La foto finish del pasado miércoles, 10 de diciembre, fue un Gobierno salvando dos decretos —evitando el precipicio— y viendo cómo Partido Popular (PP), Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Podemos tumbaban un tercero. Junts per Catalunya se abstuvo en el último respiro para que prosperaran dos paquetes de tres a cambio de una serie de cesiones con las que el PSOE no contaba. "Creo que el PSOE se ha dado cuenta de que algo ha cambiado", apuntan fuentes de Esquerra Republicana, una de las fuerzas políticas imprescindibles, como el resto del bloque de investidura, para Pedro Sánchez saque adelante medidas.

Todas las fuentes consultadas hablan de la misma sensación. No se ha producido un movimiento tectónico como para cambiar el dibujo de apoyos de la legislatura (no en vano, Sánchez logró sacar adelante el decreto ómnibus y el anticrisis), pero el Gobierno sí debe aceptar que no tiene mayoría y que su estrategia debe pasar por establecer unas negociaciones prácticamente constantes con todas las fuerzas.

"El Gobierno tiene que entender que la negociación y el acuerdo son el único camino para avanzar", deslizan fuentes de EH Bildu. Los aliados de Sánchez no están cómodos con un panorama, como el que se vivió en la primera gran votación de 2024, en el que el futuro de medidas sociales o económicas pendan de un hilo hasta que, en un sprint final, florezca un acuerdo con Junts. "El miércoles se demostró", apunta el entorno del Bloque Nacionalista Galego (BNG), "que muchas medidas dependerán de un voto y que, por tanto, todos somos importantes".

En la misma línea, desde el entorno, de nuevo, de ERC, deslizan que "esta legislatura es muy distinta a la anterior". Y continúan: "En la anterior, el Gobierno se podía permitir el lujo de agotar plazos y dialogar siempre muy tarde porque tenía mucho margen". Se refieren a que Sánchez podía pivotar, encontrar unos apoyos y prescindir de otros. Como el resto de partidos que apoyaron los decretos, se muestran satisfechos con que salieran adelante las medidas sociales, ahora bien, insisten en que el Gobierno, tras el 23 de julio, "ya no tiene esa capacidad de regateo y debería cambiar la estrategia negociadora".

"El Gobierno", insisten, "tiene que preguntarse si quiere aguantar mucho más tiempo con esta agonía o cambiar a una estrategia en que distintos actores del Ejecutivo negocien a varias bandas, desterrando la excusa de que el bloque de investidura son muchos partidos". Las fuentes consultadas coinciden en que el riesgo de que la legislatura descarrile existe "y no solo por Junts", deslizan desde Esquerra: "Todos contamos igual". "Seriedad, audacia y responsabilidad" piden desde EH Bildu para no tener que tomar "decisiones a contrarreloj", en referencia a las medidas a las que tuvo que comprometerse el Gobierno con Junts en una apurada jornada de negociaciones siempre al filo de la navaja.

En una entrevista en la emisora de radio catalana RAC1, Salvador Illa, líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y exministro de Sanidad, acusó a Junts de "convertir cada votación en un Vietnam". Pero las fuentes parlamentarias consultadas reparten culpas. "El Gobierno tiene que negociar de una forma más pausada y con todos". El PNV también ha expresado, en público, que "no debe repetirse el espectáculo del último pleno". El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, apremió, además, al Gobierno para que traspase a Euskadi las competencias en migración tras el acuerdo con Junts per Catalunya en la misma materia. En el caso de Euskadi, se trata de un compromiso que adquirió Sánchez en 2019, pero que aún no se ha materializado.

La importancia de un voto: BNG y Coalición Canaria

"Nosotros sabíamos que, para el acuerdo de investidura, nuestro voto no iba a ser vital, pero cobraría importancia durante la legislatura", subrayan fuentes del BNG. Cristina Valido, de Coalición Canaria, por su parte, señala que su partido votó a favor de las medidas sociales, en esta ocasión, porque son buenas para la ciudadanía, pero que se ha podido comprobar "que el voto de Coalición Canaria, si el Gobierno no cumple lo firmado, puede dejar caer muchas medidas".

Negociar con todos, negociar diferente y negociar antes. Podría ser un resumen de las exigencias compartidas de ERC, EH Bildu, BNG, PNV o Coalición Canaria. Podemos, un actor que ha cobrado especial relevancia tras su abandono de Sumar y paso al Grupo Mixto, también lamenta haber tenido que llevar las negociaciones a última hora, como ocurrió con la del escudo social, que finalmente fructificó. Las conversaciones para ese decreto anticrisis, según ha podido saber Público, las protagonizaron el socialista Rafael Simancas y la diputada de Podemos Lilith Verstrynge, aunque Félix Bolaños e Ione Belarra contribuyeron a la hora de cerrar el acuerdo.

En cuanto a la de los subsidios, hay una gran discrepancia entre las versiones que dan los morados y la que da Sumar. Marta Lois, portavoz de Sumar, asegura, en una entrevista para Público, que Podemos buscó que cayera el decreto por una cuestión de estrategia, de marcar siempre una negativa a Yolanda Díaz y a Sumar, mientras que los de Belarra se quejan de que no hubo negociación, pero que no fue decisión suya. Ambas partes coinciden, por separado, en su voluntad de aprobar las medidas, pero el obstáculo de la cotización de los mayores de 52 años desempleados parece difícil de salvar. Al menos, por el momento.

Otra cosa que rechazan los partidos mencionados es el abuso de la fórmula del decreto y, en especial, de los denominados ómnibus. "Llevan tantas medidas que es muy difícil decidir el sentido del voto", recalca el BNG. Según eldiario, en Moncloa habrían terminado por tomar nota y se habrían propuesto limitarlos al máximo.

Reforma del artículo 49 de la Constitución

A priori, esta semana que entra parece más tranquila para el Ejecutivo. Cualquiera lo sería, viniendo de donde viene. El Partido Popular y el Partido Socialista coinciden en un cambio constitucional, la eliminación del término "disminuidos" de la Carta Magna, que superará esta semana la primera fase de su tramitación parlamentaria, que precisa de un apoyo de, al menos, tres quintas partes del Congreso y la misma proporción del Senado. El acuerdo incluye que el término se sustituya por "personas con discapacidad". Al tramitarse esta modificación por la vía de urgencia y en lectura única, no se someterá a debate en comisión ni precisará de un informe de ponencia.

Existe una cierta controversia en la votación, aunque no tiene que ver con el contenido de la modificación. La portavoz de Compromís y portavoz adjunta de Sumar, Àgueda Micó, explicó en una comparecencia que su grupo presentará una enmienda para introducir en la votación la inclusión en la Constitución del Derecho Civil Valenciano, una reivindicación histórica de la Associació de Juristes Valencians. Micó recordó que PP y PSOE votaron a favor de ello en las Cortes Valencianas, pero que ya han avisado a Compromís de que votarán en contra en el Congreso. "No lo entendemos", resolvió.

En cualquier caso, el sentido del voto de los diputados de Compromís será favorable, "como no podría ser de otro modo", a un cambio en la Constitución, la eliminación del término "disminuidos", totalmente necesario, pero Micó insistió en la decepción que supone para su partido la negativa de PP y PSOE a la inclusión de su petición.

Las sesiones plenarias se celebrarán, como esta última semana, en el Senado en lugar de en el Congreso. Según ha podido saber Público, hasta la última semana de enero o, incluso, la primera de febrero no terminarán las obras en los escaños de la Cámara Baja, lo que supone que el Pleno en el que la amnistía superará, salvo sorpresa, su primer trámite parlamentario en el Congreso se podría celebrar, físicamente, en el Senado.