Caso EREAnticorrupción se niega a imputar a Chaves y Griñán una “trama criminal” en los ERE

La pieza política del caso ERE, que sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, no es la trama Gürtel, aunque los dos juicios hayan compartido titulares de prensa este lunes. La Fiscalía Anticorrupción vio un delito de asociación ilícita en la Gürtel, que investiga la financiación ilegal del PP, pero este lunes se ha negado a imputar esos mismos cargos a los acusados del caso ERE, que están siendo juzgados por prevaricación y malversación de fondos.

Es la acusación particular del PP la que denuncia a la excúpula del Gobierno andaluz de haber organizado una “trama criminal” para delinquir, y la que ha pedido al tribunal de la Audiencia Provincial que amplíe las penas de cárcel a los 22 imputados (ahora sólo se enfrentan a prisión 15). La petición de los populares elevó la condena total a 184 años de prisión para todos acusados, además de una multa de 32.000 euros por cabeza y una inhabilitación absoluta de 12 años.

Dos expresidentes de la Junta se sientan en el banquillo -Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, pero sólo el segundo afronta una pena de seis años de cárcel por malversar fondos. El PP ha pedido que Chaves siga la misma suerte -la asociación ilícita está penada con dos a diez años de prisión- pero Anticorrupción se ha desmarcado de su estrategia, sin duda la más dura de la bancada de los acusadores.

La sexta jornada del juicio de los ERE ha permitido a las partes confrontar sus versiones sobre el supuesto fraude de ayudas sociolaborales, expuestas en las cuestiones previas. Era fácil suponer que defensas y acusaciones chocarían en sus alegaciones, ya que entre las primeras se incluye la petición de nulidad del caso, y entre las segundas se plantea ampliar el objeto de la investigación, sumando las 270 piezas separadas del caso ERE que se instruyen en otros juzgados.

Lo que no se esperaba era que las acusaciones confrontaran entre sí, discreparan tanto, y expusieran estrategias tan dispares. No hay unidad de acción entre el Ministerio Público y las acusaciones particulares, representadas por el PP y el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias. Entre estos dos últimos, además, se percibe cierta fricción. Los abogados del PP han usado argumentos de las defensas, que piden apartar a Manos Limpias del caso porque el sindicato, dicen, “está en proceso de disolución”. El letrado de Manos Limpias, por su parte, ha sorprendido a muchos en la sala de vistas al defender la petición de las defensas para que se suspenda el juicio, se impugne al juez instructor Álvaro Martín, y se retrotraiga la instrucción al momento procesal previo a su llegada (estrategia avalada principalmente por el letrado de Griñán).

Pero lo más relevante de la sesión de este lunes ha sido ver a los fiscales desmarcarse de los planteamientos de la acusación particular del PP. El Ministerio Público se opone tanto a aceptar el delito de asociación ilícita contra Chaves y Griñán, como a la citación como testigo de la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no formaba parte del Consejo de Gobierno durante la etapa que se investiga en este proceso (2000-2010).

Los fiscales no comparten el escrito de acusación del PP, según el cual, los 22 acusados formaban parte de “una estructura piramidal” organizada y “mantenida en el tiempo para delinquir”. “Se presenta la tesis de un contubernio delictivo (…) se parte de que hay un concierto de voluntades para construir una trama criminal por parte de la Administración andaluza para la sustracción de fondos públicos”, han leído los fiscales, para luego censurar del todo esta teoría. “No se desprende con la claridad exigida la inclusión de los hechos esgrimidos por el PP más allá de la pertenencia de los acusados a la estructura orgánica de la Junta de Andalucía, bien por su cargo o por su pertenencia a órganos” adscritos a la Administración andaluza”, advierte el Ministerio Público.

En este punto, las alegaciones de los fiscales han convergido hoy con la de las defensas, que han tildado la propuesta del PP de “extrajudicial”, “extemporánea” e incluso “politizada”. Los populares ejercen la acusación particular del caso ERE desde hace siete años y medio, pero no fue hasta 2016 cuando introducen el delito de asociación ilícita, que atribuyen a todos los imputados sin excepción. El juez lo aceptó y lo incluyó en su apertura de juicio oral. Ahora el tribunal de la pieza política de los ERE, que preside el magistrado Juan Antonio Cano Peña, deberá resolver si lo acepta o lo desecha. Las conclusiones sobre las cuestiones previas se resolverán ya el próximo 12 de febrero, hasta entonces el tribunal se retira a deliberar sobre las alegaciones de la partes.

A lo que sí se ha opuesto la Fiscalía es a la solicitud de nulidad del juicio propuesta por algunas defensas, principalmente la de Griñán, que quiere impugnar al juez instructor, Álvaro Martín, y devolver la instrucción al momento anterior a su designación para la causa. Varios abogados defensores denuncian que el nombramiento de Martín vulnera el derecho al juez predeterminado, consagrado en la Constitución, argumentando que éste fue asignado al tribunal de los ERE como juez de refuerzo, para descargar de trabajo a la entonces titular del mismo, Mercedes Alaya, pero nunca para encargarse de la macropieza. Manos Limpias ha defendido hoy esta tesis, ganándose el reproche de los letrados del PP, que le afean estar más próximo a las defensas que a la acusación.

Alterar el orden de las declaraciones

Es poco probable que Susana Díaz haga el paseíllo hasta la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se juzga a 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz, incluidos sus predecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El Partido Popular se ha quedado solo este lunes en su propuesta de citar a declarar a la presidenta de la Junta, después de que la Fiscalía se haya pronunciado en contra. Tampoco Manos Limpias se ha sumado a la iniciativa, aunque la estrategia del PP ha logrado parcialmente su propósito, porque los fiscales sí han aceptado que se llame a declarar al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y a la senadora socialista (exconsejera de la Presidencia, Mar Moreno).

Jiménez Barrios está citado por su etapa de alcalde de Chiclana (Cádiz) durante una etapa en la que el Ayuntamiento se benefició de ayudas públicas de la Junta puestas bajo sospecha en este juicio. El vicepresidente tuvo que declarar como testigo ante un juzgado de instrucción por dichas ayudas en julio de 2016, cuando ya habían prescrito los delitos con los que se le relacionaban. La citación de Mar Moreno, en cambio, está justificada por su implicación en el supuesto fraude de los ERE cuando era consejera de la Presidencia en el último Gobierno de Griñán. Moreno estuvo preimputada en la causa hasta que el Tribunal Supremo archivó esta investigación.

El Gobierno autonómico ha acusado al PP de querer embarrar el juicio de los ERE, tratando de salpicar a la presidenta, que no formaba parte del Consejo de Gobierno durante la etapa que se investiga (2000-2010). Díaz fue consejera de Presidencia entre 2012 y 2013 y aprobó el decreto que puso fin al sistema de concesión de ayudas a empresas en crisis, que se juzga en este tribunal, y este hecho es lo que ha motivado la petición de los populares.

También los abogados defensores han criticado la solicitud del PP, argumentando que con la misma tesis ellos podrían haber citado a declarar a Javier Arenas, que fue ministro de Trabajo del Gobierno de Aznar cuando se autorizó un ERE bajo sospecha a la Faja Pirítica de Huelva; o a su sucesor en el cargo, Eduardo Zaplana; o al actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que en aquella época era Delegado del Gobierno en Andalucía; o al hombre que ahora ocupa ese puesto, Antonio Sanz. De hecho, todos estos líderes populares fueron citados a declarar en la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento andaluz, pero las defensas han preferido dejar al lado esta estrategia de los partidos en los tribunales.

Ahora le corresponde al tribunal decidir qué alegaciones asume y cuáles desecha. Los 20 abogados defensores, por ejemplo, han cargado este lunes contra la propuesta del Ministerio Público de “reinterpretar” el objeto de investigación del juicio, sumando a la causa las 270 piezas separadas que se están investigando en otros juzgados, una por cada ayuda bajo sospecha.

La Fiscalía, por su parte, se ha opuesto a la petición de la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo para que los acusados declaren al final, después de los 117 testigos previstos por defensas y acusaciones y de los 12 peritos, y no al principio, como estaba previsto. Lo más probable es que el tribunal rechace también modificar el orden lógico de las declaraciones y que éstas empiecen a principios de febrero con la del principal imputado en la causa, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.