Isabel Díaz AyusoNo, el apartahotel de Ayuso no es "un asunto privado"

La suite (o suites) de lujo en la que se hospeda la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso es un "asunto privado" para el Partido Popular y sus socios de Ciudadanos. La máxima dirigente de la Comunidad de Madrid ha defendido el uso de los dos apartamentos a los que se trasladó a mediados de marzo porque su vivienda habitual es demasiado pequeña y no "va a resolver los asuntos de los madrileños" en el comedor "en el que cena todos los días". "No creo que eso sea lo más oportuno. Mientras trabaje como presidenta, lo haré en un sitio digno", ha dicho este jueves.

La revista Vanity Fair reveló la ubicación del apartahotel en el que Ayuso se hospeda —que durante estos meses se han negado a facilitar desde la Comunidad— y resultó ser uno de los seis hoteles de lujo del empresario hotelero Kike Sarasola, con un precio de mercado de 200 euros la noche por habitación. Lo que supone un total de 6.000 euros al mes sólo por esa suite en la que trabaja. La otra habitación la utiliza para dormir.

Tras la publicación de la noticia, las versiones contradictorias sobre el caso se han sucedido, con documentos fantasma y destituciones de por medio. En un primer momento, la Comunidad de Madrid se limitó a afirmar que el alojamiento "no iba a suponer un coste para las arcas públicas" sin detallar si Ayuso pagaba por el apartamento o se trataba de un regalo, lo que iría contra el código ético de los altos cargos de la Comunidad de Madrid. Finalmente, desde el entorno de Ayuso aseguraron que lo pagaría la presidenta de su bolsillo. Eso sí, al final de la estancia.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, endureció el código ético del partido tras su llegada a la presidencia e incluyó un punto en el que citaba "las invitaciones a comidas, cenas o eventos deportivos de elevado valor económico o los viajes y estancias en hoteles de lujo" como motivo de dimisión. Sin embargo, ha cerrado filas con su presidenta madrileña: "Eso es un ámbito privado que lo va a pagar porque necesitaba estar fuera de su casa para no contagiar a su madre", ha señalado este jueves en Telecinco.

En la misma línea se expresó el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado y la vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, Begoña Villacís. "Es un asunto personal", dijo ante la prensa Aguado. El dirigente de Cs apeló "respetar la vida de las personas". "No tengo nada más que opinar. Si alguien tuviera que dar más explicaciones, tendría que ser ella", se limitó a decir.

El domicilio de un político/a, ¿ asunto público o privado?

Arantxa Elizondo, doctora en Ciencia Política y profesora titular en la Universidad del País Vasco, explica en conversación con Público que "en principio", el dato sobre dónde vive la clase política "no tendría que tener trascendencia pública", aunque cita de ejemplo la polémica sobre la adquisición de un chalé por parte de los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, a la que han aludido recurrentemente sus rivales políticos. Es más, Casado la ha mencionado este mismo jueves.

Por lo general, explica la politóloga, en España el interés por la vida privada de los y las políticas ha sido bastante menor al que existe en otros países. "La prensa amarilla no tiene la implantación que tiene en otros contextos y eso explica y a la vez es consecuencia de que a la sociedad no le ha interesado demasiado la vida de la élite política, por lo menos hasta hace poco tiempo", destaca. "En los últimos años asistimos a un cambio en este sentido, probablemente unido a la espectacularización de la política".

¿Cuándo deja de ser privado para ser un asunto de interés público?

Elizondo alega que, en el caso concreto de los apartahoteles de Ayuso, sí se trata de una cuestión de interés público. "No porque tenga relevancia el hecho de que esté en un hotel sino por las condiciones económicas de su alojamiento", argumenta. "Las confusas y contradictorias versiones sobre los motivos por los que se trasladó allí contribuyen a alimentar las sospechas de que está recibiendo un trato de favor por parte de un empresario", razona.

La socióloga y politóloga Gabriela Ortega, especializada en estratégica de campañas electorales y comunicación institucional, explica a este diario que uno de los errores que ha cometido Ayuso en esta crisis es haber confundido "su agenda personal con el bien común". "En sus declaraciones públicas ha repetido varias veces que ella se ha ido para no contagiar a familiares y vecinos. Pero esa agenda personal que le ha llevado a vivir en un pisazo no puede ser confundida con el bien común", señala. "Su mensaje queda totalmente distorsionado", apunta.

'Paquete especial' de 80 eu/noche... ¿una rebaja especial?

Las condiciones del apartamento son más que ventajosas para la presidenta, que cuenta con un 'paquete especial' de 80 euros la noche por los dos apartamentos al tratarse de una "larga estancia".. En dicho paquete se incluye el parking, seguridad, un salón en otro apartamento para trabajar y limpieza, según ha explicado el propio Sarasola. Pero, ¿hay precio amigo para el resto de clientes? Según lo revelado por El País no es así. Mientras que la presidenta goza de un 60% de descuento por su larga estancia, cualquier otro cliente se beneficia solo de un 10%.

"Incluso si dicho empresario no tuviera relación alguna con la administración de la que es máxima dirigente Isabel Díaz Ayuso, cosa que es ahora mismo dudosa, es difícilmente admisible desde un punto de vista ético que disfrute de unas condiciones privilegiadas para su alojamiento. Y esto sirve también incluso si no está suponiendo coste alguno para el erario autonómico", señala Elizondo.

Además, Ayuso siempre explica que entró en la vivienda en el 16 de marzo tras dar positivo en covid-19. Sin embargo, la empresa de Sarasola, Room Mate, aseguró que "había acordado antes del inicio" del estado de alarma "dar servicio" a Ayuso "ya que esta necesitaba un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional".

¿Conflicto de intereses con Sarasola y Sandra Ortega?

El hotel en el que se sigue hospedando Ayuso —según lo ha anunciado por la presidenta allí permanecerá hasta la Fase 2— es gestionado por Room Mate SA. La empresa es propiedad en un 60% de Tafay 2000 SL –a su vez propiedad al 100% de Enrique Sarasola Marulanda (Kike Sarasola)–; en un 30% de Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega, a través de su sociedad holding ROSP Corunna Participaciones Empresariales SL; el 10% restante está repartido entre Carlos Marrero, el marido de Sarasola (vía su sociedad Ergocrático SLU), uno de los amigos con los que fundó el negocio, Gorka Atorrasagasti, y la propia compañía.

Sarasola, como otros empresarios hoteleros, puso públicamente a disposición de la Comunidad de Madrid algunos de los establecimientos que gestiona para su uso como "hoteles medicalizados". Su ofrecimiento fue interpretado en un principio como un gesto altruista para con enfermos y profesionales sanitarios y la población en general. A esta imagen positiva contribuyó la publicidad que obtuvo desde la cuenta de Twitter de la presidenta madrileña que, agradeciendo el gesto a otros "muchos hoteleros", personalizó su tuit en Room Mate y lo centró, además, en el mercado turístico, su cliente objetivo.

Ortega explica que el empresario también está saliendo perjudicado en esta polémica. "Al final con lo que se queda la ciudadanía es que Sarasola le sacará rédito por la publicidad y se desgravará impuestos. Y la hija de Ortega también. Lo que se trasluce es que nadie hace esto por solidaridad sino porque le conviene", señala.

¿Ha habido un cambio en el presupuesto real del contrato?

¿800.000 euros, 560.000 o 240.000? La Comunidad de Madrid anunció el 6 de la mayo la aprobación de un presupuesto de 806.000 euros para la explotación de dos hoteles de la cadena Room Mate con el fin de alojar a ancianos de residencias que no estuvieran contagiados por la covid-19. Sin embargo, en el primer contrato publicado "por error" afirmaba que el adjudicatario del servicio había sido Room Mate y por un valor de 565.749,62 euros. Y, finalmente, se modificó el documento en el que ahora figura la Coordinadora del Tercer Sector y una cifra de 240.443,57 euros.

Este contrato 'fantasma' ha provocado la destitución del Secretario General Técnico de la Consejería de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez, al ser considerado como el responsable de difundir la adjudicación. "Aquí lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas", ha señalado Ayuso en el pleno, asegurando que se depurarían responsabilidades.

Ortega señala que Ayuso está siguiendo una estrategia muy similar a la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. "Trata explicar que hay un complot contra ella que no viene de fuera, sino de dentro". Sin embargo la politóloga no cree que la actual presidenta acabe dimitiendo como sí lo hizo Cifuentes porque está sabiendo "mover el foco mediático" a otros temas.