La Audiencia Provincial de Madrid reabre la causa por las muertes en cuatro residencias de ancianos de Leganés durante la primera ola de la pandemia. Ordena que se cite a declarar a los responsables médicos de las residencias y al del servicio de geriatría del hospital Severo Ochoa de la localidad madrileña, que era el hospital de referencia. También ordena tomar declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación
frente a la covid en cada una de las residencias.

Los magistrados admiten parcialmente los recursos de 55 familiares por las muertes de una veintena de ancianos en cuatro residencias de Leganés y ordena a la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés que practique nuevas diligencias para esclarecer los hechos. 

El 13 de julio de 2021 la causa se sobreseyó por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Leganés por "no ser los hechos constitutivos de infracción penal". Dijo la jueza que "es la pandemia que nos acecha, la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la actuación que pudieran haber llevado a cabo desde un punto de vista administrativo y/o gubernativo para intentar su control y minimizar su impacto".

Los familiares de las personas fallecidas en las cuatro residencias de Leganés --Vitalia, Aralia, Amavir y Domusvi-- recurrieron, con la oposición del Ministerio Fiscal. En sus recursos consideran que hay indicios de que a muchos residentes "no se les derivó a centros hospitalarios lo que propició su fallecimiento y a otros no se les derivó a su debido tiempo lo que hizo ineficaz el tratamiento médico tardíamente prestado".

Los protocolos de la Comunidad de Madrid

Ahora la Audiencia de Madrid ordena una serie de diligencias. Por ejemplo, solicita a las residencias investigadas para que aporten los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid con los que
actuaron durante los meses a los que se refiere el escrito de querella y, en particular, los criterios de derivación de los residentes a centros hospitalarios.

"Se deberá requerir a cada una de las residencias para que manifiesten cuales eran los medios de protección individual y personal del que disponían en las fechas de producción de los hechos, así como las medidas de seguridad adoptadas", consta además en el auto, al que ha tenido acceso Público.

La querella de los familiares iba dirigida contra los directores de las residencias y también contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional; el consejero de
sanidad, Enrique Ruíz Escudero; y el consejero de Interior y Justicia, Enrique López. Pero la jueza de Leganés excluyó de la causa a los tres altos cargos de la Comunidad de Madrid por tratarse de personas aforadas. La Audiencia de Madrid corroboró la falta de competencia del juzgado de instrucción.

Los recursos de las familias incidían en que pese a que el juzgado de instrucción no es competente para investigar a aforados, "ha de seguir realizando diligencias de investigación a los efectos de determinar la posible responsabilidad de los mismos". 

Las querellas consideran las muertes de sus familiares en las residencias durante la primera ola como presuntos delitos de homicidio imprudente, de omisión del deber de socorro, de delito de trato degradante y
delito de prevaricación. Consideran que se les dirigió un "trato inadecuado" a los residentes que hizo que se contagiaran y murieran muchos de ellos.