Arturo Ruiz tenía 19 años. Estudiaba y trabajaba como albañil. Era el 23 de enero de 1977. En sus bolsillos llevaba una foto de carné de una mujer, un llavero de los hermanos Kennedy y 75 pesetas. Era activo políticamente. De izquierdas. Aquel día salió a las calles para participar en una manifestación que reclamaba una amnistía política total para los presos antifranquistas. Fue asesinado cruelmente. Por la espalda. José Ignacio Fernández Guaza, miembro de un comando ultraderechista de cuatro personas con vínculos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, acabó con su vida. Le disparó dos veces mientras Arturo trataba de huir. El asesino acertó con el segundo disparo. Antes, había gritado 'Viva Cristo Rey'. 

José Ignacio Fernández Guaza huiría rápidamente del país. Se sabe que pasó por Euskadi. Que desde allí llamó a su pareja y le pidió que mandara dinero a un amigo suyo. Después, se conoció que este amigo era Guardia Civil. De ahí pasó a Francia y nunca más se tuvo certeza de su paradero. El Ministerio de Justicia confirmó que en sus archivos no consta ninguna petición de extradición o de comisiones rogatorias a otro país. Pero Guaza no actuó solo. De hecho, la pistola con la que asesinó a Ruiz no era suya. La portaba el también ultraderechista Jorge Cesarsky. Este, según declaró ante la Justicia, había sacado la pistola de su bolsillo para disparar al aire con el objetivo de amedrentar a los manifestantes. Fue entonces cuando Fernández Guaza le arrebató el arma para disparar mortalmente contra Arturo. Era una pistola de calibre 7'65 x 17 mms, de cañón fijo, semiautomática. Sin guía de pertenencia ni licencia de uso. 

El juicio en la Audiencia Nacional concluiría en 1978 y la sentencia condenaría únicamente a Jorge Cesarsky. La pena fue mucho menor que las reclamadas por Fiscalía y los representantes de la familia. Cesarsky fue condenado a cinco años y medio de prisión por un delito de terrorismo y otros seis meses de arresto mayor por un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia tuvo en cuenta, para rebajar la condena, que Cesarsky no se ocultó ni rehuyó de la acción de la Justicia. También que su acción, la de disparar al aire, no tuvo resultados dañosos. Según informó El País, Cesarsky sólo cumpliría un año de prisión. Mientras se resolvía su recurso ante el Tribunal Supremo, quedó en libertad provisional. Era febrero de 1979 y Cesarsky se habría beneficiado de la amnistía política que Arturo Ruiz reclamaba en las calles. Una nueva paradoja de la Transición. Una más. 

José Ignacio Fernández Guaza. La investigación judicial le saló como autor de los disparon que acabaron con la vida de Arturo Ruiz.

Los padres de Arturo Ruiz no tomaron ninguna iniciativa judicial más. El dolor, como dice ahora Manuel Ruiz, hermano de la víctima, era demasiado intenso. Punzante. En 1997, una vez fallecidos los padres, los hermanos volvieron a acudir a la Justicia española. Sin embargo, tras llevar a cabo unas diligencias el juez Javier Gómez de Liaño volvió a archivar el caso. Tres años después, en el 2000, la Audiencia Nacional certificó la prescripción del asesinato. Sin embargo, los hermanos no han parado de reclamar verdad, justicia y reparación. En España y allá donde los han querido escuchar.

En 2015 se unieron a la conocida como Querella Argentina, única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo y de la Transición. Su testimonio y el caso de Arturo es uno de los que ha servido de base para la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa como máximo responsable de las Fuerzas del Orden Público entre julio de 1976 y abril de 1979. Y la semana pasada, de hecho, Manuel Ruiz, hermano de Arturo, estuvo en Buenos Aires prestando declaración. Lo hizo ante la jueza María Servini y, al día siguiente, ante el fiscal del caso. Allí contestó a todas las preguntas. Allí se sintió escuchado. 

"Nos han escuchado. Nos han tratado con respeto. Han atendido pacientemente a todo lo que teníamos que decir y nos ha tomado declaración. El trato que hemos recibido de la Justicia de Argentina nos ha sentado bien. Es un poco de reparación, aunque sea en un país tan lejano al nuestro", explica a Público Manuel Ruiz. 

Este viernes, además, el Ayuntamiento de Madrid instalará una placa en memoria de Arturo Ruiz en las inmediaciones de la Plaza de Santa María de Soledad Torres Acosta, más conocida como Plaza de la Luna, cercana a las calles Estrella y Silva donde Arturo fue asesinado. La instalación de la placa también supone un elemento "reparador" para la familia. Aunque también con una connotación agridulce. Cuenta Manuel Ruiz que dos comunidades de vecinos rechazaron instalar la placa en la fachada de su edificio, por lo que el Ayuntamiento tuvo que buscar un emplazamiento alternativo. 

Cartel que informa del acto de inauguración de una placa en honor a Arturo Ruiz.-

"La placa llega en tiempo de descuento. Un día antes del cambio de gobierno, pero llega y eso es lo importante. Era una deuda que el Ayuntamiento tenía con nosotros y nosotros con mis padres, que sufrieron mucho con este asunto", prosigue el hermano de Arturo, un año mayor que él.

En este sentido, el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Mauricio Valiente, ha señalado a Público que es "un imperativo ético buscar la igualdad en la consideración social e institucional de las personas que sufrieron el acoso del fanatismo de extrema derecha y parapolicial en la época de la transición". "El caso de Arturo Ruiz es un ejemplo emblemático de cuanto digo. Un símbolo del precio en sangre que nuestra sociedad pagó por conseguir la democracia en España. Por eso, el acto de este viernes es un acto de memoria, pero también, y sobre todo, un acto de justicia", ha explicado Valiente.

Una lucha por la verdad

Manuel Ruiz reconoce el valor de este tipo de acciones y señala que tienen efectos de reparación. Pero que la lucha que mantiene es otra. Es una lucha por la justicia y, sobre todo, por la verdad. A día de hoy, 42 años después de la muerte de su hermano, hay muchos cabos sueltos. Demasiados. El primero ya se ha comentado. Se desconoce el paradero del asesino de Arturo Ruiz. Pero hay más. Fernández Guaza, por ejemplo, tenía en su casa un maletín con 400 cartuchos de nueve milímetros. ¿De dónde los había sacado? Otro. Tras asesinar a Arturo se desplazó a Euskadi, desde donde llamó a su pareja y pidió que le mandara dinero a un amigo, que era un guardia civil de Gernika. ¿Qué vínculos y de qué naturaleza tenían este comando ultraderechista con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Un reportaje de El País, firmado por Iñigo Domínguez, recoge que la pareja de Fernández Guaza declaró ante el juez en 1977 que su compañero trabajaba para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por su parte, la hermana de Guaza declaró que "realizaba funciones que la policía no podía hacer" y que iba con frecuencia a Euskadi "a ayudar a la Guardia Civil con los jaleos de ETA". Sin embargo, estas líneas de investigación no llegaron a ningún lado. Por los casi 800 folios de sumario desfilaron nombres de cubanos anticastristas exiliados en Estados Unidos que recalan en España y de fascistas italianos como Stefano Delle Chiaie. También el de Ángel Sierra, miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey, amigo de Fernández Guaza y quien durante la agonía del dictador Franco estaba sentado en la sala de espera del hospital. Sierra, de hecho, fue detenido y puesto en libertad al cabo de una semana.

La "semana trágica" de la Transición

El asesinato de Arturo Ruiz abriría lo que se conoce como la semana trágica de la Transición. Él murió el 23 de enero de 1977. Al día siguiente, en una manifestación de protesta por el asesinato de Ruiz, moriría Mari Luz Nájera tras recibir el impacto de un bote de humo de la Policía en la cabeza. Y apenas unas horas después de la muerte de la joven, otro comando ultraderechista entraría en las oficinas de un despacho de abogados laboralistas en Atocha asesinando a cinco personas: Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Cuatro lograron salvar la vida: Luis Ramos, Miguel Sarabia, Dolores García y el propio Alejandro.

"Arturo Ruiz fue la primera víctima de la semana trágica de la Transición. Fueron cuatro o cinco días de mucha violencia en las calles con la extrema derecha campando a sus anchas. La tensión fue in crescendo. Primero, Arturo. Después, Mari Luz y los abogados de Atocha. Madrid estaba lleno de manifestaciones contra el régimen y la extrema derecha y las fuerzas involucionistas trataron de mantener una estrategia de terror y tensión que propiciara una intervención militar. Sin embargo, consiguieron todo lo contrario. Reforzaron el camino hacia la democracia", explica a Público el periodista e investigador Mariano Sánchez Soler, autor de La Transición Sangrienta (Península). 

Por la crueldad, por su simbolismo, la matanza de los abogados de Atocha centró la mayor parte de la atención mediática. A ellos fueron los grandes homenajes y el recuerdo y agradecimiento permanente de la España democrática. Sin embargo, a los familiares de Arturo Ruiz les ha quedado un sensación extraña. Sienten admiración por el trabajo de los abogados. Han participado en homenajes y reconocimientos, pero también les queda la sensación de que el nombre de su hermano ha ido desapareciendo de la historia. Quizá eclipsado por el de los abogados. 

"Es un tema sensible para nosotros. La matanza de los abogados fue una auténtica barbaridad. Empezaron asesinando a mi hermano y continuaron con ellos. Sentimos toda la empatía del mundo con los supervivientes y familiares de las víctimas. Pero a veces uno piensa que también es injusto que el nombre de mi hermano siempre se nombre de pasada y en los últimos párrafos de un artículo que habla sobre la matanza de Atocha. Me da un poco de tristeza. No quiero que el nombre de mi hermano desaparezca de la historia. Las cosas que se olvidan no sirven para nada", sentencia Manuel Ruiz.