Tercer día de agosto de 2020. El rey emérito comunica a su hijo, Felipe VI, "su meditada decisión" de abandonar España ante la "repercusión pública" de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales y "para contribuir" a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función "desde la tranquilidad y el sosiego", según consta en el comunicado que difundió la Casa Real. 

Sin embargo, su huida a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde entonces, no ha significado el cese de las noticias sobre su fortuna opaca ni ha facilitado el reinado a su hijo. Al contrario. Un año después de la marcha de Juan Carlos de Borbón, sus presuntos negocios opacos y su fortuna oculta están cada vez más cercados, aunque en España sigue sin existir acusación penal contra él. 

Un año da para mucho, pero la Fiscalía del Tribunal Supremo se está tomando las cosas con mucha calma. Más de año y medio lleva investigando los gastos que, entre 2016 y 2018, realizaron el rey emérito y algunos miembros de la familia real, como sus nietos mayores, con tarjetas 'black' nutridas con dinero del empresario mexicano Sanginés-Krause, quien presuntamente transfirió los fondos --más de 120.000 euros-- a una cuenta de Ibercaja a nombre del coronel Nicolás Murga Mendoza, que había sido edecán del rey Juan Carlos hasta 2017. 

Este militar retirado ya declaró en la Fiscalía y negó ser el testaferro del rey emérito. Alegó que había puesto su dinero para  financiar "atenciones y detalles" que tuvo con Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, la investigación descarta que, al menos, 100.000 euros hubieran salido de su bolsillo, ya que el coronel Murga emitió una factura por "servicios de asesoramiento" por ese importe a una empresa mexicana, presumiblemente vinculada al millonario Sanginés-Krause.

Las diligencias de la Fiscalía por el supuesto cobro por parte de Juan Carlos de Borbón de una comisión de 65 millones de euros por la adjudicación a doce empresas españolas de la construcción del AVE a la Meca, en 2012, llevan también más de un año. El Ministerio Público cree que los presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en relación a supuestas comisiones relacionadas con ese contrato público podrían estar amparados por la inviolabilidad de la que gozaba Juan Carlos I en el momento de los hechos, ya que aún era jefe del Estado. Los fiscales se centran en los empresarios españoles que obtuvieron el contrato para construir el AVE por si hubieran podido abonar alguna presunta comisión al rey, como denunció Corinna Larsen, quien fuera amante y socia de Juan Carlos I. 

La tesis de la Fiscalía suiza apunta que los 65 millones recibidos por Juan Carlos I fueron una comisión pagada por el Gobierno saudí por su supuesta intermediación para que el consorcio de empresas españolas rebajara considerablemente su oferta.

Por otra parte, el entramado financiero en la Isla de Jersey, con el que dio el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales español, con una fortuna de al menos 10 millones de euros que podrían pertenecer al padre de Felipe VI, se está investigando por parte de la Fiscalía del Supremo desde noviembre de 2020. Estos tres asuntos relacionados con presuntos negocios opacos del rey emérito son los que, de momento, se investigan en España por parte de la Fiscalía, sin  que haya formulado hasta ahora imputación concreta contra el exjefe de Estado.

Negocios de venta de armas

En estos doce meses desde que el anterior jefe del Estado huyera de España se han escrito ríos de tinta sobre nuevos hallazgos acerca del destino, en paraísos fiscales, de su dinero opaco. Y también del origen de ese dinero ocultado al fisco español. Hace tres semanas, Público desvelaba en exclusiva cómo se fraguó la fortuna oculta de Juan Carlos de Borbón desde el momento mismo del inicio de su reinado: la venta de armas a países árabes. En la primera visita de los reyes españoles a Riad, la capital de Arabia Saudí, en octubre de 1977, Juan Carlos I negoció la creación de una empresa conjunta hispano-saudí, supuestamente para canalizar el comercio entre los dos países, aunque en la práctica el comercio que desarrolló fue la venta de armamento, percibiendo supuestamente comisiones el entonces jefe del Estado por los negocios que emprendía la mercantil hispano-saudí. 

Esa sociedad estuvo participada al 50% por una empresa del magnate Adnan Khashoggi, reconocido traficante de armas fallecido en 2017. El Estado español  financió la otra mitad de la sociedad, a través del Instituto Nacional de Industria y el Banco Exterior de España. España nombró presidente de la sociedad a Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del rey. Otro de los socios de la empresa fue el traficante de armas de origen libanés Abderramán el Assir.

La esperanzadora investigación en Suiza

El fiscal suizo Yves Bertossa abrió el 6 de agosto de 2018 una investigación penal por un delito de blanqueo de capitales a raíz de destaparse en España las conversaciones grabadas, en 2015, entre Corinna Larsen y el comisario Villarejo, en las que la expareja del ya por entonces rey emérito le acusaba de haber cobrado comisiones por el contrato del AVE a la Meca y de tener cuentas en Suiza. La investigación condujo a la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos de Borbón y el segundo Felipe VI.

La fundación tenía una cuenta abierta en la banca suiza Mirabaud, en cuyos movimientos figuraba el ingreso en 2008 de cien millones de dólares (65 millones de euros) procedentes de la familia real Saudí, en concepto de "regalo". Cuatro años después esa cantidad de dinero fue a parar a una cuenta de Corinna Larsen, que ella justifica como "una donación por gratitud" y niega su participación en un supuesto blanqueo de capitales, que es de lo que la acusa el fiscal Bertossa.

Ese fue el principio de la investigación del resuelto fiscal helvético. Desde entonces, ha descubierto más cuentas y fondos vinculados al anterior rey de España, desconocidos para la Hacienda española. Por ejemplo, una cuenta en un banco andorrano controlada por Juan Carlos de Borbón durante una década y cancelada en 2016.  

El fiscal Bertossa también está investigando a fondo la Fundación Zagatka, cuyo titular es Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I. Desde esa instrumental se pagó unos tres millones de euros en viajes privados del monarca. Pero el fiscal suizo cree que esa fundación esconde algo más, ya que ha descubierto que en dos de sus cuentas asociadas, Juan Carlos de Borbón habría podido ocultar fondos procedentes de comisiones en forma de acciones de las más importantes compañías españolas, como BBVA, Santander, Iberdrola, ACS, Ence, Abertis, Endesa, Acciona y Repsol, entre otras. 

Regularizaciones fiscales: la confesión del emérito

En este año de ausencia del rey emérito en España, se ha producido un importante acontecimiento: su confesión de que ocultó dinero a la Agencia Tributaria tras su abdicación.  Las dos regularizaciones fiscales que ha realizado --en diciembre de 2020 y en febrero de 2021-- llevan implícito su reconocimiento de haber delinquido al ocultar al fisco en torno a ocho millones de euros. Hacienda abrió, el pasado mes de mayo, una inspección tributaria para  comprobar si las dos regularizaciones son "veraces y completas".

En la primera regularización abonó al fisco 678.393 euros, correspondientes a una deuda tributaria de 2016 a 2018, cuando había abdicado y perdido la inviolabilidad. Se trata de los fondos que nutrieron las conocidas como tarjetas black que tanto el emérito como otros miembros de su familia estuvieron disfrutando sin rendir cuentas a Hacienda. 

En la segunda abonó 4,4 millones de euros, que, según explicó en un comunicado su abogado, el exfiscal Javier Sánchez-Junco, "se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por su Majestad el Rey, de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas". 

Cerrojazo judicial

La única querella planteada en España en su contra, la que presentó Izquierda Unida, ha sido archivada por el Tribunal Supremo en base a la "inexistencia de indicios delictivos". La querella que presentó la Asamblea Republicana de Vigo contra la fiscal general del Estado por "inacción" en su deber de investigar los delitos fiscales del rey emérito ni siquiera fue admitida a trámite.

Pese a que Felipe VI le retiró la asignación anual con cargo a los presupuestos de la Casa Real, Juan Carlos de Borbón sigue costando dinero a los contribuyentes. Los sueldos y gastos de los tres ayudantes con los que cuenta en su estancia en Abu Dabi los costea Patrimonio Nacional a petición de la Zarzuela.  

De momento, nada impide regresar a España a Juan Carlos de Borbón, de 83 años, y parece que ese es su deseo. Sin embargo, podría estar esperando a que la Fiscalía archive sus investigaciones para regresar eximido de cualquier responsabilidad penal.