El Gobierno acelera este martes la maquinaria para confeccionar y aprobar su plan de choque para el Sistema de Dependencia, que ya venía recogido en el acuerdo de coalición, pero que ha cobrado especial relevancia tras la pandemia del coronavirus, con especial incidencia en la población más vulnerable. "Ahora es más urgente que nunca", sintetizan desde la Vicepresidencia Segunda.

En concreto, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dependiente de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, ha convocado la primera reunión de la mesa de diálogo social del sector de atención a la dependencia, con la participación de los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, para "repensar" y "revisar el modelo" de atención a los dependientes.

Así, entre los pilares de este plan destacan la reversión de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en esta materia, y la búsqueda de un mejor modelo de financiación, que debería definirse en el marco del diálogo social, y que necesariamente tiene que pasar por un aumento de los recursos.

La idea es "dar una respuesta urgente a los dependientes", así como "recuperar derechos vinculados a unas prestaciones que no se están reconociendo", según estas fuentes. Se espera que la reunión sirva para aprobar un calendario de trabajo, definir las líneas a seguir y consensuar la metodología de trabajo para los próximos meses.

Por su parte, desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales afirman que, en lo que toca a esta materia, trabajan en varias direcciones: desarrollando este plan de choque; analizando los cambios a medio plazo en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), y en el modelo de atención -con la constitución de un grupo de trabajo en el Consejo Territorial, que empezará a operar en septiembre-; y en las distintas reuniones celebradas con asociaciones del sector y agentes sociales hasta la fecha.

La mesa de diálogo social se reúne además después de las últimas reclamaciones de sindicatos como UGT y CCOO, y de asociaciones como AESTE o ASADE -Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, y Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, respectivamente-, que ya han elaborado su propio plan de choque, en el que también abanderan la importancia de revertir recortes y mejorar la financiación del Sistema, o la necesidad de modificar el SAAD, sin ir más lejos.

El momento elegido para dar estos nuevos pasos tampoco es casual, como avanzó el viernes el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en entrevista con EFE. Según Álvarez, y una vez superada la etapa más aguda de la pandemia, la aprobación de este plan debe llegar, "a la mayor celeridad y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales".

El Ejecutivo espera que el techo de gasto para las nuevas cuentas públicas llegue al Congreso de los Diputados en septiembre, si bien no cuenta con la aprobación de los Presupuestos para 2021 en la cámara hasta algunos meses después, previsiblemente tras las elecciones catalanas, aún sin fecha.

El secretario de Estado, además, reclamó un modelo de financiación en el que el la administración central aporte un 50% y las comunidades autónomas otro 50% -ahora sufragan el 17% y el 83%, respectivamente-, y cuantificó en 400 millones de euros la cantidad que España ha dejado de gastar en dependencia durante los años de gestión del PP, pese a que el número de beneficiarios ha aumentado en casi medio millón de personas.

La revisión del Sistema de Dependencia, según Álvarez, también debe atender a las variables cualitativas, mejorando la teleasistencia y la atención domiciliaria, y primando así la permanencia de las personas dependientes en sus hogares -en lugar de ser trasladadas a residencias y centros especializados-. Esta es precisamente una de las claves del modelo que contempla el Ejecutivo para las residencias de mayores.

El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos plasma su compromiso de reducir de forma "drástica" las listas de espera, "al menos" en un 75% durante toda la legislatura. También explicita su voluntad de mejorar las cuantías "en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia"; de estudiar las incompatibilidades entre prestaciones para eliminar las que no sean útiles, y el compromiso de elaborar un "Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores, en coordinación con las comunidades autónomas, que permita garantizar una atención digna a nuestros mayores". 

El primer informe de recomendaciones y propuestas sobre residencias, en cuestión de días

En otro orden de cosas, la secretaría de Estado prevé presentar en cuestión de días un informe del grupo de trabajo "Residencias y Covid-19", un análisis sobre la grave situación vivida en estos centros, con propuestas, información, recomendaciones y medidas de coordinación para evitar un rebrote del virus, extrayendo "las principales enseñanzas" derivadas de la crisis sanitaria.

Un segundo documento en este sentido verá la luz en septiembre, siempre según las previsiones de la Secretaría de Estado. El pasado 25 de junio, la Comisión Delegada de la Dependencia del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD acordó crear dos grupos de trabajo sobre centros residenciales

En un comunicado remitido desde la Vicepresidencia Segunda en esa jornada, tras reunirse la Comisión Delegada, se especificaba que ambos grupos estarían integrados "tanto por la Administración General del Estado como por las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales". El segundo, pendiente de elaborar este informe, y centrado en el "Modelo de atención residencial", persigue "debatir y consensuar" entre todas las administraciones diferentes propuestas para mejorar el actual modelo y la calidad asistencial.