La escalada de los precios de productos básicos en los últimos dos años ha causado un desplome en el consumo de alimentos frescos. Según los datos del Ministerio de Agricultura, en este tiempo el descenso es del 20% en el consumo de carne, del 12% en el pescado y alrededor el 10% en frutas, verduras y hortalizas, lo que, en función de los alimentos que se elijan como sustitutos podría tener consecuencias para la salud, sobre todo de las personas con rentas más bajas.

En este contexto, Adelante Andalucía ha llevado al Parlamento autonómico una propuesta –una proposición no de ley que se debate este jueves– para crear una red de supermercados públicos "que se desarrolle por todo el territorio de Andalucía"y sea "accesible a toda la población con el fin de garantizar el derecho a la alimentación saludable y digna". La idea es construir "un sistema de distribución y comercialización de carácter local y de proximidad", que dé prioridad a "los productos ecológicos, de kilómetro 0 y de cercanía". En definitiva, a promover "el consumo de productos andaluces".

Para el catedrático de Economía Aplicada, Manuel Delgado Cabeza, preguntado por Público, "una iniciativa como esta, bien construida con arreglo a los criterios que se enuncian en ella podría ser útil".

Adelante, que no ha elaborado un presupuesto aún aproximado para la idea, analiza que la reducción del IVA a los alimentos de primera necesidad es "insuficiente" y "no ha supuesto ningún cambio sustancial para contener los precios y para que las familias puedan acceder a un precio razonable a la compra de la cesta básica". El partido de izquierdas y andalucista acude a un trabajo de la OCU que evaluó los precios de 1.180 establecimientos en 65 ciudades en el que se detectan subidas de precio de entre el 10%. Y el 15% en la "gran mayoría de supermercados".

"Empresas como Eroski, Hipercor, Consum, Día o Mercadona han elevado los precios muy por encima de la inflación, por lo que los consumidores de estos establecimientos no sólo no se han visto aliviados por las medidas adoptadas hasta la fecha sino que cada vez encuentran más dificultades para poder hacer la compra de alimentos", afirma Adelante.

Oligopolio

"Uno de los factores –se lee en la proposición que firman los diputados José Ignacio García y Maribel Mora– que condiciona de forma evidente el aumento de los precios de los alimentos es el sistema de oligopolio que, en la práctica, existe en este sector. Unas pocas empresas controlan casi la totalidad del mercado, a lo que se suma el papel que juegan en la cadena de suministros las empresas distribuidoras que siguen multiplicando sus beneficios aún en momentos de crisis e incertidumbre".

El razonamiento de los diputados prosigue de este modo: "El mercado de la alimentación copado por las grandes empresas multinacionales está desplazando y destruyendo al pequeño comercio local. Los establecimientos de proximidad, que normalmente son regentados por autónomos o pequeñas empresas, se ven inmersos en una espiral por la que dependen de las decisiones de las grandes multinacionales del sector de la alimentación y la distribución en la fijación de los precios de los suministros y la gestión de stocks mientras que cuentan un margen escasísimo a la hora de ajustar estos precios".

"El objetivo fundamental de maximización de los beneficios de las grandes corporaciones del sector colisiona de forma evidente con el derecho al acceso de la población a una cesta básica de alimentos en un contexto andaluz de bajos salarios y de un paro estructural que supera, aún en los mejores momentos, en entre cinco y diez puntos la media estatal de desempleo", remachan García y Mora.

Distribución y precio justo

De aprobarse la proposición tal y como la plantea Adelante, algo que con seguridad no sucederá –en Andalucía, por ejemplo, no fue posible montar una banca pública, ante las dudas del PSOE, cuando IU la impulsó desde el Gobierno–, además de los supermercados, el Gobierno andaluz debería impulsar también "una compañía de distribución pública con logística de distribución propia que garantice un precio suficiente en origen y un precio asequible al consumidor final".

Así, la Junta, en el planteamiento de Adelante, aseguraría el pago de "precios dignos y justos a los agricultores y ganaderos que contraten con la red de supermercados públicos, de forma que se fomente el empleo agrario y ganadero de calidad que ayude a impulsar el empleo rural y a fijar la población de las zonas rurales".

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se mostró favorable hace unas semanas a adoptar una medida similar. En este artículo se preguntaba: "¿Y si, además de intervenir los precios de los productos básicos para evitar los abusos de los grandes supermercados, hiciéramos un supermercado público?"