CERCO JUDICIAL AL SOBERANISMOMas asume la responsabilidad política de “todo” el 9-N

El expresidente del Govern catalán, Artur Mas, ha asumido la responsabilidad política de “todo” el 9-N, durante la primera sesión del juicio por la convocatoria de esta consulta soberanista a pesar de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional.

Mas no se ha movido de su posición defensiva, al asumir la responsabilidad política de aquel proceso, y ha reiterado los mismos argumentos que esgrime desde 2014. El fue “el máximo responsable” político y las directrices partieron de su Govern porque obedecía el mandato del Parlamento de Catalunya.

Artur Mas ha resaltado que el president es elegido por el parlamento autónomo, no por la ciudadanía, y que aquel proceso no fue “un capricho inadecuado, una salida de tono, una ocurrencia de última hora”, sino la consecuencia de los mandatos de la cámara y que no hubo “ánimo de desobedecer” al TC.

Mas, la exvicepresidenta Irene Rigau y la exconsejera Joana Ortega se han acogido a su derecho a no declarar a las acusaciones y sólo han respondido a las preguntas de sus abogados respectivos.

Los tres han sostenido en todo momento ante el tribunal que los juzga por prevaricación y desobediencia que en ningún momento fueron advertidos de las consecuencias de la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional.

Pasaron “más de quince días” “de ridiculización y mofa” por parte de autoridades del “Gobierno español” y de representantes de parte de las “instituciones del Estado” sobre la irrelevancia de la consulta, en palabras de Mas… hasta que Mariano Rajoy decidió recurrir al Tribunal Constitucional.

Fueron los días comprendidos desde que la convocatoria del 9-N, el 14 de octubre de 2014, hasta que el Gobierno central la recurrió al Constitucional, el 31 de octubre.

El entonces president recibió un correo electrónico el 4 de noviembre de 2014 del presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, comunicándole la suspensión cautelar que había dictado el TC. Y, para entonces, el proceso de consulta ya estaba en manos de los voluntarios, según la versión aportada por los tres.

La resolución del TC era “genérica”, ha incidido el expresident al tiempo que ha explicado que, tras recibir la resolución, la consulta cambió “de formato” y el Govern ya no fue “directamente responsable” del 9-N aunque prestara “apoyo”.

Tanto él como Rigau y Ortega han insistido en que no existió una advertencia explícita del alto tribunal sobre las consecuencias de incumplir la suspensión cautelar del TC que les ha llevado a los tres al banquillo de los acusados.

Mas, Ortega y Rigau son juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia grave. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el entonces presidente de Catalunya y 9 años para su vicepresidenta y consejera de Educación.

Los “voluntarios”. Ha sido la palabra más repetida por los tres acusados. Cuando el 4 de noviembre el TC dictó su providencia, el proceso había quedado en manos de los voluntarios.

Todos los trabajos estaban ya entregados, finalizados para entonces, ha recordado Ortega. “Y facturados”, ha apostillado su abogado, Rafael Entrena. “Y facturados”, ha respondido la exvicepresidenta. Los voluntarios llevaban hasta la web de la convocatoria.

Irene Rigau ha asegurado que tiene “tranquilidad de conciencia” porque no es consciente de haber cometido delito alguno de desobediencia al Constitucional.

Rigau ha recordado también que existen sentencias del Tribunal Constitucional –por ejemplo, de concesión de becas- que el Gobierno central no cumple y recuerda la “confusión” de aquellos días de “todo el entorno político”.

Aquellos días, ninguna autoridad del Estado adoptó iniciativa alguna para impedir que se celebrara el 9N, ha recordado Mas. Incluso se ha dirigido a la Fiscalía, para reiterar que tampoco el ministerio público actuó, al tiempo que ha recordado que el fiscal que le acusa, Emilio Sánchez-Ulled, estaba de guardia. Tampoco actuó el TC.

Esa referencia ha sido uno de los momentos más incómodos de la declaración de Artur Mas. Había tensión al inicio del juicio, porque el Palacio ha amanecido rodeado de miles de concentrados en apoyo a Mas, Ortega y Rigau. Sociedad Civil Catalana rebaja la cifra de 16.000 personas, frente a los 40.000 contabilizados por el Ayuntamiento de Barcelona.

Los Mosso d’Esquadra realizaron tal despliegue de inhibidores que a los periodistas les resultaba imposible trabajar y comunicarse con las redacciones.

Tras una protesta, la policía autónoma ha rebajado la protección frente a los aparatos tecnológicos para permitir las comunicaciones entre los 345 profesionales acreditados de este juicio “histórico”, según Mas, porque es “la primera vez que se enjuicia a un Gobierno democrático”.

Al reducir los inhibidores, los Mossos han descubierto que había un inhibidor incontrolado que también actuaba en torno al Palacio de Justicia. Se desconoce quién es el propietario de dicho inhibidor, según fuentes policiales.

Otro momento tenso ha sido cuando el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha reprendido a Artur Mas por formularse preguntas y le ha recordado que estaba allí como acusado: debía limitarse a responder, si lo deseaba, pero no preguntar.

Barrientos ha explicado a Mas que no había respondido a la pregunta de su abogado, Xavier Melero, centrada en si era responsable de que el 9 de noviembre de 2014 hubieran abierto los institutos para realizar la consulta. Y el expresident se ha tensado al responder: "Sí, he contestado. Si he dicho que soy el responsable de todo, también lo soy de esto".

El presidente del tribunal también ha reprendido en privado a los abogados defensores, porque el juicio ha comenzado casi con una hora de retraso. Los letrados le han respondido que había dificultad para acceder al Palacio de Justicia por la masiva manifestación convocada a las puertas del edificio, a lo que Barrientos ha replicado que ellos sí que podían haber estado presentes a las 9 de la mañana, la hora señalada para el inicio de la vista, que se ha retrasado 53 minutos.

Reacciones políticas muy diversas

El inicio del juicio para el 9-N y la masiva movilización independentista ha provocado una avalancha de valoraciones políticas de firma muy diverso, desde el apoyo total y absoluto a los encausados y el rechazo a la judicialización de la política hasta las críticas al "victimismo" del soberanismo catalán. La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha manifestado que este lunes "el pueblo de Catalunya ha vuelto a dar una lección de civismo". "[La movilización] es la prueba de que realmente que hay muchísima gente que se siente muy orgullosa de lo que pasó el 9-N. Tal como se ha demostrado, el pueblo de Catalunya tiene la firme voluntad de decidir su futuro. esto no se detendrá ", dijo en declaraciones a Catalunya Radio.

El vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha subrayado que "ahora toca defender la democracia y ejercer los derechos democráticos, como el derecho a voto". "Estamos aquí para servir a la causa de la democracia y de la justicia", agregó el también presidente de ERC. El espacio de los Comunes también ha rechazado en bloque el juicio por el 9-N, mientras que los socialistas han sido más ambiguos, ya que Miquel Iceta ha manifestado que no consideraba a Mas "un delincuente", pero que tampoco tenía ninguna intención de participar en las movilizaciones de apoyo. También ha añadido que la justicia debe poder actuar "con independencia y sin presiones". Más contundente en el rechazo al juicio ha sido la alcaldesa de Santa Coloma y rival de Iceta en las primarias del PSC, Núria Parlon, como ha expresado en un tuit.