El Ayuntamiento de Vitoria recurrirá al Supremo la absolución de Alonso y Maroto por el 'caso San Antonio'

VITORIA.- El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento va a recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal de Cuentas del Estado que absuelve al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de la condena inicial impuesta por este mismo organismo en el caso San Antonio, por la firma de un contrato público a un precio considerado muy superior al del mercado durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.

En la rueda de prensa habitual de los viernes, Urtaran ha sido preguntado por la decisión del Tribunal de Cuentas sobre el 'caso San Antonio' por el que Maroto y Alonso fueron condenados el pasado mes de mayo por este mismo tribunal, en primera instancia, junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria que en 2007 firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.

La sentencia ha contado con el respaldo de la actual consejera del Tribunal de Cuentas (TCU) y antigua ministra del PP Margarita Mariscal de Gante, y de otro de los miembros de la Sala de Justicia de este organismo, integrada por tres consejeros. Sin embargo, el presidente de la Sala, Felipe García Ortiz, emitió un voto particular discrepante, al estimar que sí existió "infracción legal" en el contrato.

El alcalde ha explicado que, teniendo en cuenta los argumentos que se han manejado hasta ahora por parte de los servicios jurídicos municipales, y recordando que uno de los consejeros del Tribunal "sigue entendiendo que existe un perjuicio económico y que los hasta ahora condenados tenían que abonar una cantidad -393.862 euros- en concepto de sanción por el perjuicio ocasionado a las arcar públicas", el Ayuntamiento ha decidido interponer un recurso de casación ante el TS.

Tras reconocer que esta vía "tiene sus complejidades", ha defendido la presentación del recurso recordando el voto particular de uno de los magistrados y que "la ponente de la sentencia, advierte de que no entra en el fondo de la gestión".

"En la página 22 de sentencia, la propia ponente reconoce que la gestión del contrato de alquiler de los locales de San Antonio es 'claramente mejorable' y no entra a valorar el daño económico", ha explicado.

Por ello, ha insistido en que el gobierno municipal de PNV-PSE va a seguir defendiendo el interés general "hasta el final", interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que será "quien tenga que valorar si lo admite a trámite o no". "Debemos ser cautelosos y prudentes", ha reiterado.

Urtaran ha subrayado que va a utilizar "todos los instrumentos disponibles" para "seguir defendiendo el interés general" porque "toda la ciudad de Vitoria tiene muy claro que aquel contrato solo beneficiaba al propietario y perjudicaba y mucho a las arcas públicas".

En este sentido, ha señalado que quieren ser "muy respetuosos con la sentencia" del Tribunal de Cuentas, pero ha señalado que "llama la atención" que el Tribunal dicte una sentencia "demoledora" en abril contra los interese de la parte imputada -Alonso y Maroto- "y meses más tarde los absuelva".

"Llama la atención que el mismo Tribunal de Cuentas plantee, en función de otras cuestiones, si este caso es un caso claro de alcance y perjuicio económico o si por el contrario, deben ser absueltos porque no hay caso", ha indicado.

También ha destacado que la ponente "no ha sido capaz de convencer a toda la Sala -integrada por tres consejeros- para emitir un voto unánime". "Esto sí que es muy llamativo porque si es tan claro el asunto, evidentemente la respuesta debería haber sido unánime", ha señalado.

El alcalde de Vitoria ha reiterado que el Gobierno municipal entiende que ha habido un daño económico al Ayuntamiento "como fue interpretado por el instructor del caso en la sentencia en primera instancia" y que, meses después, uno de los tres magistrados sigue manteniendo la tesis del Tribunal de Cuentas, es decir, que ha habido un perjuicio económico por el que hay que pagar.

"Como existe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento va a agotar todas las vías posibles para poder defender el interés general", ha concluido.