El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha abogado este martes por una mayor autonomía de la Fiscalía ya que los ciudadanos ven inadmisible que esté 'teledirigida' desde el Gobierno, ideologizada o al servicio de concepciones políticas.

Torres-Dulce ha reconocido así, en presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que existen injerencias políticas en lo que, según la Constitución, debe ser independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El fiscal general ha explicado que éste es uno de los planteamientos del Libro Blanco del Ministerio fiscal, que ha presentado en un acto celebrado en la Fiscalía general, con la participación Gallardón, del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la asistencia de la defensora del pueblo, Soledad Becerril.

El fiscal general ha reclamado un reforzamiento de la institución con 'plenitud de medios' para afrontar sus nuevos retos y ha insistido en que su autonomía es vital para la función del Ministerio público como custodio de la ley.

'El objetivo debe ser el de mantener al Fiscal al margen de la contienda política'

Ha considerado que en el caso de que la futura ley encomiende la investigación penal al Ministerio público se deberán crear en cada fiscalía unidades especializadas en las que la Policía Judicial actúe bajo la dependencia funcional y orgánica de la Fiscalía.

'El objetivo debe ser el de mantener al Fiscal al margen de la contienda política y vincularlo a la lucha por la promoción de la justicia y el interés de la sociedad', ha afirmado Torres-Dulce ante un auditorio lleno de miembros de la Carrera Fiscal.

'Deben seleccionarse desde la racionalidad las causas en las que los fiscales deben intervenir. De otro modo, dilapidaremos un bien escaso y caro', ha añadido. A su juicio, el buen funcionamiento del Ministerio Fiscal debe ser una cuestión de Estado, ajena a 'intereses partidistas o sectoriales' que exige por ello una convergencia integradora.

Torres-Dulce, que ha advertido de los 'problemas' que sigue generando la descentralización organizativa y la especialización, ha apostado por aumentar la preparación de los fiscales y por dar la 'relevancia' que se merece la relación con los medios de comunicación.

'El Ministerio Fiscal también tiene obligaciones para con los medios y en última instancia para con la sociedad, que tiene derecho a recibir información veraz sobre los sucesos de relevancia penal, respecto de los que ha declarado el Constitucional que 'no cabe negarles el interés noticioso', ha explicado.

Eso sí, ha dejado claro que esta autonomía no significa que el organismo derive en una institución 'autista de auditorías y ha apostado por una reorganización ahora que se viven 'tiempos convulsos' con la revolución tecnológica, la 'transnacionalización e hiperespecialización' del Derecho, las nuevas reformas legislativas y los 'cada vez más exigentes ciudadanos' ante la Justicia.

En su turno de intervención, el ministro de Justicia ha respondido que la primera necesidad es modificar la estructura organizativa a través de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, después toca el turno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y seguidamente será hora de adecuar el Estatuto del Ministerio Fiscal a esa 'nueva realidad orgánica y procesal'.

Ruiz-Gallardón ha alabado la 'profesionalidad y dedicación' de todos los miembros de la Carrera Fiscal y ha destacado especialmente el 'indiscutido prestigio' de Torres-Dulce, al tiempo que ha destacado que la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal deberá 'beber de las fuentes' del Libro Blanco.

A continuación, el presidente del órgano de gobierno, Carlos Lesmes, ha apostado por fomentar la 'accesibilidad y transparencia' del Ministerio Fiscal, así como por una Justicia 'más cercana' a los ciudadanos. En su opinión, en la Constitución subyace la voluntad de reforzar la 'posición de imparcialidad y la estricta sujeción a la legalidad' del fiscal.

El debate sobre el control político de la Fiscalía se ha reavivado con algunas actuaciones del Ministerio Público en casos que salpicaban a la casa real, al Partido Popular o al juicio de los crímenes del franquismo. Aunque a Torres-Dulce no pareció importarle esa percepción ciudadana de la que ha hablado este martes, cuando defendió la inocencia de la infanta en el caso Noós. Pese a las insistencias de la Fiscalía para que el juez Castro no imputase a la infanta, ésta acabó compareciendo como imputada ante el juez de Palma.

La pasividad del Ministerio Público ante los papeles de Bárcenas y la presunta financiación ilegal de PP también ha puesto en tela de juicio la independencia del órgano.