Así consiguió la 'policía política' de Interior convencer a los dueños de la BPA para que delataran a Jordi Pujol

Los hermanos Ramon e Higini Cierco, dueños de la Banca Privada d’Andorra (BPA), siempre han sido considerados españoles en Andorra. Su círculo de amistades ratifica, explican importantes ciudadanos del país vecino, que colaboraron con el Ministerio del Interior que encabeza Jorge Fernández Díaz debido a sus buenas relaciones con un letrado, José María Fuster Fabra, que durante años llevó la defensa de los afiliados al Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que en 2014 controlaban la cúpula de la Policía Nacional.

Fue a él a quien recurrieron, aseguran diferentes fuentes consultadas por Público, cuando en mayo de 2014 el agregado de la Policía en la Embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, le dijo a su consejero delegado, Joan Pau Miquel, que debía acudir a Madrid y entrevistarse en el Hotel Villamagna con un agente llamado Félix. El objetivo era confirmar que en su banco tenían dinero depositado importantes dirigentes del nacionalismo catalán, como Jordi Pujol, Xavier Trías u Oriol Junqueras.

Nada salió de ese encuentro. Sin embargo, los Cierco ya tenían el miedo metido en el cuerpo después de que su banco se viese sumergido en las operaciones Clotilde, contra la mafia rusa, y Emperador, contra la red de Gao Ping. Así que su amigo Fuster Fabra encontró el momento ideal para aplacar las tensiones entre sus clientes y el número dos de la Policía y afiliado al SPP, Eugenio Pino, y otro de los comisarios de ese sindicato: la boda de su primo Juan Ignacio Fúster Fabra.

Un tiempo antes, otro agregado de la embajada de Andorra, Bonifacio Díaz, le había dicho a la secretaria de la BPA que debía acudir a un bar y contestar una llamada telefónica de un tal Félix, en la que le preguntó, según la declaración del directivo de la entidad bancaria, por las cuentas de los políticos mencionados. Tras la sustitución de Díaz, conocido como Boni entre sus compañeros, éste fue destinado a la brigada política creada por Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa dependiente del ministro del Interior, y le sustituyó en el puesto andorrano Celestino Barroso.

Hace una semana, Higini Cierco quiso denunciar ante la juez que instruye en Andorra una de las tres investigaciones que recaen sobre su banco, Canòlic Mingorance, que había recibido presiones de la Policía española, porque presuntamente les amenazó con que Estados Unidos les intervendría su filial Banco Madrid si no colaboraban en la Operación Catalunya. Higini Cierco describió dos encuentros en los que él y su hermano se sintieron amenazados por el ex número dos del cuerpo, el comisario Eugenio Pino, y por el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas.

El primer encuentro descrito fue instigado por Barroso, quien instó esta vez al consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, a viajar a Madrid y reunirse con Martín Blas. El encuentro no fue muy largo, puesto que el ejecutivo del banco no estaba dispuesto a revelar información de sus clientes.

Pero el 21 de junio de 2014, en la finca La Camarga –casualmente llamada igual que el restaurante en el que fueron grabadas en 2010 la ex del primogénito de Pujol y la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho–, situada en la carretera de Colmenar Viejo (Madrid), se celebró la boda que iba a suponer el punto de inflexión entre las relaciones de los Cierco y la Policía. Aunque los dueños del BPA han declarado ante la juez que los comisarios Pino Martín Blas les acosaron desde el aperitivo y durante la comida hasta que pudieron zafarse, asistentes cercanos a este círculo no confirman ese extremo.

Al evento acudió lo más granado de la abogacía, la Justicia e incluso la patronal españolas. Las diferentes fuentes consultadas por Público aseguran que “en la mesa estaban sentados Higini Cierco y otro empleado de la BPA, el abogado José María Fuster Fabra y los comisarios Pino y Martín Blas. Todos ellos con sus mujeres. En ningún momento nadie de las mesas aledañas escuchó nada que hiciera pensar en una situación violenta; al contrario, fue una situación afable, con bromas y risas”.

Tan sólo unos días después, alrededor del 26 de junio, los propietarios de la BPA enviaron a su consejero delegado, Joan Pau Miquel, a Madrid para volver a reunirse con un policía a quien hasta ese momento sólo conocía por el nombre de Félix. No tenía mucho que contarle, tan sólo darle el extracto de la cuenta del expresident Jordi Pujol que demostraba los ingresos y transferencias realizadas a través de la Banca Privada d’Andorra: casi 5 millones de euros.

Los Cierco, sin embargo, nunca mostraron ningún malestar entre sus conocidos. No fue hasta que El Mundo publicó un pantallazo del extracto de la cuenta de la familia Pujol, al final de ese verano, cuando expresaron su enfado con la Policía española, porque dar a conocer esa información contribuía a probar una posible revelación de secretos por parte del banco, algo que también investiga un juzgado andorrano. “Sufrían además muchas presiones en Andorra porque son considerados ‘los españoles’ dentro del mundo de la banca y todo el mundo estaba convencido de que habían colaborado con el Ministerio del Interior en el caso de los Pujol”, aseguran fuentes andorranas consultadas por Público.

Hasta marzo de 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no intervino la filial madrileña de la BPA, el Banco Madrid. Como desveló Público, se buscaba el dinero que dirigentes venezolanos podrían haber traído a España y guardado en dicho banco. Según reconoce el FinCEN en su nota, la intervención del Banco Madrid viene después de las investigaciones realizadas por los estadounidenses sobre el dinero de las mafias rusas, china y venezolana; aunque esta última no se terminó de confirmar.

En España esas dos primeras investigaciones se tradujeron en la Operación Clotilde contra Andrei Petrov, que investigó la Guardia Civil desde 2011, y la Operación Emperador que llevaba la Policía Nacional.