La ARMH denuncia que el Gobierno sólo ayude a exhumar a los caídos de la División Azul

MADRID.- La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo denunciando la discriminación que supone que el Ejecutivo participe en la exhumación de caídos de la División Azul mientras ignora a los miles de desaparecidos de la dictadura franquista.

"Partiendo del respeto al derecho de cualquier ser humano a una sepultura digna, queremos denunciar la discriminación y el maltrato que sufren por parte del Gobierno de España las familias de los 114.226 desaparecidos de la dictadura franquista", denuncia la ARMH en la denuncia remitida al Defensor del Pueblo.

La participación del Gobierno en la exhumación y repatriación de caídos en la División Azul, el grupo de españoles que Franco envió a la II Guerra Mundial para luchar junto a Hitler, se conoció este domingo cuando se hizo pública la respuesta del Ministerio de Defensa a una pregunta parlamentaria realizada por Amaiur. 

Concretamente, el Gobierno reconoció que participa en este proceso mediante la recepción de las peticiones de familiares para la recuperación de restos, la identificación personalizada de los mismos, el apoyo a la realización de trámites de traslado por vía aérea, la recepción de restos en el aeropuerto de Barajas y su posterior entrega a los familiares.

El esfuerzo del Gobierno en repatriar y exhumar a los caídos de la División Azul contrasta, por contra, con la política del mismo respecto a las víctimas del franquismo. El Gobierno de Mariano Rajoy no destina ni un euro desde el año 2012 a localizar y exhumar a las decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que continúan en las cunetas de todo el país. 

Por ello, la ARMH requiere a la oficina del Defensor del Pueblo "una investigación de por qué en este país el Estado se mantiene impasible ante el drama de miles de familias y cuáles son las razones por las que en la gestión de los fondos públicos se realiza con criterios de discriminación política, cuando las medidas del Gobierno llegan a la inhumanidad de permitir que miles de ciudadanos mueran sin la tranquilidad de saber qué les ocurrió a sus seres queridos y habiendo podido darles una sepultura digna".

Informe de la ONU

Recientemente dos informes de la ONU han señalado las obligaciones del Estado español en la búsqueda de desaparecidos. Por un lado el del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada en Involuntaria de Personas, dependiente del Alto Comisionado de Derechos Humanos; y por otro, el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff.

Ambos dictámenes señalan la urgencia con la que debe actuar el Gobierno español, teniendo en cuenta sus compromisos internacionales adquiridos voluntariamente, como la ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas.