El viernes pasado el PP anunció, después de haber recibido variados rapapolvos, que Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, comparecería en el Parlamento para hablar de la ley que impulsa Juan Manuel Moreno Bonilla.

Esta norma pretende, en un contexto de sequía y escasez de agua y cuando el Parque Nacional está en una situación crítica, ampliar los suelos regables en la comarca.

La ley ha causado alarma en Europa –sobre España pesa ya una sentencia por no cuidar los acuíferos– y en la Unesco. Y Moreno tramita con el rodillo que le da la mayoría absoluta y de la mano de la ultraderecha, lo que le ha cosechado severas críticas –como "negacionista"–.

La norma avanza por la vía de los hechos, sin escuchar a las voces críticas ni buscar –más allá de vacuas declaraciones– los consensos en una zona que ya tuvo en 2014, cuando se aprobó el plan de la fresa, sus buenas dosis de polémica (hubo más de 3.000 alegaciones).

En aplicación de esa extraña estrategia para un partido que pretende llamarse de Estado, el PP ha dejado fuera del debate parlamentario –cuando se tramita una ley se da voz a la sociedad civil, a los así llamados agentes sociales– a voces relevantes, excelentes conocedoras de los retos que afronta el entorno del parque nacional, y a quienes también afectan la aprobación de esta ley.

Público ha hablado con varios de estos protagonistas y ha recopilado también las opiniones de otros que la oposición –PSOE, Por Andalucía y Adelante– había reclamado que se escuchasen y a los que PP y Vox no han querido dar la palabra.

Entre ellos están agricultores de la zona, organizaciones ecologistas –se ha convocado solo a WWF– y expertos en medido ambiente y gestión del agua. Su ausencia, de consumarse, provocará que las comparecencias no reflejen la complejidad y pluralidad de voces del debate.

Expertos

La ausencia más relevante en este momento, una vez que el PP ha rectificado la de Delibes, es la del director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, quien expuso hace unas semanas la situación crítica del Parque Nacional. También la de la investigadora Carmen Díaz Paniagua.

Además, los partidos reclamaron la presencia, entre otros, de Leandro del Moral, catedrático de geografía humana, Joan Corominas, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y Luis Babiano, de la asociación española de operadores públicos de abastecimiento y saneamiento. Su presencia fue rechazada por PP y Vox.

Para Del Moral, "el territorio de Doñana es un laboratorio ecológico, social y político. Es un ámbito para el que se han elaborado más planes de ordenación y desarrollo territorial que en ningún otro lugar de España".

"En uno de ellos, aprobado en 2004, se mandó elaborar un plan sectorial de ordenación de los regadíos, el Plan de la Corona Forestal. Es el único plan que existe en Andalucía (hay otro en el Alto Guadiana) que pretende poner orden en el desorden generalizado del uso del agua subterránea, desde Almería hasta Huelva", añade.

Luis Babiano abunda: "Me parece que estamos en un nivel de tristeza absoluta. Comparto 100% lo que dice Miguel Delibes, que dice que esto repercute en el estado de ánimo de Doñana y de toda su comarca. Es fruto del populismo hídrico, indudablemente. La proposición no mejora nada lo que nos debe preocupar, que es el parque; en ese sentido, no vale de nada".

"La ley lo que sí hace es que se cuestione todo lo regularizado en el 2014. La ley no dice que va a cerrar los pozos (ilegales) y que va a pensar el modelo; dice lo contrario. Tampoco garantiza el futuro", agrega.

"La ley no debería haberse planteado nunca. No tiene ningún sentido, más allá de contentar a unos pocos y de buscar unos votos. Es una ley desproporcionada que no resuelve nada y complica mucho más las cosas. Es un modelo de populismo hídrico que no conduce a nada", coincide Joan Corominas.

"¿Por qué solo se intenta aquí?", se pregunta Del Moral. Responde él mismo a la cuestión: "Porque es Doñana: la joya de la corona de la biodiversidad y de los paisajes de Europa".

"¿Por qué el Partido Popular se ha metido en el embrollo de desmontar ese plan tan sensible y tan dificultosamente aprobado diez años después de que se mandara redactar? Porque en esta plaza emblemática se está disputando, con Vox, el liderazgo de la defensa del regadío", dice.

Del Moral prosigue: "Por su potente dimensión simbólica, más allá de su peso socioeconómico, esto facilita gobiernos no solo municipales, sino provinciales (Alicante, Almería...) y regionales (Murcia, Andalucía...). El resultado de las elecciones municipales, en ese sentido, parece que le ha salido bien: se ha frenado el avance de Vox".

"La legitimidad social –remacha del Moral– del regadío, que es con diferencia el sector más consumidor (de agua), es muy fuerte. Todavía se tolera socialmente el crecimiento de la superficie de regadío. Hablar de la necesidad de reordenar a la baja esta superficie, como ya es necesario, y será imprescindible según avancen los impactos del cambio climático, es todavía casi un tabú".

"Pero también hay avances, como los que puede significar la Mesa Social del Agua de Andalucía, una coalición, por primera vez, de agricultores, ecologistas, sindicatos, ciudadanos y científicos que ha entendido el problema y que denuncia la sobreexplotación estructural de los recursos hídricos", finaliza.

"Vamos a tener que repensar –agrega Babiano– nuestro modelo de gestión. Nuestra adaptación de ciudades y pueblos es un hecho constatable y los numerosos expertos nos dan informes de forma anual: va avanzando la crisis climática. Eso es incuestionable".

"Todo lo que no sea crear las bases para resolver el problema nos va a impedir justamente resolver con éxito el problema. Estamos a tiempo: todos los agentes sociales tienen mucho que aportar al debate. Pero, ¿qué estamos haciendo? La estrategia del avestruz", señala.

Corominas cree que algo se mueve, tras la reacción de los consumidores europeos a la polémica creada por PP y Vox: "Tenemos que empezar a entender que gestionar el agua y los ecosistemas es una manera de asegurarnos el futuro de nuestra sociedad. Así lo han entendido incluso los sacrosantos mercados que dice el PP, que han puesto de manifiesto que, si se va por ese camino, ellos intentarían no comprar frutos rojos procedentes de esa zona, donde se use de forma ilegal el agua".

"Poco a poco, el conjunto de la sociedad entiende que no vamos por buen camino si seguimos sobreexplotando acuíferos y destruyendo una joya como es Doñana", abunda.

Agricultores

Para la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana (AAPD) de Almonte (Huelva), que agrupa a más de 300 regantes legales, y a la que PP y Vox también dejaron fuera de los debates de la norma, la lista de comparecientes supone un "atropello sin razón" porque deja fuera a "más de la mitad de los agentes implicados".

En un comunicado, Manuel Delgado, presidente de la asociación, señaló que le produce "estupor" observar cómo, además de ignorar a las instituciones europeas, las españolas, y al resto de colectivos de plataformas como Salvemos Doñana, "se niega la participación a los organismos científicos de la propia Andalucía".

Para Delgado, según recoge Efe, la razón de que no se escuche su voz en el Parlamento tiene que ver con que "lo que se pretende es favorecer a los empresarios de Rociana y Lucena del Puerto, básicamente, y las aspiraciones políticas del PP".

Para la asociación, "el daño reputacional (de la ley) es incalculable, no solo para los agricultores del condado sino para los de toda España". Por esta razón han hecho un llamamiento al resto de agricultores del país "para que se unan y ayuden a parar esta barbaridad de iniciativa que tanto daño está haciendo al prestigio agrícola y las marcas españolas".

Para la asociación, los mismos que reclaman agua para asegurar la supervivencia de un sector que produce 1.400 millones de euros al año, "son los que están jugando a la ruleta rusa con el prestigio de Huelva en Europa"

"Y ahora quieren defender los productos, a los que han empezado a llamar la fresa seca por culpa de una ley irracional y una ambición política y coyuntural que no mide la supervivencia económica y ambiental más inmediata", comenta.

Eoclogistas

PP y Vox han llamado solo a WWF y han dejado fuera a Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife, ONG conservacionistas con gran arraigo y experiencia también en el análisis de lo que sucede en Doñana. Para WWF, esta decisión es también irracional, porque "en el territorio no solamente hay una organización ecologista con una idea".

Para SEO, que entregó en el Parlamento andaluz hace escasas fechas 146.079 firmas para que se paralizara la tramitación de la proposición de ley, lo que está sucediendo en Doñana es "como derribar una gran parte de la Alhambra de Granada para, por ejemplo, construir un centro comercial". "Estamos hablando de un espacio que es Patrimonio de la Humanidad", agrega la ONG.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, considera: "No podemos dejar que una decisión que beneficia a unos pocos ponga en una situación irreversible a la agricultura y al turismo, además de, por supuesto, suponer la pérdida de biodiversidad de una de las joyas naturales de Europa".

Juan Romero, de Ecologistas en Acción, asegura a Público: "La ley es una apología a la ilegalidad. Es autoritaria, anticientífica y es un desprecio absoluto a Doñana y sus valores. No hay derechos históricos; lo que hay son transformaciones espontáneas al margen del cumplimiento de la ley y que posteriormente se han ido amnistiando. Los tribunales ya han dicho que es ilegal".

"La esperanza está en la sentencia de la UE y en que la Comisión va a ser mas dura que los señores del PP. La Unesco nos va a meter seguro en la lista. Esto va a suponer un desprestigio reputacional. Pero les da igual. A ellos lo que les preocupa es la pasta", concluye.