Apenas han pasado siete días desde que la Audiencia Provincial de Madrid suspendiera la deliberación sobre el futuro de la causa judicial  contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y este lunes se retoma, en un gesto intencionado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para evitar críticas por un retraso en decidir si la causa se cierra o si continúa. 

Normalmente un fallo como el que se produjo en el juzgado del juez Juan Carlos Peinado, que olvidó entregar un recurso de Begoña Gómez a la Audiencia Provincial para su estudio, hubiera provocado un retraso de un mínimo de cuatro semanas, dicen fuentes jurídicas a este medio. Pero el TSJM ha priorizado el asunto y este lunes ha fijado la sesión de la Sección 23 de la Audiencia para la deliberación y el fallo sobre los recursos que piden el archivo de la causa contra Begoña Gómez.

Este lunes se conocerá, pues, si la causa se archiva, como pide la defensa de Begoña Gómez, ejercida por exministro socialista Antonio Camacho, y la Fiscalía; o si por el contrario continúa íntegra o delimitada.

La defensa de Begoña Gómez sostiene en su recurso que el juez Peinado está llevando a cabo una "investigación prospectiva", es decir, una investigación hipotética para ver si encuentra algún delito. Este tipo de investigaciones están prohibidas en democracia. 

Investigación prospectiva

El abogado se basa, entre otros detalles, en un párrafo que el juez Peinado plasmó en uno de sus escritos dirigidos a la defensa de Gómez. El juez dijo que está investigando "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial". Hay que recordar que la denuncia inicial la presentó la organización ultraderechista Manos Limpias, el 16 de abril pasado. 

Por parte de la Fiscalía se destaca que el juez Peinado no ha concretado los hechos objeto de la investigación y denuncia la "deriva procesal" en la que ha incurrido la causa.  

Un frente ultra

El juez Peinado mantiene investigada a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ante una denuncia de Manos Limpias, a la que se sumaron después media docena de organizaciones ultraderechistas, conformándose un sospechoso frente ultra como acusación popular. 

La Audiencia de Madrid ya intervino el pasado mes de mayo y ordenó al juez centrarse en su investigación en las adjudicaciones públicas a la UTE (Unión Temporal de Empresas) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, que había organizado el máster que dirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense sobre Transformación Social Competitiva y que había incorporado una carta firmada por Gómez como aval del proyecto presentado a dichas adjudicaciones. 

Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, también están siendo investigados por los mismos delitos. 

Sobre aquellas ayudas públicas, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) constató la inexistencia de irregularidades. Pese a esto, el juez prosiguió con la causa, a la que fue dando oxígeno a través de las acusaciones populares personadas.

Varapalo al juez Peinado

En el mes de mayo, la Audiencia de Madrid también le dijo al juez Peinado que dejara de lado aquellas partes de la denuncia de Manos Limpias que no tenían el mínimo exigido en cuanto a indicios que justificaran la investigación. Hay que recordar que la denuncia se basaba en noticias de digitales de la órbita de la derecha, incluso alguna noticia falsa. 

En este sentido, la Audiencia consideró que el rescate con dinero público a la aerolínea Air Europa no tenía visos de delito. Manos Limpias acusa a Begoña Gómez de haber ejercido influencia para favorecer el rescate de la compañía debido a su relación con el dueño de la compañía, Javier Hidalgo.

Hidalgo también es el propietario de Globalia, grupo empresarial que había colaborado con el IE Africa Center, dirigido en el pasado por Begoña Gómez y que se dedicada a promover proyectos de liderazgo y emprendimiento en el continente africano.

El rescate supuso una inyección de dinero público de 400 millones de euros, pero el tribunal dice que "la vinculación de la denunciada es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales que, en su momento puedan deparar nuevos datos y que quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno".