FranquismoEl Ayuntamiento de Santiago denunciará a los Franco si no devuelven en una semana las esculturas de la catedral

El Ayuntamiento de Santiago está preparando la estrategia jurídica contra los herederos de Francisco Franco para recuperar las dos estatuas medievales de la catedral compostelana, de propiedad municipal desde el año 1948 y que el dictador robó en la década de los sesenta del siglo pasado poniéndolas a su nombre. Según el alcalde de la capital gallega, Martiño Noriega, de Compostela Aberta, el Ayuntamiento no alberga demasiadas esperanzas de que la nieta de Franco, Carmen Franco Polo, conteste al requerimiento que le hizo hace varias semanas.

El alcalde pedía a Carmen Franco que reconociera la titularidad pública y pusiera a disposición del Ayuntamiento las esculturas en piedra de Abraham e Isaac, labradas entre los siglos XII y XIII en el taller del arquitecto de la catedral, el maestro Mateo. Ambas fueron retiradas del Pórtico de la Gloria en el siglo XVI durante unos trabajos de restauración y permanecieron desaparecidas hasta que en 1933 el historiador Fermín Bouza Brey las localizó en un pazo propiedad del conde de Ximonde, en la comarca del Ulla, en Pontevedra.

Unos 15 años después, el aristócrata se las vendió por 60.000 pesetas al Ayuntamiento de Santiago, que las ubicó en las escalinatas de su sede en el pazo de Raxoi, situado en la plaza del Obradoiro, frente a la catedral. En 1961, cuando las esculturas reaparecieron en una exposición organizada por el museo del Prado, ya figuraban a nombre de la familia Franco.

"Como no tenemos demasiadas esperanzas [de que los Franco devuelvan las estatuas] estamos ya trabajando en la estrategia jurídica a posteriori", afirma Noriega, quien asegura que se está estudiando toda la documentación encontrada tanto en el Ayuntamiento como en los de la Universidad de Santiago, donde se conservan los archivos municipales anteriores a 1960. "Estamos certificando la autenticidad de las piezas y su coincidencia con los títulos de propiedad que tenemos en el Ayuntamiento", aclara el alcalde.

Los herederos del dictador no han probado titularidad sobre las obras

Los herederos del dictador no han aportado prueba documental o testifical alguna que justifique por qué disponen de las tallas, que actualmente se exponen al público bajo cesión en el marco de otra exposición itinerante del Prado dedicada a la obra del maestro Mateo. El Ayuntamiento sí dispone del título de venta datado en 1948 y que registró la transacción por la que el conde de Ximonde se las vendía y en la que se reservaba el derecho a recibir otras 400.000 pesetas si las obras salían de Santiago. No existe constancia de que esa cláusula se ejecutara, ni tampoco documento alguno de venta a Franco, ni registro de acuerdo plenario o de Junta de Gobierno municipal que explique por qué las obras pasaron a manos del dictador.

En la exposición de 1961 las estatuas figuraban como procedentes del Pazo de Meirás, la residencia estival de Franco en el municipio coruñés de Sada que éste obtuvo gratis como regalo ficticio de los coruñeses, mediante otra turbia operación de compra que incluyó una cuestación forzosa y expropiaciones de tierras a los campesinos de la zona. El último destino de las efigies de Abraham e Isaac es precisamente la Casa Cornide, un palacete situado en el casco viejo de A Coruña que los Franco obtuvieron también gracias a una nueva obra de ingeniería expoliadora: la compró a su nombre el millonario, amigo y testaferro de la familia Pedro Barrié de la Maza, quien la adquirió al Ayuntamiento de la ciudad en una subasta amañada en la que la suya fue la única puja.

Una proposición de ley para reclamar la devolución

El grupo parlamentario de Podemos, En Comú Podem y En Marea, aliada de Compostela Aberta, ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en la que reclama la devolución de las esculturas, y en la que insta al Gobierno a que a través de la Fiscalía del Estado ejerza las acciones oportunas para aclarar las circunstancias en las que fueron expoliadas. La iniciativa, que firman los diputados Miguel Anxo Fernán Vello, Yolanda Díaz y Eduardo Maura, explica que Franco y su familia "saquearon y expoliaron numerosos bienes culturales, inmuebles y obras de arte pertenecientes al patrimonio público". "Era el modo de proceder habitual del dictador, pero lo que ya no es tan habitual es que dichos bienes expoliados sigan en sus manos y no hayan sido devueltos al patrimonio público una vez muerto Franco y una vez iniciado el período político democrático"·

Los grupos también reclaman a la Xunta hacerse cargo de la gestión de visitas del pazo de Meirás

Además, los mismos grupos parlamentarios han firmado otra iniciativa en apoyo de una reclamación del Ayuntamiento de Sada, que el verano pasado reclamó a la Xunta hacerse cargo de la gestión de las visitas al pazo de Meirás. El palacete, que los Franco siguen empleando como residencia vacacional, fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2008 y abierto tres años después al público, que en teoría debería poder acceder a ciertas zonas del inmueble y sus contornos cuatro días al mes, previa cita y en horario restringido.

Sin embargo, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que se encarga de administrar ese régimen después de recibir el encargo expreso de la familia del dictador, ha suspendido las visitas hasta nuevo aviso “por motivos de seguridad”. Esa suspensión se produjo pocos días después de que un grupo de activistas ocupara simbólicamente y durante unas horas los jardines del pazo, motivados por el anuncio de la FNFF de que aprovecharía las visitas guiadas para hacer apología del franquismo.

Desde que el pazo fue declarado Bien de Interés Cultural hace más de seis años, los Franco han incumplido reiteradamente el régimen de visitas que están obligados a seguir. Tanto el Ayuntamiento de Sada, que gobierna Benito Portela, como la Xunta de Galicia han recibido numerosas denuncias ciudadanas por incumplimiento de horarios y cierres imprevistos en los meses en los que la familia Franco Polo ocupaba la residencia, y también por la desactivación del número de teléfono de reservas. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que hasta el momento ha resuelto uno de los expedientes sin sanción y otro con una multa de 4.500 euros, afirma que sólo actuará contra la familia por incumplir la Ley de la Memoria Histórica si recibe denuncias probadas de que en el pazo se hace apología del franquismo.