La UE logra un acuerdo provisional sobre la ayuda financiera de preadhesión a los Balcanes

La presidencia portuguesa del Consejo (los países) alcanzó este miércoles un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre un reglamento por el que se establece el Instrumento de ayuda de preadhesión para el período 2021-2027 para los Balcanes Occidentales y Turquía, entre otros.

Durante el período de siete años, la Unión proporcionará una ayuda financiera por valor de más de 14.000 millones de euros, precisó el Consejo en un comunicado.

"La ayuda de preadhesión ayuda a los beneficiarios a adoptar e implementar reformas políticas, institucionales, sociales y económicas clave para cumplir con los valores de la UE y adaptarse progresivamente a las reglas, normas y políticas de la UE", dijo la secretaria de Estado portuguesa para Asuntos Europeos, Ana Paula Zacarias, cuyo país desempeña la presidencia de turno semestral de la Unión.

Por su parte, el comisario de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, subrayó en otro comunicado que este acuerdo, "largamente esperado, sobre nuestra ambiciosa ayuda financiera es una señal positiva, bienvenida y fuerte para los Balcanes Occidentales y Turquía".

"Proporcionará financiación para el Plan Económico y de Inversión para los Balcanes Occidentales, una herramienta clave para apuntalar la recuperación económica de esta región prioritaria" para la UE, dijo Várhelyi.

El comisario añadió que, a través de inversiones en sectores clave como la conectividad, las infraestructuras, el medio ambiente y el clima, así como la energía y lo digital, esta ayuda financiera impulsará la convergencia con la UE de los Balcanes y aportará beneficios tangibles para los ciudadanos.

Este "acuerdo político" aún necesita la aprobación del Consejo, donde los Estados miembros deberán confirmar su apoyo por mayoría cualificada.

En junio de 2018, la Comisión Europea presentó su propuesta de reglamento por el que se establece el instrumento de ayuda de preadhesión.

Bruselas propuso que la ayuda de la Unión se divida según las prioridades temáticas y se asigne en función del rendimiento real de los beneficiarios sobre la base de una evaluación anual.

El Consejo adoptó su posición en marzo de 2019 y ha estado negociando con el Parlamento Europeo durante más de un año.