a coruña
Las agencias, consorcios, fundaciones, empresas públicas y otras entidades de la administración paralela de la Xunta que Alberto Núñez Feijóo tejió durante sus años de gobierno en Galicia alcanzaron en su último año de mandato un presupuesto de más de 2.260 millones de euros y gestionaron recursos por valor de más de 1.750 millones.
Esas cantidades representan, respectivamente, el 20% y el 17% del presupuesto total de la Xunta para ese ejercicio, dotado con 11.627 millones de euros. Así lo indica el Consello de Contas de Galicia, el organismo encargado de fiscalizar la contabilidad de las instituciones autonómicas, en su informe anual sobre la situación económica y financiera de sus entidades instrumentales, publicado este mes de mayo.
La Xunta, que Feijóo presidió desde 2009 hasta mayor de 2022, cuando la abandonó tras asumir la presidencia del Partido Popular, tenía adscritos en 2022 a 40 fundaciones, 20 consorcios, 20 sociedades mercantiles, 16 agencias, 11 organismos autónomos y entidades de consulta y dos entidades empresariales.
Gestionaban y gestionan una amplia diversidad de bienes, servicios y políticas autonómicas. Sus defensores alegan que son herramientas más eficaces en el empleo del presupuesto público, pero el Consello de Contas advierte de que permiten administrarlo escapando de las normas de contratación del derecho administrativo y con mayor discrecionalidad en las políticas de personal, además de la la relajación de los controles y la elusión de los límites al endeudamiento.
"Chiringuitos"
De hecho, esos entes acumulaban en 2023 una deuda de 630,9 millones de euros.
Feijóo llegó a la Xunta en 2009, en plena crisis por el derrumbe de los sectores bancario e inmobiliario y tras una campaña de acusaciones a sus rivales sobre supuestos derroches que luego se demostraron falsos. Reclamaba austeridad y prometió eliminar de la Administración gallega los "chiringuitos", como los denominó. A pesar de que redujo su número, lo cierto es que el dinero que gastó en ellos no dejó de incrementarse durante sus gobiernos.
"No se realizaron controles de eficacia para verificar el cumplimiento de objetivo y la buena aplicación de los fondos"
Sólo los seis últimos años en los que estuvo al frente de la presidencia de la Xunta, el presupuesto destinado a esas entidades instrumentales creció un 40%, al pasar de los 1.617,28 millones de 2017 a los 2.261,77 de 2022. Es decir 644,5 millones de euros más.
El Consello de Contas alerta de la escasa capacidad de autofinanciación de esas entidades, que obtienen la inmensa mayoría de sus recursos vía transferencias de financiación y subvenciones del Tesoro Autonómico. "El escaso nivel de generación de ingresos propios de algunas de las sociedades públicas cuestiona que las actividades desarrolladas por estas sean mercantiles o empresariales", dicen los autores.
Subvenciones
En el caso de las fundaciones, la figura más utilizada en la administración paralela que creó Feijóo, advierten de que "la dependencia de las subvenciones autonómicas, superior al 85%, evidencia la incapacidad para usar el modelo para incentivar la participación de la financiación privada en actividades de interés general".
También apuntan algunas irregularidades en el sistema de organismos descentralizados, como que las memorias que presentan la mayoría de ellas no cumplan "su función de explicar, comentar y ampliar el resto de estados contables y carecen por tanto de valor informativo" no que adolezcan de falta de información económico-financiera y presupuestaria que tenga en cuenta su pertenencia al sector público.
"Las memorias de la mayoría de entidades no cumple su función de explicar los estados contables"
Además expone que no se realizaron sobre ellas "controles de eficacia, auditorías operativas y supervisiones continuas que traten de verificar el cumplimiento de objetivos, la buena aplicación de los fondos recibidos y la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación del organismo".
El informe del Consello de Contas recuerda además que la Xunta incumple desde hace 14 años la obligación de poner en marcha un registro de esas entidades, a cuya creación está obligada por una ley de 2010; y de que algunas de ellas ni siquiera rinden cuentas anuales.
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