Una pensión digna. El reconocimiento de las enfermedades laborales. La retribución correspondiente a los años trabajados. Fin de la actividad a destajo. Vacaciones pagadas. El fin de jornadas de destajo descontrolado. Son algunas de las demandas que las trabajadoras de la industria del calzado llevan años reivindicando. Este miércoles, su voz se ha escuchado en el Parlamento Europeo de la mano de dos integrantes de la Asociación de Aparadoras de Elche (Alicante), que han defendido sus derechos en una audiencia pública ante la comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo.

"Somos trabajadoras sin derechos, explotadas y discriminadas. No existimos en una industria que nos condena a trabajar a destajo. Sin contrato, sin seguridad social. Estamos aisladas con jornadas interminables de 14 horas", ha denunciado Isabel Matute, la presidenta de la asociación de Aparadoras de Elche. Y su lucha está lejos de concluir. La comisión de Peticiones ha decidido mantener el caso abierto. Un expediente que también revisarán los comités de Trabajo y de Igualdad de la cámara. En última instancia, todo ello podría derivar en el envío de una delegación a Elche que recoja información sobre el terreno y elabore con ella un informe final. La pelota está en el tejado de liberales y socialdemócratas.

La de este miércoles ha sido su segunda visita a la capital belga de los últimos cuatro meses. En septiembre, las trabajadores del calzado ilicitano se reunieron con miembros de la Comisión Europea y con eurodiputados con el objetivo de presionar a las instituciones europeas para que no arrastren los pies y tomen medidas para resolver su situación. El Ejecutivo comunitario, que lidera Ursula von der Leyen, no cambia su postura y mantiene que no tiene competencias para interceder escudándose en que España ya ha traspuesto las Directivas europeas. Bruselas se limita a emplazarlas a que se dirijan a las autoridades nacionales.

De momento, la batalla para denunciar una situación que roza la explotación laboral se ha traducido en tres proposiciones No de Ley, pero sus representantes se sienten olvidadas tanto a nivel nacional como europeo. Hasta ahora, la respuesta institucional de una situación laboral que afecta principalmente a mujeres ha estado dominada por el silencio. El equipo que lidera Matute, formado en 2008, ya ha tocado las puertas del Parlament, de la Generalitat Valenciana o de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Se han reunido con la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero denuncian que José Luis Escrivá ignora sus peticiones a pesar de haber presentado más de 45.000 firmas.

Las jornadas maratonianas sin fin, los talleres clandestinos o los pagos en B dejan a miles de trabajadoras desprotegidas a la intemperie en el presente y en el futuro. Sin paro ni pensión. La de Matute es la historia de una aparadora de 61 años a la que dejaron en tirada en la puerta del hospital con las manos quemadas de disolvente o la de otra mujer de 52 años que lleva cosiendo zapatos desde los 13 años, pero solo tiene cotizados 15. Es una imagen que no se reduce a un puñado de personas. En el especial Aparadoras de Público, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Josep-Antoni Ybarra, ponía cifras a esta realidad: "17.000 mujeres han trabajado durante años como aparadoras en la región y ahora no tienen nada".

Coser un zapato se paga a un euro y medio la hora. No obstante, las secuelas de esta precariedad no son solo monetarias, sino físicas y psicológicas. Según un estudio de la Universidad de Alicante, el 67% de las aparadoras sufre dolor de huesos, columnas y articulaciones. Y el 20% sufre trastornos psicológicos como depresión y ansiedad.

El PP ‘como patronal’

Matute ha terminado la audiencia pública visiblemente "indignada" tras "escuchar tanta mentira y bondades de la industria del calzado". Durante la comparecencia en la Eurocámara, Leopoldo López Gil, eurodiputado del PP, ha "ensalzado" las virtudes del sector y de sus PYMES, aludiendo a los incrementos salariales, las medidas de conciliación laboral o la igualdad en el principal sector exportador de Alicante. "No confundamos la parte con el todo", ha afirmado desatando la rabia del eurodiputado Miguel Urbán, de Anticapitalistas. "Parece que el PP ha sido aquí hoy la patronal de la industria del calzado", ha reprochado, recordando que se están pagando zapatos a tres euros que después son vendidos a 1.000.

La industria es, en paralelo, doblemente injusta. La mayor losa la cargan las mujeres pese a que las directivas y el propio Tratado de Funcionamiento de la UE prohíben la discriminación por razón de género en materia de remuneración. "Muchas están trabajando en sus casas solas y de forma invisible. Este Parlamento no puede permitir esto. Su situación es un síntoma de una cultura laboral precaria que desprecia el trabajo mayoritariamente de las mujeres", ha afirmado Urbán. Se contabilizan 7.332 mujeres sin cotizar frente a 1.542 hombres.

Ante esta "dejadez institucional" de una industria en la que el 88% de ellas trabajan en una economía sumergia, el eurodiputado valenciado Domenec Ruiz Revesa, de los Socialistas, ha recordado que las inspecciones de trabajo y sus presupuestos por parte del Gobierno español se han incrementado en un 41% en los últimos años. Un parche que no soluciona el presente ni el futuro de las afectadas: "Cuando cierran un taller clandestino, abren otro. Que traigan inspectores fiscales para rastrear el dinero negro", denuncian. En esa misma línea se ha pronunciado Inmaculada Rodríguez Piñero, también socialista, que ha pedido "no identificar una situación deplorable con la industria general del calzado que ha creado 10.000 empleos en los últimos años".

Matute y sus compañeras de filas sienten que Europa ha sido la última puerta que tocar en esta especie de batalla de David contra Golliat. Y se muestran dispuestas a continuar plantando cara en este decisivo año electoral. "Durante décadas en España la industria textil y del calzado se hizo de oro a costa de la explotación de las mujeres. Miles de aparadoras y trabajadoras del calzado han sostenido la economía familiar y local desde los talleres clandestinos de sus casas, en el absoluto anonimato e invisibilización. No queramos para otros lo que no queremos para nosotros. No estamos en el siglo XIX", ha reprochado Sira Rego, de Izquierda Unitaria.