Este artículo se publicó hace 3 años.
Barcelona multa por primera vez a un propietario que cobraba un alquiler más alto de lo permitido
La norma catalana impide subir el precio del alquiler en los pisos que contaban con un contrato previo. El arrendador quiso cobrarles a los nuevos inquilinos 1.200 euros, cuando los anteriores pagaban 950.
Madrid-Actualizado a
Es la primera vez que sucede desde que está en vigor la ley catalana que regula los previos de alquiler. El Ayuntamiento de Barcelona ha multado al propietario de un piso que había fijado un precio de alquiler más caro de lo que estipula la norma.
En concreto, los arrendatarios pedían a los inquilinos 1.200 euros al mes cuando el anterior contrato era de 950 euros. Se saltaban así el precepto de la norma que fija la congelación de los precios para los inmuebles en los que había existido un contrato en los últimos cinco años.
Según ha avanzado el Sindicat de Llogaters, uno de los inquilinos descubrió el pasado mes de enero que el propietario no cumplía con la ley. Además, al revisar el contrato, investigaron si todos los datos eran correctos y se dieron cuenta de dos de ellos estaban manipulados para poder así incrementar el precio de la renta.
La multa contra el arrendatario será de 9.000 euros
En concreto, el arrendador había puesto el contrato a su nombre, cuando realmente la propiedad era una persona jurídica, para lograr así que los honorarios fueran pagados por los inquilinos. En segundo lugar, las inquilinas se dieron cuenta de que en el contrato no había ninguna referencia al precio del contrato anterior, como obliga la norma,
Este incumplimiento puede ser castigado con una multa que va de los 9.000 euros hasta los 90.000. Sin embargo, el Ayuntamiento, que es el que ha multado, ha decidido sancionar con el importe mínimo, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.
Devolución de las cantidades ya cobradas
Los inquilinos han exigido al arrendador que les baje el alquiler al precio que marca la regulación, en este caso el del anterior contrato, tal y como avala la sanción administrativa del Ayuntamiento. Sin embargo, el arrendador se niega a efectuar la bajada y devolver las cantidades ya cobradas.
Ante esta situación, el hogar inquilino ha decidido tomar medidas legales para exigir las cantidades cobradas con intereses: una demanda contra la propiedad para que les devuelva las cantidades que les ha cobrado de más durante los últimos meses.
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