Un abogado intentó que Lesmes no realizara nombramientos tras querellarse contra él en la Fiscalía

El abogado Luis José Sáenz de Tejada ha presentado una querella en la Fiscalía contra Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y contra el resto de los vocales de la Comisión Permanente por haberle suspendido de sus funciones cuando era magistrado mientras estaba de baja laboral, lo que no está permitido legalmente.

Sáenz de Tejada presentó la querella en la Fiscalía General del Estado este mismo martes y, posteriormente, envió un burofax al CGPJ para tratar de impedir los nombramientos de tres magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo que finalmente realizó el pleno del órgano constitucional.

En el burofax, Sáenz de Tejada comunicaba a Lesmes y al resto de los vocales de la Permanente la conveniencia de su abstención en la votación de los nombramientos, ya que se ha querellado contra todos ellos por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, contra los derechos de los trabajadores y de lesiones psíquicas, todo ello en el ámbito de la Directiva Europea 1937/2.019 de protección a los denunciantes de corrupción.

Considera el letrado que esta querella debería haber motivado la abstención de Lesmes y de los vocales que integran la Permanente ya que los nuevos magistrados del Supremo "podrían conocer de la querella interpuesta contra ustedes".

Magistrado de carrera, Sáenz de Tejada obtuvo una licencia por enfermedad el 15 de septiembre de 2016. Siete días después, la Permanente del CGPJ acordó su separación de la carrera judicial estando de baja.

Contra Sáenz de Tejada, entonces magistrado, se había dictado auto de apertura de juicio oral por un supuesto delito de amenazas leves contra su esposa, la también magistrada de lo Mercantil Esther Sara Vila. Sin embargo, el juicio no se había celebrado y, por lo tanto, gozaba de su derecho a la presunción de inocencia y a percibir las prestaciones por incapacidad, explica el letrado.

El 27 de febrero de 2019 fue condenado por el juzgado de lo Penal 1 de Badajoz por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito de la violencia de género y tres delitos de amenazas a un año y 21 meses de prisión, a pesar de que el juicio se abrió por amenazas leves.

"El Consejo General hizo efectivo su acuerdo ilegal y desobediente sin esperar a que se cumpliera el plazo dado para recurrir y sin que se hubiera agotado la vía administrativa", destaca este abogado en su querella contra Lesmes.

El letrado explica que la suspensión de sus funciones estando de baja por incapacidad está prohibida por la ley y supuso privarle de sus derechos económicos de Seguridad Social reconocidos legalmente.

El Supremo tiene sentado desde el año 2015 que las sanciones disciplinarias a los jueces no son causa para extinguir la licencia por incapacidad temporal, según la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 2 de junio de aquel año.

Supuesta trama de corrupción judicial

La denuncia sobre la existencia de una supuesta trama de corrupción judicial en torno a los administradores que gestionan las empresas con dificultades y la disputa por la custodia de dos hijos se encuentran detrás de este pulso que mantiene Sáenz de Tejada con Lesmes y su entorno.

En el año 2013, Sáenz de Tejada denunció esta presunta trama ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tras descubrir vínculos con la nueva pareja de su mujer -de la que se estaba separando-, la única magistrada de lo Mercantil que existe en Badajoz.

El letrado en cuestión señalado por Sáenz de Tejada es Juan Antonio Díaz-Ambrona, quien había sido nombrado administrador concursal de empresas en dificultades por esta magistrada en varias ocasiones.

La instructora del caso que lo condenó fue Samantha Reynolds Barredo, prima de Díaz-Ambrona. Y en el tribunal que revisó la sentencia participó Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona, actual presidente de la Audiencia de Badajoz.

Los Díaz-Ambrona son una saga de abogados del Estado que tuvo hasta un ministro de Pesca en el franquismo. Con varios jueces destinados en Extremadura, a esta saga pertenece también Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de Santander España, banco con estrechas relaciones con el equipo de Lesmes; no en vano la jefa de gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial era entonces Ana Murillo, esposa a la sazón de Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España.

Denuncias archivadas

Los administradores concursales son nombrados por los jueces de lo Mercantil para gestionar las empresas que se encuentran en concurso de acreedores o al borde de la quiebra. Cobran sus emolumentos de las cuentas de dichas compañías.

En el libro El Fango, de Baltasar Garzón, se relata el caso de la magistrada Esther Sara Vila y cómo adjudicó concursos a su nueva pareja.

También se explica cómo estas tramas organizan foros -en hoteles de lujo, con todo incluido- a los que invitan a dar conferencias a jueces de lo Mercantil que más tarde adjudican los concursos de mayor cuantía a estos despachos.

La Fiscalía instó la investigación contra esta presunta red, pero no prosperó en la Audiencia Provincial de Badajoz con ponencia de Matías Madrigal, hermano de la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal. El motivo: debía haberse interpuesto una querella contra la magistrada y no una denuncia.

Sáenz de Tejada también presentó cuatro denuncias contra su exmujer por esta causa ante el CGPJ, órgano que acabó archivándolas. Otros afectados también acudieron al Promotor de la Acción Disciplinaria, quien propuso su separación de la carrera judicial aunque el pleno del CGPJ lo archivó.