El 90% de los diputados se acogen a la indemnización tras la disolución de las Cortes, incompatible con otros ingresos

MADRID.- Nueve de cada diez diputados que dejaron de serlo con la disolución de las Cortes el pasado 27 de octubre cobrarán la denominada 'indemnización de transición', una especie de indemnización por despido equivalente a casi dos meses de sueldo, que es incompatible con cualquier otro ingreso, sea público o privado.

El Congreso ha publicado este viernes la lista de todos los beneficiarios de esta prestación. Son un total de 222, el 90% de los 247 que se quedaron sin escaño hace un mes. Es decir, únicamente 25 de todos los que dejaron de ser diputados con la disolución han renunciado a solicitar esa indemnización, que no se puede compatibilizar con otros ingresos.

Esta indemnización se puede percibir con independencia de que el beneficiario concurran a las elecciones generales, es decir, que se tiene derecho a ella tanto si se revalida el escaño en las elecciones como si no. Su cuantía es el equivalente a casi dos de sus mensualidades (54 días de sueldo, que es el tiempo que discurre entre la disolución y la jornada electoral).

La cifra depende del sueldo y los complementos que estuviera percibiendo el diputado mientras lo era, partiendo de los 2.807,87 euros de asignación más la compensación por la actividad parlamentaria (870,56 para los electos por Madrid y 1.823,86 euros para el resto). La cuantía se abona en un pago único y está sujeta a tributación.

En la lista de los peticionarios, figuran alcaldes como el de Algeciras (Cádiz) José Ignacio Landaluce (PP) y concejales como Tristana Moraleja (PP), Teresa Jordà (ERC) o Pedro Quevedo (Nueva Canarias).

Todos ellos venían ya cobrando del Congreso, no de sus respectivos ayuntamientos, pero sí podían percibir dietas por asistir a los plenos municipales. Esas dietas son incompatibles con la indemnización que ahora van a cobrar. En la misma situación está otra de las beneficiadas, la exdiputada del PP Pilar Cortés, que representa al Congreso en el Consejo de Transparencia y, aun que no tiene retribución, sí tiene derecho a dietas de asistencia.

También figuran en la lista el exministro socialista Jesús Caldera y el diputado del PP por Navarra José Cruz Pérez Lapazarán, quien en la recién terminada legislatura fue sancionado por su grupo parlamentario por saltarse un día votaciones de los Presupuestos para asistir a reuniones de consejos de administración de empresas en las que participa.

Por su parte, los 103 miembros de la Diputación Permanente (51 titulares, otros tantos suplentes y el presidente de la Cámara), continuarán cobrando su retribución mensual hasta la víspera de la constitución del nuevo Congreso, prevista para el próximo el próximo 13 de enero.

Hasta entonces, y como integrantes del único órgano parlamentario que se mantiene activo, también mantendrán el fuero y demás prerrogativas ligadas al ejercicio del cargo de parlamentario.