La ampliación a ocho semanas de los permisos por paternidad entrarán en vigor este lunes, 1 de abril, y será efectiva para todos los nacimientos que se produzcan desde esa fecha, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación aprobado por el Gobierno recientemente.

De este modo, los progenitores distintos de la madre biológica de todos los bebés nacidos a partir de este lunes disfrutarán de ocho semanas de permiso, frente a las cinco semanas que tenían desde verano de 2018.

Las dos primeras semanas del permiso deberán disfrutarse de forma ininterrumpida tras el parto. Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. Este permiso, retribuido al 100%, será intransferible, por lo que si el padre no lo disfruta, no lo podrá ceder a la madre.

Aunque el real decreto entre en vigor este lunes, su continuidad depende de que sea convalidado o no por la Diputación Permanente del Congreso –órgano que funciona al estar disuelta la Cámara–. Fuentes del Ministerio de Igualdad precisan a Europa Press que la entrada en vigor será efectiva, al menos, hasta que se tome la decisión, al tiempo que señalan que no se contempla el escenario de que el Parlamento lo tumbe.

Precisamente está prevista una reunión de la Diputación Permanente el miércoles día 3 de abril, es decir, dos días después de la entrada en vigor de los permisos. Previsiblemente este día se decidirá si se convalida o se deroga el decreto ley.

Peticiones del Congreso

Este debate se producirá después de que la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso diese vía libre a debatir su convalidación, después de que los letrados de la Cámara confirmaran que las modificaciones que el texto realiza en la Ley de Igualdad de 2007 "no afecta a la parte orgánica" de la misma. Previamente, el Congreso pidió un informe jurídico sobre este decreto ley ante las dudas de constitucionalidad planteadas por Ciudadanos, a pesar de que desde el Gobierno defendieron su constitucionalidad desde el primer momento.

Según el Análisis de Impacto Normativo sobre el real decreto ley, la ampliación del permiso a ocho semanas en 2019 supondrán un aumento de 226 millones del gasto para el Estado, mientras que para las compañías será de unos 53 millones, como consecuencia de las cuotas empresariales.

Tal y como establece en el texto, el permiso de paternidad se ampliará de forma progresiva: se elevará a ocho semanas en 2019; a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad. Una vez equiparados, las seis primeras semanas posteriores al parto serán obligatorias e ininterrumpidas, y las diez restantes que tendrá cada progenitor serán a distribuir hasta que el bebé cumpla un año.

La ampliación del permiso para 2020, supondrán 705 millones más anuales para el Estado y 166 para los empresarios. Esta cifra se elevará hasta los 1.107 millones de incremento en los Presupuestos Generales del Estado en 2021 y 261 millones en relación a las empresas, ya con las 16 semanas de permiso.

Retratos reiterados en la entrada en vigor

"En el caso de nacimiento, el otro progenitor contará con un periodo de suspensión total de ocho semanas, de las cuales las dos primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto", señala el texto. Si bien la mayor parte del decreto ley entró en vigor el pasado 8 de marzo, la extensión de los permisos por paternidad no lo hará hasta este lunes.

El Gobierno retrasó en varias ocasiones la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este decreto ley, demorando así su entrada en vigor, que se preveía para el día siguiente de aparecer en el boletín oficial. Sin embargo, al contrario de lo anunciado por el Ejecutivo en un primer momento, las medidas relacionadas con los permisos por paternidad por nacimiento no se harían efectivas hasta alrededor de tres semanas después: el 1 de abril de 2019.

Desde La Moncloa, justificaron el retraso en la aplicación de los permisos en la necesidad conceder un mayor plazo a la Seguridad Social y a las empresas para su adaptación. Previamente, la primera demora se debió a "un error" en el texto que debía subsanarse, sin ofrecer mayor concreción.

Como finalmente no entra en vigor hasta el primer día de abril, los progenitores cuyo hijo haya nacido durante el mes de marzo de 2019 no podrán beneficiarse de la ampliación de los permisos de paternidad, independientemente de que el real decreto ley que los contempla fuera aprobado el 1 de marzo, y publicado en el BOE el día 8.

Aunque todavía no se disponen de las cifras de nacimientos producidos en el mes de marzo de este año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en marzo de 2017 se produjeron 30.154. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social no dispone de datos sobre prestaciones de paternidad gestionadas con periodicidad mensual, por lo que no hay cifra concreta sobre los permisos de paternidad gestionados en el mes de marzo del año pasado.

Críticas de asociaciones de familias 

Las asociaciones de familias como la Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA) celebró la ampliación del permiso, si bien avisó de las "trampas", en referencia a la simultaneidad de las primeras semanas, que "pueden conducir a que las mujeres cuiden mucho más y durante mucho más tiempo", según explicó a Europa Press la portavoz, María Pazos.

También la Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles (PETRA) afirmó que era una "ley patriarcal, puesto que aumenta los privilegios de los varones al tiempo que ningunea la maternidad como aportación social fundamental y como algo propio de las mujeres".

Por su parte, la fundadora de la Plataforma de madres feministas por los permisos transferibles (PETRA), Patricia Merino, desvinculó el problema de desarrollo laboral de las mujeres de los permisos. Según defendió a Europa Press, los permisos deben estar más en sintonía con los existentes en los países europeos avanzados, donde se caracterizan por la transferibilidad y en los que prima la libertad de las familias para organizarse, al tiempo que incidió en que "no existe demanda social de unos permisos iguales e intransferibles".