El sistema de financiación autonómica, de cómo se reparten los fondos del Estado entre las comunidades para sostener las políticas públicas y garantizar los mismos derechos para todos los españoles, es también el debate sobre el modelo territorial de España. Es un debate que habla de cómo y cuánto tributan las regiones, pero también compromete a largo plazo una reforma constitucional. Es un asunto crucial, pero en este momento no hay consenso para abordarlo sin que salten chispas. No hay consenso en el seno del Gobierno central ni entre éste y las comunidades autónomas. No hay consenso ni siquiera entre regiones gobernadas por el mismo partido, porque no hay consenso en el seno del PSOE ni en el seno del PP. De hecho hay barones territoriales socialistas (Asturias y Aragón) pactando con otros populares (Galicia y Castilla y León) al margen de la dirección de sus respectivos partidos. Porque la fisonomía de sus regiones y sus necesidades de financiación son similares, les unen, por tanto, más de lo que les une las siglas de su partido.

Por todo esto es importante e insólito lo que ha sucedido este jueves en el Parlamento de Andalucía, donde cuatro de los cinco partidos políticos han aparcado sus diferencias para pactar una propuesta conjunta para la reforma de la financiación autonómica. 100 de los 109 diputados (un 92% del hemiciclo) han votado a favor del dictamen aprobado en el grupo de trabajo, un documento consensuado por un tripartito de izquierdas -PSOE, Podemos e IU- al que se ha unido sorpresivamente el PP. Los populares se han adherido con muchas críticas y recelos -y quizá más movidos por la necesidad de aislar políticamente a Ciudadanos, su gran amenaza por la derecha- pero al final se han adherido.

Esto significa que el PP de Andalucía es aliado del Gobierno de Susana Díaz en una materia tan clave como la financiación autonómica y, por tanto, marca distancias con la postura oficial de su partido y del Ministerio de Hacienda, que ya ha fruncido el ceño ante el pacto andaluz. El Parlamento andaluz es la primera y, por ahora, la única Cámara autonómica que eleva una voz única al Consejo de Política Fiscal y Financiera, anteponiendo las necesidades financieras de la comunidad a los intereses particulares de cada formación política.

El Pleno de Parlamento puesto en pié aplaude a los compañeros de los bomberos de la ONG Proemaid.

Ahora se da una fotografía inédita en la política andaluza: Susana Díaz, el líder del PP-A, Juanma Moreno, la dirigente de Podemos, Teresa Rodríguez, y el de IU, Antonio Maíllo, bajo el mismo paraguas. Un retrato cargado de electricidad política, si se tiene en cuenta que no existe ese grado de coincidencia sobre el modelo territorial entre la andaluza y su jefe de filas, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Más complejo será el papel del presidente de los populares andaluces, que ha comprometido su firma a un acuerdo negociado por tres grupos de izquierdas -que no han aceptado ninguna de sus aportaciones- y ahora tendrá que defender esta posición frente al resto de barones del PP, frente al ministro Montoro y ante el Gobierno de Rajoy.

Moreno lo sabe, pero ha preferido primar la inmediatez al largo plazo: las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y necesita afianzar un espacio político propio para cerrar el paso al avance imparable de Ciudadanos. La foto en solitario de los socios naranjas de Susana Díaz es una victoria simbólica. A largo plazo, pero sin visos de que ocurra en esta legislatura (dado el nivel de enrocamiento del problema catalán), le tocará lidiar en el debate de la reforma del modelo de financiación autonómica, donde el PP andaluz se presentará como uno de los abanderados de una propuesta diseñada por la izquierda y muy exigente con Rajoy: reclaman al Estado 16.000 millones de euros más para las comunidades, de los cuales 4.000 millones corresponderían a Andalucía.

El documento que se ha aprobado este jueves en el Parlamento andaluz propone que las comunidades participen de un 20% de la recaudación del IVA que ahora gestiona el Gobierno central. Las regiones controlan el 50% de los ingresos que obtienen por este gravamen y pasarían a participar en el 70%. La propuesta que han firmado PSOE, PP, Podemos e IU busca la “nivelación total” en el reparto de recursos entre comunidades, estrechar la brecha entre las más ricas y las más pobres.

Ciudadanos se opone en defensa del principio de ordinalidad (aunque ellos rechazan el término), porque quieren que con el nuevo reparto de fondos estatales, las comunidades más ricas -Madrid y Barcelona, a la sazón, donde más votos obtiene Rivera- no se vean adelantadas en el ranking de pagos por otras regiones. Es decir, que los mecanismos de compensación interterritorial tengan un tope para que las comunidades ricas sigan siendo las más beneficiadas. “La ordinalidad es lo que nos separa”, ha Susana Díaz a sus socios de Ciudadanos, sin cargar mucho el discurso. “Si las comunidades ricas siempre cuentan con más dinero, nunca habrá igualdad entre los ciudadanos” de este país, ha rematado.

Los andaluces representan el 19,7% del total de población de comunidades de régimen común, pero los ingresos que reciben representan sólo el 17%. “Esto significa que hay 220.000 andaluces que contribuyen al Estado con sus impuestos sin recibir nada a cambio”, dice la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y el PP da por bueno este análisis, aunque culpa de ello al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que es quien aprobó el actual modelo de financiación autonómica.

Sea como fuere, por razones económicas, partidistas o electorales, el Parlamento andaluz más fragmentado que se ha conocido en los últimos años -cinco partidos lo conforman- ha alcanzado hoy el mayor grado de consenso que se recuerda para un asunto de tanta trascendencia desde la aprobación casi unánime de la reforma del Estatuto de Andalucía en 2007. Entonces, como hoy, pudo verse en la Cámara cómo diputados socialistas y populares se ponían en pie en sus bancadas para aplaudir el acuerdo.

Además de las cifras del reparto de fondos, el dictamen aprobado hoy plantea ajustar el criterio más equitativo a la población de derecho, la real. Y se añaden tres nuevos criterios a tener en cuenta: la tasa de paro, el número de dependientes y las personas por debajo del umbral de la pobreza. Los criterios de reparto son importantes porque de ellos depende cuánto y cómo se va a gastar en sanidad, educación y políticas sociales.

Todos los partidos ganan con este pacto, menos Ciudadanos, que queda desdibujado y sufre su primera gran derrota política desde que arrancó las elecciones autonómicas de 2015, hace hoy justo tres años. No obstante, quien más facilidad tendrá para capitalizar este éxito político de aquí en adelante es quien ostenta el poder en Andalucía, la presidenta Susana Díaz, que tomó la retomó la iniciativa política el pasado septiembre, tras su ominosa derrota en las primarias frente a Pedro Sánchez, y sentó a todos sus rivales a la misma mesa con la mirada puesta en el día de hoy.