Accionistas de la BPA quieren contar en el Congreso las amenazas recibidas por la 'policía política' de Interior

MADRID.- Higini Cierco, uno de los principales accionistas de la Banca Privada d’Andorra (BPA), se ha ofrecido a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar testimonio sobre las amenazas que ha reconocido que sufrió por parte de la policía política de Interior para entregar documentación sobre la familia Pujol, según recoge la declaración judicial a la que ha tenido acceso Cadena Ser.

Los hermanos Ramon e Higini Cierco, dueños de la BPA, como viene contando Público, denunciaron haber sido extorsionados por la Policía, 

El banquero andorrano ha explicado que no denunció antes por miedo a las amenazas recibidas por el ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y por el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas. 

"Tengo dos hijas, cuatro sobrinos, un hermano mayor y una madre muy mayor", ha asegurado Cierco en relación al miedo que sintió por las coacciones.

Cierco también ha explicado a la juez que está decidido a comparecer en el Congreso de los Diputados para ofrecer su testimonio sobre las amenazas recibidas si se crea la Comisión de Investigación que el PSOE ha pedido crear sobre la 'policía política' del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Los accionistas mayoritarios de la BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco, llevan casi dos años imputados por las presuntas operaciones de blanqueo de capitales que se pudieran haber llevado a cabo a través de BPA y de su filial Banco Madrid ,de las que alertaron las autoridades estadounidenses.

En relación a este caso, han denunciado ante la juez Canòlic Mingorance que fueron extorsionados por el comisario Martín Blas, quien amenazó al director de la entidad bancaria, Joan Pau Miquel, para obtener información sobre el ex president de la Generalitat y la herencia de su padre. El director de la banca no denunció los hechos en 2014 porque "Martín Blas le advirtió que, de hacerlo, el FinCEN americano (organismo del Departamento del Tesoro) intervendría en quince días”.