Financiación de los partidosAyuntamientos y diputaciones, "el coladero" de la financiación "opaca" de PP y PSOE

Entre los años 2006 y 2013, los partidos políticos representados en la Diputación de Cádiz, principalmente PP y PSOE, se repartieron de media 1,65 millones de euros al año. La partida destinada a financiar a los grupos no disminuyó ni siquiera en 2012, en plena crisis, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy recortó un 20% de la financiación ordinaria estatal de los partidos. Que los políticos se ajustaron el bolsillo en consonancia con el ciudadano era una verdad a medias, porque las corporaciones locales les siguieron inyectando el mismo dinero, y en algunos casos, hasta lo aumentaron.

En 2010, en medio de la mayor crisis económica que ha vivido este país en décadas, las corporaciones locales en su conjunto (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y juntas generales) incrementaron en diez puntos porcentuales el gasto para sus formaciones políticas con respecto a 2009, superando aquel año los 20 millones de euros. En 2013, las corporaciones locales otorgaron a los grupos políticos representados en ellas 53,7 millones de euros en subvenciones públicas.

Estos datos aparecen en los informes que elaboró el Tribunal de Cuentas sobre financiación de partidos entre 2006 y 2013. Fueron recopilados en una exhaustiva base de datos por la profesora Gloria Martínez-Cousinou, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Loyola de Andalucía, que posteriormente llevó la documentación y sus conclusiones a la comisión de investigación sobre financiación de partidos del Congreso de los Diputados. Martínez conoce bien el tema, porque dedicó su tesis doctoral a analizar la opacidad con la que se financian los partidos en España.

Lo conoce mejor que muchos de los diputados que la miraron con incredulidad y estupor durante la comisión, y a los que les trasladó varias cosas: que el dinero que reciben los partidos directa o indirectamente a través de las corporaciones locales es “el gran coladero” de la ley de financiación de partidos políticos -“da igual cuánto recortes el gasto ordinario para las formaciones políticas en los Presupuestos, como se demostró en 2012, porque siempre podrán compensar la pérdida por esta vía”-; que las corporaciones locales reparten ese dinero de forma “discrecional y opaca”, “con la connivencia de los grupos que se sientan en dichas instituciones” -principalmente PSOE y PP-; y que “no existe limitación legal para la cuantía que cada ayuntamiento o diputación concede anualmente a los partidos”.

Y una cosa más, la más sorprendente de todas, si cabe: que todo esto es legal. Fue alegal hasta 2007, cuando la reforma de la Ley de Financiación de Partidos de ese año consagró la legalidad de situaciones que venían siendo habituales desde muy atrás. Las siguientes reformas de dicha ley -en 2012 y la más reciente en 2015- no han regulado este apartado, “el gran coladero del sistema de financiación, del que todos los partidos se han beneficiado”.

El estudio de la profesora Martínez-Cousinou llega a 2013, último año auditado hasta entonces. Pero cuando el Congreso la citó en la comisión de financiación de partidos, el Tribunal de Cuentas acababa de publicar los informes de 2014 y 2015. Este último año, el Estado destinó a las formaciones políticas españolas 263 millones de euros: 160 millones a través de la financiación ordinaria y 103 millones vía subvenciones electorales.

Esos 263 millones de euros con los que el Estado financió a los partidos en 2015 no representa la totalidad. El Tribunal de Cuentas no puede saber cuánto destinan “todas” las corporaciones locales de España a las formaciones políticas, porque los municipios menores de 20.000 habitantes no tienen la obligación de informarle; y porque para el resto es voluntario. Pero tampoco hay un criterio homogéneo para entender cómo un ayuntamiento reparte el dinero a sus grupos y en qué lo gastan estos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona es el que más subvenciones dio a sus grupos municipales: 2,3 millones de euros de media al año entre 2006 y 2013; un 74% más que el Ayuntamiento de Madrid (580.043 euros anuales de media en el mismo periodo). La distancia entre el primero y el segundo es grande, aunque la tercera capital que más gasta en sus políticos no es, ni por asumo, la tercera más poblada: los consistorios de Jaén, Cádiz, Vitoria y Gijón destinaron en torno a medio millón de euros.

La Diputación de Cádiz, gobernada por el PSOE hasta 2011 y por el PP entre 2011 y 2015) es la que más fondos ha otorgado a sus formaciones políticas de España: 1,65 millones de euros entre 2006 y 2013, cuando la crisis hundió aún más a la provincia con más paro del país. Mientras que las juntas generales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava están a la cabeza en entidades locales (la alavesa destinó de media 2,3 millones de euros a sus formaciones políticas).

PP y PSOE actúan con connivencia

La fuente de ingresos de los partidos políticos españoles es mixta, aunque con mucho más peso de la financiación pública que de la privada: entre el 80 y el 90% del total de dinero que manejan los partidos es público. Lo cual les hace mucho más dependientes de las subvenciones que en otros países europeos. En España, los partidos se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales (financiación ordinaria), y luego por vía de las subvenciones electorales, que es un sistema más tasado y transparente que el primero. Las corporaciones locales inyectan indirectamente fondos a los partidos por una doble vía: primero a los partidos y luego a los grupos que forman esos partidos en las instituciones (grupo municipal socialista, grupo parlamentario popular…).

Martínez-Cousinou cree que los dos grandes partidos -PSOE y PP- han actuado con connivencia para preservar un sistema de financiación que les ha sido beneficioso a ambos, “lo cual no ha impedido que siguieran compitiéndose entre sí”. El PSOE ha tenido siempre más dependencia que el PP de las subvenciones públicas y también es el partido más endeudado de España, según datos del Tribunal de Cuentas, de modo que también es el más perjudicado por la última reforma de la ley de partidos aprobada por el Gobierno del PP en 2015, que prohibió la condonación de la deuda (porque se consideraba una donación encubierta a cambio de supuestas prebendas). La misma reforma prohibió las donaciones de personas jurídicas a los partidos.