El Gobierno de Susana Díaz ultima un decreto que regula la creación de la futura oficina antifraude de Andalucía, un “órgano de control independiente, con funciones de inspección, que supervisará todos los concursos y adjudicaciones de la Administración andaluza y de sus entes instrumentales. La Junta empezó a trabajar en el diseño de esta institución mirándose en el espejo de la oficina antifraude de Cataluña, la única institución autonómica similar que está en funcionamiento, pero el escándalo de las escuchas al exministro Jorge Fernández Díaz en el seno de este órgano hicieron que se aparcase y repensase el proyecto andaluz. El Ejecutivo andaluz también ha exprimido sus competencias para hacer suyas algunas de las experiencias de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF). El jefe de unidad, el granadino Eduardo Cano, ha colaborado con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero).

Se trata de una iniciativa antigua, tanteado primero por el expresidente José Antonio Griñán, en pleno escándalo del fraude de los ERE (por el que acabaría dimitiendo), y posteriormente recuperado en su primer discurso de investidura por Susana Díaz. El proyecto llevaba meses varado, y paradójicamente han sido dos iniciativas similares de la oposición (una de Podemos y otra de IU) las que lo han reactivado, con objeto de que se apruebe en Consejo de Gobierno antes de que finalice el mes. Al reactivar la oficina antifraude, como parte de un compromiso con sus socios de legislatura (Ciudadanos), Díaz ha podido argumentar el rechazo a las propuestas de Podemos e IU que caminaban en el mismo sentido: la lucha y prevención contra la corrupción.

El último borrador que maneja la Consejería de Hacienda habla de una institución que trate de “prevenir el uso irregular de fondos públicos” -con el caso ERE y el fraude de las ayudas para formación en la memoria-, “que evite el destino anómalo de las subvenciones, el conflicto de intereses en la concesión de subvenciones o el uso en beneficio privado de información reservada al personal del sector público”. La futura oficina andaluza contra la corrupción “podrá instar la incoación de expedientes disciplinarios en el ámbito administrativo, exigir responsabilidades y denunciar ante la Fiscalía prácticas y situaciones que pudieran considerarse constitutivas de delito”, reza el texto. Además, desde este órgano se realizarán acciones formativas y de concienciación de los funcionarios, “que les permitan conocer mejor cuando se relacionan con un tercero cuáles son las actuaciones más importantes a vigilar”, y se emitirán recomendaciones para evitar la corrupción y las prácticas fraudulentas en el ámbito de la Administración pública.

La primera oficina antifraude de Andalucía trabajará de oficio, en paralelo a la Cámara de Cuentas, aunque Hacienda no descarta que también atienda las denuncias que lleguen de forma anónima a este organismo, según fuentes del Ejecutivo autonómico. La oficina antifraude es un instrumento más de un ambicioso plan de lucha contra el fraude y la corrupción, con el que el Ejecutivo de Susana Díaz pretende recaudar más de 400 millones de euros en los próximos dos años.

El reintegro del dinero público supuestamente defraudado por empresas, entidades o personas que colaboran con la Administración es un aspecto complejo, dado el retorcido proceso burocrático de justificación de gasto y alegaciones (sin contar con que los aludidos pueden demorar más el proceso acudiendo a la vía judicial). El caso ERE puso en cuestión el uso de un fondo de ayudas superior a los 855 millones de euros, aunque hasta ahora la Junta sólo ha reclamado formalmente 84,57 millones de euros (sin precisar cuánto ha recuperado). Respecto a las irregularidades en la concesión de ayudas para la formación de parados, un caso que languidece en los tribunales (los jueces han descartado el delito de menoscabo de fondos), la propia presidenta de la Junta admitió durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlamento que “de los 90 millones reclamados a las empresas por el supuesto uso irregular de las ayudas, se han recuperado tres millones” (a fecha de marzo de 2016). La OLAF, por ejemplo, que se creó en 1999 como órgano dependiente de la Comisión Europea, ha llevado a cabo más de 3.500 investigaciones y hasta la fecha ha recuperado 1.100 millones de euros.

En teoría, el futuro director de la oficina antifraude de Andalucía no podrá estar afiliado a ningún partido político y su cargo no tendrá una duración superior a cinco años sin posibilidad de prórrogas. Ciudadanos, que asegura estar participando en la elaboración del borrador, afirma que el nuevo órgano de control y fiscalización al Gobierno andaluz trabajará también a partir de las “denuncias anónimas”, tanto de dentro como de fuera de la propia Administración, y regulará medidas concretas “para proteger a los denunciantes y a los testigos, así como para combatir el enchufismo”.

La consejería que dirige María Jesús Montero quiere llevar el borrador del decreto al Consejo de Gobierno este mismo mes para que entre en vigor de inmediato. La creación de esta institución forma parte del acuerdo de investidura entre PSOE y Ciudadanos, es una de las medidas de transparencia y regeneración política que exigió la formación de Albert Rivera (aunque ya era una vieja promesa por cumplir de los socialistas de Griñán). Sea como fuere, el hecho de que este proyecto forme parte de la alianza PSOE-Ciudadanos explica, en parte, que el Gobierno de Díaz vetase hace cinco meses una iniciativa similar de Podemos, que fue rechazada en el Parlamento. La propuesta de la formación morada tenía muchos puntos coincidentes con el borrador que maneja ahora la Junta, aunque su literatura era muy crítica con algunas situaciones que habitualmente describe la oposición para atacar al Ejecutivo andaluz (casos de enchufismo dentro de la Administración).

La ley de Podemos no es la única que se ha quedado en el camino. Esta misma semana, el Parlamento ha rechazado, nuevamente con los votos de PSOE y Ciudadanos, una proposición de ley de IU para modificar la Cámara de Cuentas, órgano que fiscaliza los fondos públicos andaluces. La coalición de izquierdas también propone en esta ley medidas con las que el resto de grupos dicen estar de acuerdos, y algunas, de hecho, también serán competencia de la futura oficina antifraude. IU cree que la Cámara de Cuentas es un órgano de control al Gobierno andaluz que no controla lo suficiente, porque sus atribuciones son limitadas, y propone ampliar su capacidad fiscalizadora, que pueda elaborar dictámenes en materia de lucha contra la corrupción y se dote de capacidad para advertir y detectar nuevas formas y prácticas de corrupción política y administrativa.

La formación que dirige Antonio Maíllo también reclama la inelegibilidad de los cargos electos y de cinco años para quienes hayan tenido a su cargo cuentas públicas (ahora mismo es de tres). Todos los grupos del Parlamento coinciden en la necesidad de reformar la Cámara de Cuentas, porque su diseño tiene más de 20 años y en muchos aspectos se ha quedado obsoleto. Sin embargo, la proposición de ley de IU no ha servido para agilizar el debate, porque el Gobierno de Díaz aprovechó su mayoría junto a Ciudadanos para tumbarla. Podemos e IU quieren que la futura oficina antifraude sólo responda ante el Parlamento andaluz, y garantizar su independencia del Ejecutivo, para lo cual será fundamental ver cómo la ley diseña su estructura y el nombramiento de las personas que trabajen en ella. De otra forma, dicen, “sería como poner al zorro a cuidar de las gallinas”.