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Ayuso inicia la escalada de las comunidades del PP contra la ley de amnistía

Génova ha lanzado una ofensiva contra la norma, a la que se han sumado las 11 autonomías gobernadas por el PP. La Comunidad de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE de García-Page, también ha recurrido al Constitucional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a Cuca Gamarra, esta mañana.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a Cuca Gamarra, esta mañana. Jesús Hellín / Europa Press

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha lanzado este lunes ante el Tribunal Constitucional su recurso de contra la ley de amnistía. Inicia así la escalada de las Comunidades del PP contra una norma que rechaza el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo. Génova ha lanzado una ofensiva, una estrategia conjunta, a la que se han sumado las 11 autonomías gobernadas por el PP.

La semana pasada, el PP se adelantó a sus Comunidades y presentó su recurso antes de que llegase el 11 de septiembre, cuando termina el plazo para poder hacerlo. "Este recurso no solo era necesario, sino que es una obligación moral del PP", aseguró entonces Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una declaración sin preguntas distribuida por el partido. 

Ayuso, además del recurso contra la norma, ha presentado también, lo mismo que el PP, recusaciones contra los magistrados Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Para Díaz Ayuso, estos tienen "pública y notoria vinculación con el PSOE", lo que les "inhabilita", según la presidenta madrileña, "para enjuiciar la constitucionalidad" de esta norma.

La estrategia del PP pasa por minar las fuerzas progresistas en el TC para impedir el aval constitucional de la amnistía. Público ya avanzó que, según las fuentes consultadas en el Tribunal Constitucional, no prosperarán las recusaciones. Sí lo hará, empero, la abstención presentada por el propio Juan Carlos Campo. Así, el bloque progresistalas fuerzas progresistas contarán con un voto menos.

Esto, unido a que José María Macías se acaba de incorporar al Constitucional como parte del bloque conservador, gracias al pacto entre el PP y el Gobierno para renovar el CGPJ, el equilibrio de fuerzas de cara a estudiar la constitucionalidad de la ley de amnistía quedará en seis votos progresistas frente a cinco conservadores.

"Ni en el PP ni en la Comunidad de Madrid íbamos a quedarnos de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Catalunya", manifestó Díaz Ayuso. "Haremos todo lo que está en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir a España", agregó.

Además de Madrid, los gobiernos de Andalucía, Aragón y País Valencià y el parlamento de Cantabria también han presentado o han anunciado que van a presentar sus recursos este mismo lunes.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla expresó este lunes en Lucena (Córdoba) que "la igualdad y la solidaridad son dos de los principios inspiradores de la Constitución Española, que es el marco normativo más importante que tenemos en nuestra vida legal, social y de convivencia. Una democracia plena sólo puede construirse sobre la base de la igualdad, y la igualdad sólo está garantizada bajo el paraguas de la democracia".

Por su parte, Carlos Mazón ha argumentado que la decisión del Consell de la Generalitat Valenciana se toma "con todas las consecuencias y buscando la igualdad en el Estado de derecho y ante la Justicia de todos los españoles".

También Castilla-La Mancha

Además, una Comunidad gobernada por el PSOE, Castilla-La Mancha, también ha presentado un recurso contra la norma. Esther Padilla, la portavoz del Gobierno de Emiliano García Page, confirmó que este lunes había presentado el recurso de manera telemática.

Padilla aseguró que había un informe "muy contundente" del Consejo Consultivo "en cuanto a la legitimidad de la Comunidad Autónoma para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad". Este, además, interpreta que la ley es "inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos".

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