Una mayoría de grupos de la comisión parlamentaria de investigación sobre el uso partidista de los recursos del Ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz ha alcanzado un acuerdo de mínimos esta mañana tras cerrar los trabajos de los comisionados: hubo una policía política paralela creada por el ministro Fernández Díaz y su director adjunto operativo de la Policía, el comisario Eugenio Pino.

Las conclusiones han sido aprobadas sin el voto del grupo popular, que se ha mostrado desde un principio en contra de los trabajos de esta comisión y de su propia existencia por entender que se pretendía desprestigiar al Gobierno de Rajoy y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. El PP ha anunciado que presentará su propio voto particular al margen del acuerdo general.

El consenso mayoritario ha sido de mínimos y se ha alcanzado en torno a las dos conclusiones finales presentadas en el escrito propuesto por el grupo socialista, aunque han sido ligeramente modificadas en aras de lograr el respaldo mayoritario de los grupos de Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Mixto representado por el PDeCAT.

En concreto, se afirma que bajo el mandato de Fernández Díaz, usando de forma fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo del Ministerio del Interior, "se creó una estructura policial bajo las instrucciones de Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, y del director adjunto operativo (DAO) ,el comisario Eugenio Pinto, con el conocimiento y consentimiento del ministro". El objetivo de esa estructura "era obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP, el seguimiento, la investigación y persecución de adversarios políticos (PSOE como demuestra la creación y trabajos de las BARC), el nacionalismo catalán (caso Trías entre otros) o Podemos, con el informe PISA".

En otra de las conclusiones se califica como “inaceptable” la utilización “partidista con fines políticos de los efectivos y medios del departamento del Interior, con un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia y del Estado de derecho”.

A esas dos conclusiones aportadas por el grupo socialista el acuerdo alcanzado agregan otros dos: en primer lugar, se destaca el reconocimiento al trabajo de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que en ningún caso los trabajos de los comisionados supone un desprestigio a su labor.

Además, una cuarta resolución denuncia las dificultades que han tenido los comisionados en obtener la documentación solicitada al Gobierno para realizar su trabajo de investigación.

Tanto Unidos Podemos como ERC y PDeCAT han criticado que finalmente el acuerdo no incluye remitir a la fiscalía general del Estado las conclusiones por la oposición del grupo socialista. El PNV y Ciudadanos tampoco contemplaban esa posibilidad.

El socialista Juan Carlos Campo ha justificado la actitud de su grupo ante esa petición alegando que “no era objeto de la comisión, pese a que está contemplado en el reglamento. De todas formas, la fiscalía puede actuar de oficio”. Su compañero David Serrada ha insistido en que lo realmente importante es que ha quedado constatado que “existió una policía paralela al servicio partidista del PP”.

La portavoz del grupo Unido Podemos ha calificado las conclusiones como “un acuerdo de mínimos, pero suficiente, para establecer las responsabilidades políticas” por la creación de una policía paralela para crear intoxicaciones y ataques a la oposición política. “Eso ha quedado de manifiesto en los informes contra Podemos”, ha agregado en compañía de Gloria Elizo, portavoz adjunta del grupo en esta comisión.

El representante de ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado satisfecho por el acuerdo general porque “ha demostrado que hubo una policía política ara actuar contra la oposición al PP”. Sin embargo, ha protestado por no haber logrado incluir en el acuerdo la retirada de las condecoraciones a los policías de “esta brigada porque conlleva unas pensiones que pagamos los contribuyentes. Está claro que conformaron un nuevo GAL”, ha insistido.

Por su parte, el grupo popular, a través de su portavoz, Carlos Rojas, se ha manifestado en contra de esas resoluciones por entender que el objetivo de la comisión “ha sido aislar al PP. Nació (la comisión) muerta porque no había causa que investigar. Todo han sido fuegos de artificios”, ha concluido Rojas antes de solicitar a los periodistas que “lean muestras conclusiones que están muy elaboradas”.

A partir de ahora las conclusiones aprobadas más los votos particulares que plantean los diferentes grupos parlamentarios serán remitidos a la Mesa de la Cámara baja para que las incluya en un pleno para su debate y votación, osa que ocurrirá a partir del mes de septiembre cuando se inicie el próximo periodo de sesiones.