La Fiscalía Anticorrupción ha emitido este miércoles los dos primeros escritos de acusación sobre sendas piezas separadas de la causa Tándem o Caso Villarejo: la pieza II (Iron) y la pieza III (Land). Solo por los delitos cometidos en la pieza Iron solicita más de medio siglo de prisión tanto para el comisario José Manuel Villarejo, como para su mujer, Gemma Alcalá, y para Enrique García-Castaño alias El Gordo, exjefe de la Unidad Central Operativa especializada en comunicaciones (UCAO) . 

Desde que el 15 de enero de 2015 Público diera la voz de alarma en primicia acerca de la existencia misma del comisario Villarejo y lo que ya dejaban ver sus peculiares actividades durante la instrucción del Caso Nicolás, tuvieron que pasar dos años y medio, a casi a artículo diario de investigación propia sobre los múltiples y variados tejemanejes de la trama, para que la Fiscalía se pusiera en marcha, y casi otro año más para que en noviembre de 2017 ésta presentase querella, se abrieran diligencias previas en la Audiencia Nacional, se detuviera a Villarejo y se investigase su organización.

El devenir procesal del caso va confirmando todo aquello de lo que informaba Público: que indiciariamente se trata de una organización compuesta por funcionarios de Policía y Justicia de todas las escalas (incluidas las cúpulas), cargos políticos y con responsabilidad de Gobierno, editores, periodistas, empresarios y abogados, y que ha estado operando en la más absoluta impunidad durante décadas, ejecutando un sinfín de enredos, fundamentalmente por dinero y para buscarse protectores.

El Caso Villarejo, abierto en la Audiencia Nacional como "Diligencias Previas 96/2007 TANDEM", lleva ya la friolera de 25 piezas separadas, a razón de una por cliente (o "cliente no voluntario" si se considera la extorsión). Y es probable la apertura de otras tantas o más, ya que entre sus empresas oficiales y off shore, y la de las de sus socios, los tejemanejes (Villarejo los llama "proyectos") se cuentan por decenas.

No en vano han sido casi tres décadas de desmanes para los que los miembros de la organización se prevalían de sus cargos públicos (en Interior, Justicia y otras instituciones), de sus relaciones, funciones en sus empresas (editores, periodistas, bufetes de abogados etc) o, en su caso, de sus puestos políticos.

Para Iron y Land, dos de las piezas abiertas que integran la macrocausa Tándem, el juzgado ha dado por terminada la instrucción para los delitos que se investigaban, y entre este miércoles y este jueves la Fiscalía y las acusaciones emiten sus escritos de acusación.

Pieza II ('Iron'): se piden 57 años de cárcel para Villarejo y 52 para García-Castaño 'El Gordo'

A las 14 personas (13 físicas y una jurídica) que fueron objeto de procesamiento se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. La acusación popular, que dirige el partido Unidas Podemos, pedía añadir también los delitos de acusación y denuncia falsa (a través de esta última Villarejo y sus compadres querrían haber provocado un registro policial en un despacho y acceder así a información confidencial).

Dentro de los procesados se distinguen tres grupos:

- Villarejo y empleados de sus empresas: José Manuel Villarejo Pérez; su segundo y socio, Rafael Redondo Rodríguez; la mujer de Villarejo, Gemma Isabel Alcalá Garcés; el abogado de su bufete Stuart Mckenzie Spain SL David Macías González; y Antonio Bonilla, colaborador fijo, expolicía y exjefe de seguridad de Globalia y de la Asociación Española de Banca.

- Funcionarios públicos: Enrique García Castaño El Gordo, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo especializada en comunicaciones (UCAO) y tres  policías subordinados adscritos a su unidad.

- El "cliente" (socios/empleados de Herrero y Asociados SL): Herrero & Asociados SL como persona jurídica; el accionista mayoritario, Francisco Carpintero López; su hermano, Mario Carpintero López; y otros tres accionistas minoritarios y empleados.  

La Fiscalía considera un agravante el prevalimiento de la condición de funcionario público. Es por esto y por la gravedad de los delitos y el carácter continuado de los mismos por lo que se solicitan penas tan altas: para el comisario, 57 años de cárcel, y para Enrique García-Castaño El Gordo, 52 años.

¿Y de qué trataba la pieza Iron? En ella se investiga la contratación de Villarejo y su equipo por parte del despacho de gestión y defensa de patentes Herrero y Asociados SL. El supuesto objetivo de la contratación era -según los oficios de Asuntos Internos-, apoyar a este cliente en un procedimiento de arbitraje y una querella penal por competencia desleal contra una serie de exsocios que habían abandonado Herrero y Asociados SL para montar un supuesto despacho competidor, Balder IP LAW SL.

En el sumario se constata una batería de acciones para recopilar información de los socios disidentes y del despacho competidor tales como uso ilegal de bases de datos reservadas, planificación de hackeos, denuncia falsa para provocar un registro policial y tener acceso así a los servidores del despacho escindido, Balder IP LAW, al igual que lo tuvieron a los servidores de Herrero y Asociados SL con la excusa de hacerles una auditoria informática de seguridad.

No obstante, la investigación de Público sobre esta pieza apunta a otro motivo principal o añadido para explicar los pagos al comisario y que tiene que ver con la implicación de socios de Herrero y Asociados SL en el Caso Emperador o Caso Gao Ping. Público ha podido además constatar del estudio del sumario Tándem que los socios de Herrero y Asociados SL no son los únicos "clientes" de Villarejo señalados en la instrucción judicial del Caso Emperador, por lo que, de confirmarse una ligazón entre pagos y la instrucción de esta causa, se ennegrecería aún más el horizonte penal del comisario y sus compinches. 

Pieza III ('Land'): Unidas Podemos pide 13 años para Villarejo

En la pieza Land, la fiscalía y la acusación popular de Unidas Podemos emiten también entre este miércoles y este jueves acusación para las seis personas físicas y tres personas jurídicas procesadas. Al igual que en Iron, los procesados se dividen en tres grupos:

- Villarejo y empleados: José Manuel Villarejo Pérez; su segundo y socio, Rafael Redondo, y la mujer del comisario, Gemma Isabel Alcalá Garcés. Podemos pide prisión para todos ellos y, en concreto, para el comisario solicita 13 años en total por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos con ánimo de lucro y falsedad en documento mercantil.

- Colaboradores externos: Enrique García Castaño. Podemos pide 9 años en total por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos con ánimo de lucro.

- El cliente (los promotores/dueños de la lujosa urbanización y parque empresarial La Finca, de Madrid): las personas jurídicas La Finca Global Assets Sl, La Finca Somosaguas Golf SL y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios SL, y sus accionistas y máximos cargos, Susana García-Cereceda López (presidenta) y Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez (consejero delegado). A ellos se añade David Fernández Aumente, expolicía y prestador ocasional de servicios de seguridad para estas empresas y accionistas.

En Land la Audiencia Nacional investigaba la contratación sucesiva del comisario y su equipo por parte de la dueña de La Finca desde al menos 2012. El sumario enseña un primer encargo para resolver un fallo judicial en contra de la empresa de Susana García Cereceda en un contencioso a favor de CADBE SL, Constructora de Viviendas Unifamiliares SL, Hogar Útil SL e IMCE 87 SL.

El fallo obligaba a pagar una indemnización importante y, además -y aquí está la clave-, de inmediato y en efectivo, lo que ponía a la empresa de Susana García Cereceda en riesgo inminente de concurso de acreedores. Posteriormente el comisario consigue que Cereceda lo vuelva a "contratar" para "espiar" y "neutralizar" a sus enemigos, y lo logra utilizando una estrategia que él mismo define como "currarse el espanto", consistente en asustar de distintas maneras a Cereceda para mantener su interés y el flujo de pagos.  

La Fiscalía de Madrid pidió cuatro años para Villarejo por el 'Caso del Pequeño Nicolás'

Las peticiones de prisión por las piezas Iron y Land no son las únicas que tiene pendientes Villarejo. La fiscalía de Madrid, por su parte, pidió el pasado noviembre cuatro años para el comisario encarcelado por grabar ilegalmente en modo remoto (y además luego difundir) una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre agentes del CNI y los entonces agentes de Asuntos Internos responsables de la investigación del Caso del Pequeño Nicolas: el comisario principal, Marcelino Martín-Blas, y el inspector Rubén Eladio Lopez.

La detención de Nicolás, ordenada por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cogió con el pie cambiado a Villarejo y sus amigos. Su preocupación creció cuando en el registro a Nicolás apareció documentación sobre la Hacienda La Alamedilla (vinculada a Mario Conde y Adrián de la Joya, el socio amigo de Villarejo) y anotaciones de Francisco Nicolás sobre Villarejo y Catalunya.

Y esto último sobre Catalunya no era menor, porque Francisco Nicolás y el comisario habían viajado a Barcelona con pocos días de diferencia a verse por separado con dos hijos de Jordi Pujol. Y ambos fueron a pedir: Nicolás, dinero ("mortadela"); y Villarejo parece que también, aunque el hijo de Pujol declaró que lo que el comisario le solicitó fue un posicionamiento de su familia contra la independencia. La tensión, pues, era alta y Villarejo y sus cómplices querían saber sí o sí la razón de la detención de Nicolás, qué se investigaba y qué se sabía. 

Por eso acudieron directamente a lo que ellos pensaban que era el origen de la investigación: el CNI, que dependía de Vicepresidencia del Gobierno. Así las cosas, el entonces Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino (imputado ya en la pieza Kitchen y juzgado esta semana por el Caso del Pendrive), ordenó a Marcelino Martín-Blas, entonces Jefe de Asuntos Internos, que se reuniese con agentes del CNI "por si les podía ayudar en la investigación del Pequeño Nicolás", según declaró el propio Martín-Blas que le dijo Pino.

Gracias a esta estratagema, y con los datos de la fecha y hora de la reunión, Villarejo grabó la conversación con ayuda de un entonces empleado suyo, mediante un programa que permitía activar el altavoz del móvil de Martín-Blas . Y oyeron que uno de los interlocutores hablaba de "blanqueo de capitales". Ante esto, y ofreciendo una versión falsa de lo que se oía con la ayuda de una pericial de parte, se difundió un extracto de la conversación en varios medios y por periodistas afines para desprestigiar a los investigadores y procurar el archivo inmediato del caso.

El sufrimiento de los periodistas, policías y fiscales que se atrevieron a destapar la trama

En estos años, Público ha estado publicando e investigando prácticamente en soledad esta trama, que constituye uno de los más graves y dañinos escándalos de corrupción de la democracia. Un vistazo a la hemeroteca permite comprobar que en los primeros años solo tuvo el acompañamiento de la investigación que en paralelo realizaba Javier Ayuso para El País hasta el día que fue cesado.

El trayecto hasta la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional no ha sido un camino de rosas para ninguno de los periodistas empeñados en saber -y en que los ciudadanos supieran- hasta cuándo se remontaba esta organización criminal y hasta dónde llegaba, en términos de miembros involucrados y actividades. Además de amenazas personales, Público ha recibido más de una veintena de querellas del comisario y su entorno (ganadas todas en los tribunales) y Javier Ayuso, cerca de una decena.

Tampoco ha sido fácil para los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa, los primeros en cercar a parte de la trama en el Caso Emperador, ni para el minúsculo grupo de policías liderados por el inspector Ruben Eladio López y el comisario Marcelino Martín-Blas, que investigaban al comisario y a otros agentes por sus maniobras en el Caso del Pequeño Nicolás. 

Estos trabajaron en el caso bajo un aguacero mediático continuo de difamaciones, distorsiones y acusaciones por parte del ejército de redactores y medios afines al comisario, ante el silencio sepulcral del resto. Con el cambio de juez del Caso Nicolás, fueron expulsados de la causa y también de la unidad de Asuntos Internos, que ya tenía nuevo jefe tras la destitución Martín-Blas: Francisco Migueláñez, quien sigue en su puesto y, además, como máximo responsable de la investigación policial del Caso Villarejo.