Dentro de un año, en noviembre de 2024, tocará repetir las elecciones
para la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el máximo órgano del gobierno interno de los jueces y magistrados de la Comunidad de Madrid. Entre otras funciones, la Sala de Gobierno propone a los magistrados suplentes y determina las normas de reparto de los asuntos que llegan. La mitad de sus miembros son elegidos por el censo de la carrera judicial en Madrid. 

En las últimas elecciones, en 2019, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de sensibilidad conservadora, se hizo con todas las plazas en liza. La Sala de Gobierno del TSJM no cuenta con algún representante de la única asociación progresista de la carrera judicial, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de sensibilidad de centro-derecha, tiene un representante. 

Esto da una idea de que en el organigrama del Poder Judicial en la Comunidad de Madrid está sobrerrepresentada una determinada ideología, que coincide con el partido que lleva cinco años bloqueando, por intereses partidistas, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Esta radiografía del TSJ de Madrid podría extrapolarse a un hipotético escenario en el que los jueces elijan a los vocales judiciales del CGPJ, como propone el PP y la mayoría de las asociaciones judiciales, y como recomienda la Comisión Europea. Los candidatos que van por libre, sin una asociación que les avale, tienen dificultades para obtener la plaza a la que aspiran. 

El 45% de los jueces no está asociado y solo 13 de ellos obtuvieron una plaza en las salas de gobierno de los tribunales superiores; el resto de puestos los ocuparon los candidatos de la APM, en primer lugar, seguidos por los de AJFV. 

No solo los datos de las cúpulas judiciales muestran un sesgo conservador; también el número de afiliados a las asociaciones (el 55% de la carrera judicial) enseña esta tendencia, ya que el grueso de los asociados se encuentra en el arco de la derecha y centro-derecha: la conservadora APM tiene en torno a 1.300 asociados; la AJFV, 850; JJpD, 445; y Foro Judicial Independiente, 340.

La ley del 'solo sí es sí' para desgastar al Gobierno

La cúpula del Poder Judicial de Madrid está formada por miembros de la APM en su inmensa mayoría, desde el presidente del TSJ hasta el de la audiencia provincial.

Desde Madrid especialmente se ha manifestado la resistencia de la judicatura a la más paradigmática iniciativa legislativa de la pasada legislatura, la ley del solo sí es sí , que fue el argumento de la campaña  del PP y Vox contra la norma que ponía en el centro el consentimiento sexual de la mujer. 

Los juzgados madrileños fueron los primeros que comenzaron a rebajar las penas a los agresores sexuales, mucho antes de que el Tribunal Supremo marcara la senda a seguir, que finalmente dio la razón a los jueces que consideraban que no había que tener en cuenta la disposición transitoria quinta del Código Penal, que impide rebajar una condena retroactivamente si también es posible imponerla con arreglo a la nueva ley.

A mediados de noviembre de 2022, un mes después de que entrara en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí,  la Junta Sectorial de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los magistrados de las quince secciones penales, acordó por mayoría en relación con la revisión de sentencias aplicar el principio de la legislación más favorable al reo sin tener en cuenta la citada transición. 

Así, desde Madrid, el ingente número de rebajas de penas a violadores sirvió de base a toda la campaña que desde la derecha se dirigió al gobierno de coalición. 

La exministra de Igualdad Irene Montero atribuyó genéricamente al machismo las rebajas de las condenas y dijo que había jueces que "están incumpliendo la ley" por "machismo". 

El presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se refirió este verano a aquellas declaraciones de la exministra de Unidas Podemos: "Por aplicar el derecho desde nuestra posición de independencia constitucional, se nos acusó sin el más elemental pudor de machistas, de ignorancia absoluta de la ley, cuando no de simples prevaricadores. Fuimos objeto de una auténtica campaña de descrédito y ataque que procedía de miembros del Gobierno", dijo Rodríguez Padrón durante la presentación de la memoria de 2022 del año judicial en Madrid.

Los jueces se echan a la calle por la amnistía del 'procés'

Ahora el foco está puesto en la futura ley de amnistía que servirá de anclaje a una legislatura complicada a priori. Y, de nuevo, el PP y Vox tienen en los jueces a sus mayores aliados. La carrera judicial se ha manifestado en prácticamente todas las comunidades contra la ley de amnistía y contra el acuerdo entre PSOE y Junts que recogía el término lawfare, la utilización de la Justicia para ir contra oponentes políticos. 

Ante las sedes judiciales y en muchos casos con la toga puesta, cientos de jueces y juezas han clamado por la separación de poderes y el Estado de derecho, que, según creen, están amenazados por una ley que en su preámbulo anuncia que pretende pacificar y superar el conflicto catalán. 

La Sala de Gobierno del TSJM y la junta de magistrados de las secciones civiles de la Audiencia de Madrid suscribieron hace unos días un comunicado que recordaba "el absoluto respeto a la división de poderes" que exige el Estado de derecho en relación al acuerdo de Junts y el PSOE, obviando que las manifestaciones de los jueces ante una cuestión política, que dirimirá el Parlamento, podrían dañar la imagen de independencia judicial. 

Poder político y poder judicial

"En la actualidad, ya no me atrevo a hablar de los tres poderes clásicos de la teoría del Estado moderno. Creo que ya solo existen dos: el poder político y el poder judicial". Estas palabras son del máximo responsable de los jueces y magistrados madrileños, Celso Rodríguez Padrón, en una reciente entrevista en Confilegal.

Según el argumento que desplegó Celso Rodríguez en esa entrevista, la teoría de los contrapesos para evitar los abusos de poder tiene un "claro límite: que el poder político no lleve a cabo injerencias --por no decir tentativas de invasión-- de algunas de las parcelas del Poder Judicial". 

El reproche público de Carlos Lesmes, el expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, a los indultos del Gobierno a los líderes del procés; el rapapolvo a los políticos que plasmó el magistrado Manuel Marchena en la sentencia del procés; y las críticas del juez Llarena por la reforma del Código Penal en cuanto a la derogación del delito de sedición podrían considerarse ejemplos de intentos de injerencia, pero en el sentido inverso a lo que sostiene el máximo representante de los jueces madrileños.