50 años del Proceso de Burgos, el juicio que levantó una ola de repudio mundial contra Franco

Un día de diciembre, Itziar Aizpurua se enteró de que su novio iba a ser asesinado. Lo matarían por orden y gracia de un tribunal franquista, siguiendo así la condena doble a muerte que le habían impuesto en un juicio sumarísimo. Ella recibió la noticia también presa: Aizpurua y su pareja, Jokin Gorostidi, formaban parte del grupo de 16 vascos que fueron sometidos a un juicio sumarísimo en Burgos.

Medio siglo después, esta mujer –que posteriormente llegaría a ser una destacada dirigente de Herri Batasuna–  se organiza para atender las llamadas de medios de comunicación y participar en distintas actividades vinculadas, precisamente, con los 50 años del inicio del denominado Proceso de Burgos, uno de los hechos clave de la última etapa de la dictadura franquista y, también, del desarrollo de ETA. 

"Lo estoy pasando mal. Me falta mi compañero", dice Aizpurua en vísperas de que este jueves 3 se cumplan cinco décadas exactas del comienzo del juicio que ofició un tribunal militar. En efecto, Gorostidi –otro rostro muy conocido de la izquierda abertzale en los ochenta y noventa– falleció en 2006 a causa de un infarto. 

Aizpurua y Gorostidi habían sido detenidos el 8 de marzo de 1969. "Estuvimos 17 días en comisaría, bajo torturas. Hoy en día me falta un riñón. A mí me llevaron a Pamplona, y a mi compañero a Burgos", relata desde su casa. 

Algunos meses después, sus nombres aparecieron en el listado de militantes de ETA que serían enjuiciados en el marco del Proceso de Burgos. "Hubo varias caídas, algunas correspondientes a 1968. Cogieron a gente de ETA y a colaboradores. Lo mezclaron todo", afirma Aizpurua. 

En efecto, las acusaciones concretas contra los detenidos permanecieron en secreto hasta fechas próximas al juicio. Se les imputaba, entre otras cosas, una serie de atentados mortales cometidos por ETA en 1968, incluyendo la muerte del policía torturador Melitón Manzanas, quien incluso había ejercido como colaborador de la Gestapo nazi.   

"Algo que podía haber sido una puntilla para acabar con ETA se convirtió de repente en un paradigma. Hubo una conjunción de astros a nivel internacional, y resultó que un hito se convirtió en un mito", destaca a Público el historiador Iñaki Egaña, quien acaba de publicar "El Proceso de Burgos 50 años después" (Editorial Txertoa). 

La vista del sumario 31/69 se celebró del 3 al 9 de diciembre en la sala de justicia del Gobierno Militar de Burgos. Dos días antes, ETA secuestró al cónsul honorario de Alemania Federal en Donostia, Eugen Behil. En aquel contexto, tanto en España como fuera de sus fronteras se conoció que la Fiscalía pedía la pena de muerte para seis de los acusados. 

"Estábamos dispuestos a todo, inclusive a dar nuestra propia vida", relata Aizpurua, quien había estado presa en la cárcel de Pamplona hasta poco antes de que comenzara el juicio sumarísimo. Ella era una de las tres mujeres que formaban parte de este proceso.  

Muerto en una manifestación

Mientras en la sala se preparaban para iniciar el juicio a puerta abierta, la presión en el exterior iba en aumento. "El impacto fue tremendo", resume Egaña. En las hemerotecas -sobre todo extranjeras- se conservan las imágenes y los titulares de los medios que dieron amplia cobertura a las reacciones contra las penas de muerte que aparecían en este caso.

"Los paros, las huelgas y las marchas se sucedieron en Euskadi"

"Las fuerzas antifranquistas orquestaron una campaña de movilizaciones contra las ejecuciones. Los paros, las huelgas y las marchas se sucedieron en Euskadi. El 4 de diciembre los disparos de las FOP (Fuerzas de Orden Público) hirieron a un joven trabajador militante del PCE (Internacional), Roberto Pérez Jauregui, que estaba manifestándose en Éibar. Falleció cuatro días después. También hubo movilizaciones en el resto de España, así como en puntos de Europa occidental y Latinoamérica", destaca un estudio realizado por Gaizka Fernández Soldevilla, responsable del área de Investigación y Documentación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y José Francisco Briones Aparicio, responsable del archivo del Juzgado Togado Militar Territorial número 43, situado en Burgos.

"Fenómeno complejo"

En ese informe –publicado en el último número de la Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales–, sus autores sostiene que "a menudo el sumarísimo 31/69 ha sido interpretado como un golpe de fuerza de la dictadura, que habría cometido un error estratégico y finalmente habría sido derrotada por la movilización masiva contra las ejecuciones".

"El proceso de Burgos fue un fenómeno complejo que necesita ser reexaminado. Gracias a las fuentes primarias, comprobamos las divergencias que hubo en el seno del franquismo, que en los años siguientes no harían sino crecer", destacan precisamente en el resumen de este trabajo.  

De hecho, sostienen que "en el seno del Ejército también aparecieron voces contrarias a la utilización de consejos de guerra para delitos de terrorismo. En ese sentido se manifestó por carta al capitán general de Burgos el teniente general Rafael García Valiño, quien advertía que las ejecuciones pondrían en peligro la reputación de las Fuerzas Armadas".

Egaña apunta en ese mismo sentido. "El régimen tenía disensiones internas importantes; algún sector militar se había opuesto a un macrojuicio de estas características bajo su jurisdicción", subraya. 

"La dictadura franquista infravaloró al movimiento popular"

Del mismo modo, el autor del libro publicado por Txertoa –que será presentado el próximo martes 8 de forma telemática y presencial en la Feria del Libro de Durango– considera que la dictadura franquista "infravaloró al movimiento popular, y probablemente también los movimientos diplomáticos". Egaña cita expresamente la presión ejercida por el Vaticano, que a su juicio "hizo mella" al nacionalcatólico régimen franquista. 

Reacción internacional

La sentencia se conoció a las cuatro de la tarde del 28 de diciembre de 1970. Eduardo "Teo" Uriarte, Jokin Gorostidi, Xabier Izko, Mario Onaindia, Xabier Larena y Unai Dorronsoro Ceberio fueron condenados a muerte, mientras que los demás acusados –salvo Arantxa Arruti, que resultó absuelta– recibieron distintas penas de prisión. "Entonces hubo presidentes de Gobierno en Europa que reclamaron la conmutación de las penas", recuerda Aizpurua, condenada a 15 años de prisión.   

"También hubo quien dentro del régimen abogó por la conmutación

de las penas máximas. Por ejemplo, Nicolás Franco, el hermano mayor

del 'Caudillo', que le pedía por escrito: 'No firmes esas sentencias. No te

conviene. Te lo digo porque te quiero. Tú eres un buen cristiano, después

te arrepentirás. Ya estamos viejos'. Lo mismo hicieron bastantes gobiernos

occidentales, la Conferencia Episcopal Española y el papa Pablo VI. Incluso

hubo peticiones de clemencia en la prensa española", relatan por su parte Fernández Soldevilla y Briones.

Dos días después, una desbordada dictadura franquista aceptó conmutar las penas de los condenados a muerte. "El 30 de diciembre a la noche conocimos las conmutaciones, y el 31 lo celebramos en la cárcel con latas de sardinas", cuenta Aizpurua. 

Distintos recorridos

A nivel político, los presos del Proceso de Burgos tuvieron diferentes recorridos vitales. Aizpurua y Gorostidi continuaron con su militancia en el ámbito abertzale de izquierdas, mientras que Uriarte, Dorronsoro, Onaindia o Larrena se apartaron de ETA, asumieron discursos críticos con la violencia y apostaron por impulsar Euskadiko Ezkerra, una formación política que acabaría integrándose en el PSOE. Hace 50 años, sus vidas estuvieron en manos de la dictadura franquista.