El Ayuntamiento de Zaragoza ha establecido una marca de eficiencia en la Administración pública española al dar el visto bueno a una iniciativa urbanística un día antes de recibir formalmente el proyecto técnico en el que el promotor expone con concreción en qué consiste y cómo va a ser ejecutado.

El promotor es Martipan, una empresa que administra de hecho a través de Gesplaza 14 el constructor Juan Forcén Márquez, amigo personal del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP), y algunas de cuyas sociedades, Martipan entre ellas, han obtenido esta legislatura concesiones municipales para explotar quioscos de hostelería en lugares emblemáticos y concurridos de la ciudad como el Parque Grande.

La autorización en cuestión está relacionada precisamente con la explotación de uno de esos quioscos, concretamente el ubicado en el Paseo de San Sebastián de ese parque, en un espacio en el que la promotora pretende demoler el edificio existente para levantar uno nuevo con otras prestaciones.

Los trámites de ese proyecto se aceleraron a primeros de julio, en vísperas de que la Gerencia de Urbanismo celebrara, el lunes 18 de ese mes, su última sesión previa a las vacaciones estivales, en cuyo orden del día, remitido a los miembros de la gerencia el 13 de julio, acabó entrando el proyecto de Martipan, avalado con fecha de 11 de julio aunque formalmente presentado el 12.
La siguiente sesión de aprobación de licencias en la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza tardaría 49 días en llegar, hasta el 5 de septiembre, ya a finales del verano.

Un empresario con intereses en hostelería, fútbol y ladrillo

Las de los quioscos de hostelería no son las únicas concesiones municipales en las que ha mostrado interés el empresario en cuestión en los últimos años.
Forcén mantiene una participación significativa en y forma parte del consejo de administración de Real Zaragoza SAD, la empresa que al mismo tiempo que gestiona un equipo de fútbol que lleva una década deambulando por la Liga Smartbank aspira a obtener una concesión para explotar durante 75 años un estadio de La Romareda que el equipo de gobierno de Azcón prevé remodelar con cargo a las arcas municipales.

Esa iniciativa a caballo entre el ladrillo y el balón, que el equipo de gobierno PP-Cs de Azcón y Sara Fernández sustentado por Vox ha situado como el proyecto emblemático de la legislatura, tampoco es la única vinculada al hormigón en la que interviene el empresario y cuyo itinerario administrativo pasa por el consistorio zaragozano.

Forcén firmaba como representante de la Junta de Compensación del Sector F-38-1, en la que figura como arquitecto el hermano mayor del alcalde, las comunicaciones al Ayuntamiento Zaragoza para desencallar esa operación de construcción de 409 viviendas en una de las nuevas zonas de expansión de la ciudad, una iniciativa que había permaneció en el cajón entre finales de 2009, cuando quedó constituida la entidad urbanística, y el 24 de mayo del año pasado, cuando la Junta de Gobierno Local la reactivó con el voto a favor, entre otros, de Azcón.

El tripartito de centro-derecha que integran PP, Cs y Vox vetó con sus votos a finales de junio del año pasado la propuesta de la izquierda (PSOE, Zaragoza en Común y Podemos) para crear una comisión de investigación que aclarara la intervención del alcalde en esa votación y en otra que, con su apoyo, desencalló otra promoción, esta de 532 viviendas, en la misma zona y en la que los padres de Azcón (uno de ellos fallecido poco después) aparecían como partícipes al poseer una porción de los terrenos, pequeña pero que, obviamente, les generaba una interesante expectativa de negocio.

El vídeo festivo del alcalde sobre su bailoteo con el empresario

¿Hasta qué punto llega la relación de amistad entre el alcalde y el constructor? Aparte de vivir en la misma urbanización, su vínculo, conocido en los círculos de la Zaragoza informada y de la política aragonesa desde hace años, ha sido difundido recientemente por el propio Azcón en su perfil personal de Twitter.

Minutos después de las once de la noche del último 2 de septiembre, Azcón lanzaba en su red social un vídeo que le mostraba mientras se encontraba de tragos y bailoteo con Forcén durante una actuación de la banda Taburete, la que lidera el hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, en la primera jornada del festival Vive Latino en Zaragoza.

"No puede haber mejor excusa que este pedazo de festival para recuperar el recinto de la Expo como localización de grandes conciertos para generar cultura y atraer turismo a la ciudad", decía, en un mensaje que generó una oleada de comentarios irónicos sobre las actividades del padre del cantante, en torno a las molestias que el festival provocó en los barrios cercanos y acerca de la pasividad del alcalde en la prolongada huelga del bus urbano de Zaragoza.

En el ámbito político, donde el tweet y el video corrieron y corren a una velocidad endiablada (las apenas 750 reacciones al mensaje contrastan con las casi 70.000 reproducciones que acumula la escena), solo Podemos se manifestó entonces: los morados defendieron en Twitter que el alcalde "tiene todo el derecho de salir a divertirse y a bailar con amistades y familiares sin ningún tipo de pero ni cuestionamiento (ni siquiera sobre sus gustos musicales)", aunque le recordaron "la obligación legal de no intervenir y abstenerse de los asuntos en que pudiera haber conflicto de intereses por razón de amistad íntima. Y esto sí se lo debemos exigir".

En Aragón, la Ley de Integridad y Ética Públicas considera "intereses privados o personales" los de las personas con las que una autoridad o un empleado público "tenga amistad íntima" por resultar susceptibles de provocar "conflictos de intereses", motivo por el que obliga a estos a abstenerse en cualquier decisión que afecte a aquellos.

Baile de fechas en el expediente de Urbanismo

Según recoge el expediente al que ha tenido acceso Público, el Servicio de Licencias del Ayuntamiento de Zaragoza emitió el 11 de julio de este año un informe en el que recomendaba conceder la autorización para el derribo y en el que aseguraba que el proyecto "acompaña la documentación exigida por las Ordenanzas Municipales".

Sin embargo, más adelante aparece un acta de comparecencia de un representante de Martipan ante ese mismo servicio el 12 de julio, al día siguiente, con este contenido: "Aportamos dos copias de proyecto de derribo en [el] parque José Antonio Labordeta Lote 2".

¿Llegó el proyecto después de obtener el visto bueno? El hecho de que la Unidad Técnica de Proyectos de Edificación del Servicio de Licencias Urbanísticas emitiera su informe sobre el proyecto de derribo el 12 de julio apunta también a que la documentación pudiera no estar completa el 11, el día que el servicio, que es el superior orgánico de la unidad, fechó el suyo que lo daba todo por correcto.

Y el propio Servicio de Licencias reseña a mano que "recibí el original" el 12 de julio en un escrito elaborado con ordenador y fechado el 10 de junio por el que remitía a la Comisión Municipal de Patrimonio "un ejemplar del proyecto técnico presentado" para recabar su criterio, lo que supone un llamativo baile de fechas.

Una fianza que se acaba de pagar después de tener los papeles en regla

Hay otra comparecencia anterior del mismo representante de Martipan fechada el 16 de junio, pero en esa ocasión únicamente presentó una instancia, una fianza de gestión de residuos y un certificado de desratización.

El pago de esa fianza, por otra parte, tampoco había sido completado cuando Licencias Urbanísticas se pronunció: los 83 euros (de 443) que faltaban por ingresar fueron liquidados con fecha 14 de julio, cuando la ratificación de la licencia en la Gerencia de Urbanismo ya había sido incluida en el orden del día de la sesión que esta iba a celebrar cuatro días después.

De hecho, un escrito de la Unidad de Edificación fechado el día 12 recoge que "sale a pagar 443,00€ de Fianza de Residuos y han pagado 360,00€", una afirmación que cuestiona aquella del Servicio que, un día antes, aseguraba que el promotor "acompaña la documentación exigida por las Ordenanzas Municipales"; salvo que esa exigencia no incluya el previo pago de las tasas, claro.

“Es solo un error en la fecha del informe jurídico”

Un portavoz oficial de la Concejalía de Urbanismo aseguró que sus servicios municipales disponían de una copia del proyecto técnico desde primeros de junio, y que lo que el representante de Martipan entrega el 12 de julio son dos copias del proyecto de derribo que le fueron requeridas a la firma promotora, lo que supone una confirmación de que ese documento no constaba antes de esa fecha en el expediente; en el que, por otra parte, no hay rastro de ningún requerimiento de ese tipo.

Las mismas fuentes explicaron que Martipan había presentado inicialmente solicitudes de derribo para dos de los quioscos del Parque Grande cuya gestión le ha sido concedida, pero que por error remitió a Urbanismo para las dos actuaciones el mismo proyecto inicial, que en este caso se correspondía con el de la otra.

Más tarde, añadieron, habría entregado por vía electrónica el proyecto correcto para el quiosco del Paseo de San Sebastián, que es con el que habrían trabajado los técnicos antes de pedirle "dos ejemplares en papel para su correcto archivo" y para enviar uno de ellos al servicio de Alumbrado Público, "los cuales se aportaron el día 12" de julio.

Así, añadieron, el acuerdo definitivo en la Gerencia de Urbanismo "recayó con el expediente completo en papel. Es solo un error en la fecha del informe jurídico y propuesta dada la intensidad del mes de julio".

Los interrogantes y las lagunas de la versión oficial

Sin embargo, el cotejo de esta versión con el contenido del expediente arroja varios interrogantes y apunta a la existencia de algunas lagunas legales en la tramitación del expediente de la licencia de derribo del quiosco en cuestión:
¿Dónde está el requerimiento que Urbanismo estaba obligado a enviar a Martipan para que entregara el proyecto adecuado de inicio, del que no hay señales en los ‘papeles’, tras advertir el supuesto error?

¿Por qué, ya que no consta ninguna actuación en ese sentido en el legajo, la tramitación del expediente no fue suspendida durante diez días para subsanar ese error tal y como establece la Ley de Procedimiento Administrativo?

¿Por qué no consta en el expediente, cuando se trata de un documento que genera de manera automática el sistema de gestión del consistorio, la recepción del proyecto por vía electrónica?

¿Alguien controló que, en caso de haber llegado, la documentación lo hiciera en un plazo inferior a esos diez días tras los que el ayuntamiento estaba obligado a abrir el plazo de tres meses para archivar el legajo por presunto desistimiento?

¿Cómo es que se admitió una entrega en mano de las dos copias del proyecto vía registro el 12 de julio cuando esa misma ley establece taxativamente que tanto "las personas jurídicas" como sus representantes "estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo"?

"En derecho administrativo sólo existe lo que está en el expediente, con el correspondiente registro de entrada y, en su caso, de remisión a los servicios municipales", coincidieron varias fuentes jurídicas especializadas en la materia, que anotaron que este tipo de asuntos deben tramitarse "por administración electrónica, y ahí no es posible que haya errores de fechas o remisiones".