La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol

Una juez de la Audiencia de Barcelona ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión del exdiputado de CiU Oriol Pujol para cumplir la pena de dos años y medio que le fue impuesta por el caso de las ITV, si bien esta resolución se puede recurrir, lo que dejaría en suspenso su entrada en la cárcel hasta que fuese firme.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), la magistrada de la sección 20 de la Audiencia, encargada de resolver la ejecución de condena a Oriol Pujol, ha desestimado su petición de conmutar por trabajos en beneficio a la comunidad la pena de cárcel que le fue impuesta por usar su influencia política para favorecer a empresarios afines y cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV.

En el auto, la magistrada requiere a Pujol que en el plazo de diez días ingrese voluntariamente en un centro penitenciario, advirtiéndole de que si no lo hace se acordará su detención, si bien sobre esta resolución cabe recurso de súplica, que suspendería el ingreso efectivo hasta la firmeza de la resolución.

Oriol Pujol defendió, en una vista convocada el 10 de diciembre en la Audiencia, sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos –"Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo"–.

El abogado de Pujol, Xavier Melero, argumentó que la suspensión de la pena de cárcel técnicamente es posible –porque Pujol no es reo habitual y las penas de los tres delitos por los que fue condenado por separado no superan los dos años–, y defendió ante los medios que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen "eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño".

La defensa también argumentó en la vista que Pujol había reparado en buena parte el daño simbólico por el reconocimiento público de los hechos, y destacó que había renunciado a su actividad política y pública, comportando una 'pena natural' que implicó la "destrucción" de su carrera política y profesional, lo que elimina el riesgo de reincidencia, según recoge el auto.

Pujol alegó que su ingreso en prisión perjudicaría gravemente su entorno familiar –tiene a tres hijos a su cargo– y su arraigo laboral y social, en plena recomposición ya que había conseguido "esforzadamente" rehacer su vida laboral, y que estaba trabajando como voluntario en entidades sociales.

En la vista, según detalla la Audiencia, Pujol reconoció su error, recordó que había colaborado con la justicia, y explicó que ha notado "el desprecio y la decepción de mucha gente", además de resaltar su vocación política y cómo se había truncado su proyecto vital y está estigmatizado socialmente.

Hechos muy graves

La Audiencia ha rechazado la petición argumentando que Pujol cometió hechos "muy graves" porque en lugar de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos –fue presidente del grupo parlamentario de CiU, secretario general adjunto y secretario general de CDC– se aprovechó en beneficio propio.

"No actuó en interés del pueblo al que representaba (era diputado) sino en el suyo propio", y no fue de forma aislada sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirma la Audiencia.

El tribunal asevera que su actuación "ha supuesto un ataque muy importante" al Estado de derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes.

Insiste en que no hay ningún elemento que aconseje suspender la pena y atender a la petición de Oriol Pujol ya que, con su ingreso en prisión para cumplir su condena, "se restablece la confianza del ciudadano en la norma jurídica, lo que no se lograría en caso contrario, por cuanto ante la suspensión de las penas de prisión impuestas por la comisión de tan graves hechos se vería desprotegido por el ordenamiento jurídico".

Así, se alinea con la tesis de la Fiscalía, que se había opuesto a la suspensión al tratarse de una condena por delitos relacionados con la corrupción política, "por la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho".