Los fiscales de Anticorrupción a cargo del caso Tándem han presentado una querella contra el naviero español Ángel Perez-Maura por los presuntos delitos de cohecho que le imputan en Guatemala y de los que quiso librarse poniéndose en manos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, rectivando así un asunto que estaba parado desde hace un año, cuando la Audiencia Nacional rechazó extraditarle a aquel país por ser ciudadano español.

La querella, que obra en el sumario de actuaciones al que ha tenido acceso Europa Press, se registró el pasado 6 de mayo ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, la víspera de que Pérez-Maura, su hermano Álvaro y otros tres implicados en este asunto fuesen detenidos.

Es consecuencia de la investigación previa de las actividades de Villarejo, entre cuyos archivos se encontró documentación relativa a este proyecto, que denominó 'Pit', por el que esperaba ingresar hasta 10 millones de euros en presunta connivencia con otra serie de personas, como su amigo y empresario Adrián De La Joya, que fue quien le propuso el negocio porque, según dijo, quiere "morir rico" y para eso, hay que hacer las cosas a lo grande.

Guatemala pidió a España en 2016 que le entregase a Pérez-Maura, sospechoso de pagar sobornos por importe de 30 millones de euros a altos funcionarios del país, incluidos el presidente Otto Pérez Molina y su número 2, Roxana Baldetti. El procedimiento se archivó dos veces por falta de documentación y finalmente, en mayo de 2018 la Audiencia Nacional negó la entrega por tratarse de un ciudadano español, "sin perjuicio de su enjuiciamiento en España tal y como solicitan las autoridades guatemaltecas en su demanda extradicional".

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se han iniciado diligencias para investigar este asunto, ya que si bien la Audiencia dejó la puerta abierta al enjuiciamiento en España, no se incoaron diligencias ni se dio traslado a Anticorrupción para que lo hiciese. Tampoco Guatemala formalizó querella en España, más allá de la acusación argumentada cuando pidió la extradición, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

España-Guatemala-EEUU

Así las cosas, el caso quedó en suspenso con la resolución de la Sala en mayo del año pasado, cuando se cumplían dos años desde que el naviero pidió ayuda para solucionar su 'problema'. A través de Maestre, se puso en manos de Villarejo y De la Joya, que vieron "oportunidad de negocio" y le ofrecieron una estrategia en tres vías: La española, influyendo en la Audiencia Nacional; la guatemalteca, tocando puertas para "estrangular" la acusación, y la estadounidense, buscando apoyos para desmantelar la causa e incluso para situar en la presidencia del Gobierno de Guatemala a alguien más favorable a sus intereses, tal y como avanzó Europa Press.

De la 'vía española' lo único que consta hasta la fecha en la causa son las referencias que hacía Villarejo de cara a sus clientes, a quienes despectivamente se referían como "ratoncitos Pérez" o "roedores". Son informes, documentos y conversaciones en los que aseguraba haberse llegado a reunir con fiscales de peso para evitar que le detuvieran y después, que le extraditaran. No hay grabaciones de esos supuestos encuentros ni pruebas de que se celebrasen, más allá de lo que el comisario 'vendía' a los navieros y de las citas que anotaba en su agenda.

También les aseguró que contrataría los servicios de "el Mago" para desarrollar la vía guatemalteca. La unidad de Asuntos Internos que analiza el material intervenido tiene "plenamente identificado" este mote con el ex magistrado Baltasar Garzón, aunque no se ha acreditado que recibiese los dos millones y medio de euros que a cuenta de "los ratoncitos", se suponía que le iban a abonar.

Un milloncito "muy rico"

A Villarejo y De La Joya les costó 'sacarles' el dinero, según los audios, en los que se mofan del millón "muy rico" que consiguieron al fin que los Pérez Maura anticipasen para que 'Balta' hiciese su "magia": "Si tiene al 'Mago' como línea de comunicación con la Audiencia Nacional, no se busca otra, y si tenemos nosotros totalmente controlada esa línea de comunicación en la Audiencia, pues cuantas veces pida más cosas y más historias, se va a encontrar con el vacío que hasta ahora tiene", dice el comisario en una de las conversaciones.

Hablaba de Iván Velasquez, comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), principal azote de la causa contra el naviero español y del que los investigados presumen relación con Garzón. Según contó Villarejo a sus clientes, aprovechando un viaje a España con una ONG, mantuvo una reunión con miembros de la fiscalía de la Audiencia Nacional a quienes trasladó su descontento por el aparente trato de favor a Pérez-Maura: Era julio de 2017, la extradición estaba archivada y se le habían levantado las medidas cautelares.

La 'vía guatemalteca' para salvar al "ratón" pasaba por "estrangular" a Velásquez personal y profesionalmente. Para lo primero, querían "ayudar" a enemigos que tendría en Colombia, facilitándoles datos sobre sus relaciones sentimentales o la situación laboral de su hijo. Para lo segundo, la estrategia era todavía más ambiciosa: Ahogar los fondos de la CICIG presionando a los donantes y, en especial, a EEUU; o directamente, cambiar al presidente de Guatemala y acabar con el problema.

En este caso, sí constan audios de las reuniones mantenidas, como la celebrada con Paul Manafort, la mano derecha de Donald Trump en su campaña y hoy en prisión por delitos fiscales. El nuevo presidente debía ser Julio Ligorría, embajador del país en EEUU con el gobierno de Otto Pérez Molina y que querían aupar insuflando 50 millones de euros en una campaña electoral pese a que le consideraban "deshonesto", "un traidor" y "un asqueroso" al que De la Joya llega a definir como "puto gordo putrefacto".

La querella, con las pruebas de Villarejo

Era agosto de 2017 cuando negociaban los temas que habrían de ser prioritarios en esa presidencia y en septiembre, su candidato fue detenido en España por la causa abierta en Guatemala y se inició un proceso de extradición similar al incoado para Pérez-Maura. El del naviero se reabrió y dos Secciones distintas de la Sala de lo Penal resolvieron los dos casos el mismo día y en sentido similar: El 21 de mayo de 2018 se negó la entrega de ambos por su condición de españoles.

"Vamos a ver, nosotros tenemos un cliente que se llama Ratoncito Pérez, de acuerdo. Este tío es un cretino, un estúpido, un bipolar y un loco ¿Eh? y es un come mierdas, es nuestro cliente. Y nos paga y le hemos sacado la pasta (...) Y queremos seguir aliviándole, pero no es que solo queramos seguir aliviándole, es que queremos resolverle el problema, porque nosotros no aliviarnos por aliviar, aliviamos y lo resolvemos, ¿de acuerdo?", dijo De la Joya al principio del negocio, y añadió: "Estamos cobrando por ello y no somos unos estafadores". "Lo estamos cobrando y lo tenemos que resolver".

Ahora, Ligorría está imputado y Pérez-Maura, que habría pagado a Villarejo y los suyos 7,6 millones de euros para evitar esta situación, afronta una querella de la Fiscalía Anticorrupción por los hechos que se le imputan en Guatemala. La actuación, además, se apuntala con 167 correos que según los investigadores, "revelan la existencia de los ilícitos pagos planificados y ejecutados al menos en parte" en aquel país.

El naviero ocultó la existencia de esa documentación quizá incriminatoria al propio Villarejo y cuando este supo que había papeles, se ofreció a destruirlos, pero los conservó, porque como le gustaba repetir, "el ratón se olvida de la trampa, pero la trampa no se olvida del ratón".