La amnistía es el principal tema que tiene sobre la mesa el independentismo ante una investidura de Pedro Sánchez marcada por las negociaciones con ERC y Junts. Òmnium Cultural ha cifrado en al menos 1.432 las personas que deberían beneficiarse de esta ley, afectadas por varias macrocausas en torno al 1-O y que se extienden hasta el día de hoy. Los partidos, además, reclaman que se aplique también a los condenados por el 9-N, que fue en 2014.

Desde presidentes y consellers de la Generalitat a activistas rasos, pasando por alcaldes y cargos intermedios, incluidos algunos funcionarios, entre las 1.432 personas hay 113 condenados penalmente, 17 pendientes de sentencia, 387 con causa penal abierta, 880 sancionados administrativamente y 35 pendientes del Tribunal de Cuentas, según el recuento de Òmnium.

"Una amnistía no es una medida de gracia, como lo es el indulto. La amnistía es un instrumento político y colectivo del estado de derecho, homologable internacionalmente, para abordar democráticamente un conflicto político", defendió el presidente de la entidad, Xavier Antich, en el acto de la Diada.

Ciertos sectores han abierto el debate sobre si esta amnistía debería incluir a los policías investigados por la violencia el día del referéndum, algo que Antich rechaza de lleno y que el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Albert Noguera considera "ilegal".

Pero ¿quiénes son exactamente los independentistas que podrían beneficiarse de esta amnistía? Los repasamos.

Los líderes del 1-O

Seguramente el caso más conocido son los líderes del 1-O, los políticos que estaban al frente de la Generalitat cuando se celebró el referéndum, junto a los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Se dividen en dos grupos: por un lado, los que fueron encarcelados y posteriormente indultados de forma parcial, y por otro, los exiliados, encabezados por el expresident Carles Puigdemont, que no han sido juzgados pero tienen orden de detención del Tribunal Supremo.

Los conocidos como Jordis forman parte del primer grupo junto con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Todos ellos estuvieron en prisión cuatro años y fueron indultados en junio del 2021.

Pese a ser indultados, la amnistía les beneficiaría porque lo fueron parcialmente, cancelando la pena de prisión pero manteniendo la inhabilitación. La derogación del delito de sedición ha hecho que aquellos que sólo estaban condenados por ello, como los Jordis, hayan visto anulada por completo su pena. Pero el resto siguen inhabilitados, por lo que la amnistía supondría un paso adelante, más allá de su peso en la resolución del conflicto con el Estado.

Los exiliados nunca han sido juzgados, aunque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha intentado reiteradamente extraditarlos a España con tres euroórdenes, hasta ahora todas fallidas. Si la amnistía sigue adelante, esto supondría el regreso de Puigdemont en libertad tras un laberinto judicial de más de seis años.

También están en el exilio los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, así como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, encausada también por la organización del 1-O. La ahora consellera Meritxell Serret, que también lo era en 2017, se marchó al exilio y al regresar, en 2021, fue juzgada y condenada por el Supremo a un año de inhabilitación, aunque la sentencia no es firme.

Segunda macrocausa: los altos cargos

La otra gran macrocausa del 1-O es la que afecta a más de una treintena de altos cargos a los que también se investiga por la organización del referéndum. Es el caso del exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

En el juzgado de instrucción número 13 se encuentran el resto de encausados, entre ellos Antoni Molons, entonces secretario de Difusión y Atención Ciudadana; Joaquim Nin, exsecretario general de Presidencia; Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; Aleix Villatoro, exsecretario general del Departamento de Exteriores; Amadeu Altafaj, exdirector de la representación de la Generalitat ante la UE, y Albert Royo, exsecretario general del Diplocat.

Están investigados por los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación.

Precisamente este jueves se ha conocido la condena al exconseller Miquel Buch por haber puesto escolta policial a Carles Puigdemont cuando éste se marchó al exilio en 2017. La sentencia establece cuatro años y medio de cárcel y 20 años de inhabilitación por malversación de fondos públicos y prevaricación.

Tribunal de Cuentas y 'Operación Volhov'

A todo ello se suman las diversas causas en manos del Tribunal de Cuentas, que juzgará el próximo 17 de noviembre a los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y una treintena de funcionarios y ex altos cargos más por el gasto del 1-O y la acción exterior del Diplocat.

La Fiscalía reclama a 35 miembros de los ejecutivos de Mas y de Puigdemont 3,2 millones por la organización del 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior de 2011 a 2017.

Por otro lado está la conocida como operación Volhov, por la que fueron detenidas 21 personas, algunos de ellos exaltos cargos y políticos de ERC y la antigua CDC. Los investigaban por la financiación de Tsunami Democràtic y la residencia de Carles Puigdemont en Bélgica, unas esperpénticas y supuestas conexiones entre el Govern y el Kremlin, así como una presunta trama de corrupción vinculada a la construcción de un centro concertado y la adjudicación de un contrato del ICAM.

Se trata del exconseller y exdirigente de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler, el antiguo alto cargo de CDC David Madí, el excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals, los directivos de Events Roc Aguilera y Toni Fusté, la exconcejala de ERC Marta Molina, el concejal de Cabrera Jordi Mir y Jordi Serra, interventor de la conselleria de Deportes de la Generalitat. La operación fue ordenada por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y todavía está en curso.

La Mesa del Parlament

La represión al independentismo a raíz del 1-O no se quedó sólo en el poder ejecutivo sino que también afectó al legislativo, con la condena a la Mesa del Parlament del 2017. Forcadell, que era su presidenta, fue juzgada aparte.

Tras repetir el juicio por la falta de imparcialidad de dos de los magistrados, el TSJC condenó este año a cuatro meses de inhabilitación y 1.200 euros de multa por un delito de desobediencia a los cuatro miembros independentistas de la Mesa. Esto supuso una rebaja considerable de la pena, puesto que en el primer juicio habían sido condenados a 20 meses de inhabilitación y 30.000 de multa.

Mención aparte merecen los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, a quien el juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona absolvió en 2021, una sentencia anulada por la Audiencia de Barcelona, que resolvió que había que repetir el juicio. Están pendientes, pues, de nueva fecha y por tanto su caso sigue abierto. Forman parte de este caso prestigiosos juristes y hasta la actual consellera de Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

Tsunami Democràtic y protestas post-sentencia

Otro gran bloque es el que afecta a manifestantes y activistas, de los CDR, por ejemplo, pero también a otros. El grueso de casos se concentra en torno a las protestas cuando salió la sentencia del Procés, en octubre de 2019, con Urquinaona como día principal. Pero hubo también encausados por las protestas del consejo de ministros en Barcelona, la visita del Rey o la detención de Puigdemont en Alemania en el 2018, por ejemplo.

Tan sólo entre las protestas de la sentencia, en octubre de 2019, y justo antes del inicio de la pandemia, en marzo de 2020, más de 600 personas fueron detenidas por manifestarse, según Alerta Solidària.

Si bien ha habido casos en los que han resultado absueltas, como por ejemplo en los cortes en La Jonquera promovidos por Tsunami Democràtico -llegaron a citar a 211 personas-, otras muchas han sido condenadas o todavía están a la espera de sentencia.

Algunos de los casos son el de Carla Costa, condenada en agosto a un año de cárcel por participar en el corte de las vías del tren en Girona, el de Marcel Vivet, condenado por lesionar a un mosso de esquadra en la manifestación 'Holi' contra Jusapol en 2018 y el de Adrián Sas, un joven condenado a tres años y medio de cárcel por haber golpeado a un policía durante las manifestaciones del primer aniversario del 1-O.

También está todavía abierto el caso de la Operación Judas, que afecta a 12 miembros de CDR a los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó abrir juicio oral por pertenencia a organización terrorista. A ocho de ellos les atribuye también supuestos delitos de tenencia, depósito y fabricación explosivos -pese a que en ninguno de los registros efectuados se encontraron.

Otros que en su momento tuvieron mucho eco han quedado absueltos y por tanto no formarían parte de la amnistía, como los 9 de Lledoners, el chico de la sudadera naranja o Tamara Carrasco, miembro de un CDR que llegó a ser acusada de terrorismo.

En cualquier caso, Alerta Solidària, que ha representado a buena parte de los activistas encausados, lamenta que la amnistía "llega tarde" tras los años de sufrimiento y angustia que han sufrido los investigados, incluso los que finalmente han sido absueltos.

La causa por el 9-N

En el recuento de Òmnium de 1.432 personas a las que beneficiaría la amnistía no se incluyen los condenados por la consulta del 9-N, realizada en 2014. Sin embargo, ERC y Junts reclaman que entren dentro del perímetro de esta nueva ley, a falta de cómo avance la negociación.

Los principales condenados por esta consulta fueron el expresident Artur Mas, así como las exconselleras Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por desobediencia. Además, el Tribunal de Cuentas les condenó a pagar 4,9 millones de euros, la suma que consideró que había costado la iniciativa.

A Mas se le responsabiliza del total de la suma, mientras que al resto de condenados se les atribuye una parte proporcional a las responsabilidades atribuidas.