El ministerio público también reclama el decomiso de 6,6 millones de euros a CDC como responsable civil a título lucrativo del millonario expolio de la entidad cultural, por el que desde 2015 tiene embargadas quince de sus sedes por orden judicial.

Además, el fiscal Anticorrupción, que presentó su primer escrito de calificación del caso cuando CDC aún no se había reconvertido en PDeCAT, pidió en sus conclusiones que el decomiso se aplique a la antigua Convergència o a la formación "que la haya sucedido".

En el juicio, que se inició el 1 de marzo pasado y acabó el 16 de junio, tras una cincuentena de sesiones, intervinieron 38 partes procesales: 16 acusados, dos acusaciones públicas, cuatro acusaciones populares y/o populares, cinco responsables civiles a título lucrativo (entre ellos CDC) y once entidades jurídicas como responsables civiles subsidiarias.