Aragón quiere tener aprobada este año su Ley de Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática de Aragón se registrará en las Cortes autonómicas antes del próximo verano con la intención de aprobarla a finales de año, según ha anunciado el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Vicente Guillén, quien ha informado en rueda de prensa de que el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de ley este martes.

El objetivo de esta iniciativa legislativa es crear "un marco jurídico estable para implementar medidas en materia de memoria democrática para mejorar la convivencia y la calidad de nuestra democracia a través de los valores que le son propios", ha expuesto Guillén, quien ha llamado la atención sobre "la necesidad de desplegar actuaciones" en este ámbito "como consecuencia de la asfixia" a la que el Gobierno de España "ha sometido" a la Ley estatal aprobada por las Cortes Generales en 2007 sobre la misma materia, "dotándola de cero euros".

También ha apuntado que otras regiones, como Andalucía, Navarra, Cataluña y el País Vasco ya han aprobado su propia normativa y la Comunidad Valenciana lo hará próximamente.

El titular de Presidencia, cuyo Departamento ha asumido los trabajos de elaboración junto con los de Educación y Vertebración Territorial, ha dicho que el Ejecutivo de Javier Lambán quiere enviar el mensaje de que la memoria democrática "no es un asunto del pasado, sino que afecta a nuestro presente y a la calidad de la democracia".

El anteproyecto de ley prevé declarar el 3 de marzo Día de la Memoria Democrática de Aragón, al ser la fecha en que (en 1938) se produjo el bombardeo de Alcañiz (Teruel) y es "símbolo del sufrimiento que tuvo que soportar la población civil".

En cuanto a la financiación de esta ley, Vicente Guillén ha señalado que "nos vamos a dar un tiempo para ponerla en funcionamiento", aunque los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 incluye una partida de 275.000 euros.

Ley "valiente"

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha recordado que este era uno de los 50 puntos del acuerdo de investidura de CHA y PSOE. Después de tres décadas de autonomía, se puede "abordar de una manera madura el pasado traumático de la guerra civil y la dictadura", ha planteado Soro, quien ha considerado que este es "un gran momento para construir nuestra memoria democrática" con un anteproyecto de ley "valiente".

Ha expresado que "en Aragón hay peculiaridades" que justifican esta ley, como la existencia, durante la guerra civil, del Consejo de Aragón, una entidad de autogobierno que reconoció la República, y también el hecho de que la región estuvo partida en dos por la línea del frente, por lo que fue uno de los territorios donde la presencia cotidiana de la guerra fue "más contundente".

Soro ha señalado que el texto legal elaborado se basa en los principios de verdad, reparación y justicia, así como la garantía de no repetición, de los que dimanan los valores que informan la futura ley, que son convivencia, respeto, igualdad y cultura de la paz.

El anteproyecto define el concepto legal de víctima, que incluye a las personas desaparecidas, bebés robados, quienes sufrieron privación de libertad o represión, los condenados por tribunales ilegítimos, los exiliados, presos en campos de concentración, guerrilleros y miembros de partidos políticos o sindicatos ilegalizados, así como familiares inmediatos de víctimas directas.

Además, se reconocen derechos, como conocer "la historia de ese pasado traumático desencadenado por el golpe militar de 1936", a investigar lo sucedido con los familiares, la reparación moral a todas las víctimas y el derecho de no repetición.

Esta iniciativa legislativa establece varios instrumentos, como un censo de desaparecidos y víctimas de la guerra civil y el franquismo, la ampliación del mapa de fosas y enterramientos clandestinos, sendos protocolos de exhumaciones de fosas y de muestras de ADN, así como un Plan Estratégico de Memoria Democrática.

Además se regulan los símbolos y actos contrarios a la memoria democrática y se prohibe "de forma absoluta" su exhibición pública, entre otros placas, escudos, insignias, inscripciones en edificios públicos, que deberán ser retirados o eliminados. Se revisarán las distinciones y títulos honoríficos concedidos a personas vinculadas con el régimen franquista. Se confeccionará un censo de símbolos contrarios a la memoria democrática y las personas físicas o jurídicas, como entidades locales, que los toleren no podrán recibir subvenciones ni ayudas públicas de la Comunidad Autónoma.

El texto legal prevé un régimen sancionador y, por ejemplo, tipifica como muy grave la destrucción de fosas y será grave el incumplimiento de la obligación de la retirada de símbolos. "Es una ley para pasar página, pero solo cuando la hayamos escrito", ha aseverado Vicente Guillén.

Anhelo colectivo

Por su parte, la consejera de Educación, Mayte Pérez, ha manifestado que el anteproyecto de ley es "fruto de un anhelo colectivo por el respeto, la convivencia y el conocimiento de nuestro pasado".

El Gobierno de Aragón entiende la educación como "la espina dorsal del proceso de aprendizaje que hay en la vida" para "formar a personas buenas para ese proceso de creación y construcción del ser humano desde el respeto, la convivencia y la actitud crítica".

De esta forma, se ofrecerá información "veraz, extensa y actualizada" a los estudiantes, ha continuado Mayte Pérez, quien ha comentado que en cuarto curso de ESO el alumnado adquirirá una memoria democrática del pasado y en segundo de bachillerato se formarán en valores, en el desarrollo de una actitud crítica ante las fuentes de información, una valoración del patrimonio cultural y se fomentará una "actitud responsable" en defensa de la libertad y los derechos humanos.

Se promoverá la formación de profesionales de la educación en este ámbito y se impulsarán las actividades extraescolares para reforzar estos contenidos, ha comentado la consejera.

Asimismo, se diseñarán rutas de la memoria democrática para ayudar a interpretar un valor patrimonial como reconocimiento al pasado, siendo "una seña de identidad importante". El Gobierno impulsará la protección, difusión, e investigación del patrimonio histórico y se pondrá en marcha un portal digital con información sobre el mismo.